Poder judicial, caza mayor

Mientras el Gobierno negaba en el Senado que en España exista ‘lawfare' (persecución judicial por motivos ideológicos); en el Congreso, la portavoz del facilitador (con sus siete votos) de la investidura, señalaba con nombres y apellidos a magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Constitucional.

Tras esta deposición,“personajes oscuros e indecentes, que deberían ser cesados y juzgados de inmediato”, seguida del espeso silencio gubernamental, se bendijo la apertura de tres comisiones parlamentarias, con las que el independentismo pretende sancionar a jueces y policías, con el respaldo explícito del Gobierno.

Este objetivo irrenunciable no ha tenido en cuenta la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide a los jueces comparecer ante las citadas comisiones, al fijar que las autoridades civiles y militares “se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”.

Precedido de la inclusión del 'lawfare' en el Pacto de Bruselas, como vehículo de los otros poderes —Ejecutivo y Legislativo— para sentar en el banquillo —comisiones de investigación, mediante— a jueces y fiscales, el señalamiento público —la segunda embestida— evidencia una cacería de la judicatura, impropia de una democracia.

Los señalados en sede parlamentaria no han contado con el debido amparo de la tercera autoridad del Estado, que declinó atender la petición del portavoz popular para que se retirasen del Diario de Sesiones «ofensas directas a jueces, magistrados y periodistas«. «Usted no puede venir aquí a pasar la tarde, sino que tiene unas funciones como presidenta de la Cámara y debería ejercer».

La exigua defensa: «Sé perfectamente cuál es mi función y usted también debería saber la suya como portavoz», podría delatar una dejación de funciones.

Como paráfrasis, en un Parlamento no se debería permitir nunca el señalamiento personal de representantes de la Justicia que velan por el cumplimiento de las Leyes.

Pavimentando el futuro, un destacado líder mambí hace años llegó a decir que “quien debería acabar condenado” es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), añadiendo: "No esperamos nada del Tribunal Supremo. Sabemos que solo busca venganza, en ningún caso justicia".

Aunque el desprestigio de la carrera judicial es un camino emprendido tiempo ha; con el procés 2.0 se ha pasado de los insultos: “fachas con toga”, “togados franquistas”, “cuervos togados” (última expresión en boca del evadido), al señalamiento público de los jueces, aprovechando la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía. Primer paso aprobado, con tanteo descontado: 178-172.

La biosfera judicial —inusualmente avenida— rezongó contra la amnistía por considerar que rompe la división de poderes y ha puesto pie en pared contra el concepto de lawfare (justicia prevaricadora).

Tras el señalamiento público de magistrados en sede parlamentaria, las asociaciones de jueces y fiscales han suscrito un comunicado conjunto donde sostienen que "el señalamiento es inasumible en democracia". Documento no asentido por la Unión Progresista de Fiscales, ni por Juezas y Jueces para la Democracia que, refutando los señalamientos, con un matiz no exento de fervor, ha mostrado sus reservas al activismo del CGPJ. Sin que con ello se pretenda insinuar que se trate de guerras eutrapélicas.

El presidente del Tribunal Supremo ha suspendido un encuentro con el titular de Justicia, afirmando que "el ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho".

Dando muestras de proteger su independencia, sin importar el ritmo político, los jueces han sentenciado que el Ministerio Público abusó de su poder en la política de nombramientos y el Ejecutivo, en la designación de la presidenta de un órgano consultivo del Estado, cometió una ilegalidad, al carecer la electa de prestigio jurídico.

La escalada del improperio ha continuado sin mediar reconvención gubernamental alguna. Pero lo agrava hasta resultar impudente la defensa por la mañana a los jueces y por la tarde autorizar comisiones de investigación contra ellos, así como callar con algunas esforzadas excepciones, ante los insultos de sus aliados separatistas.

La Constitución española de 1978 establece que los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Tercer poder del Estado —como institución encargada de administrar justicia, a través de los tribunales— su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan establecidos en las normas o leyes. Su responsabilidad, aplicar la ley y hacer que se respete en la práctica, mediante la resolución de conflictos y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

La independencia —fundamental para garantizar que las decisiones judiciales sean imparciales y justas, el respeto a los derechos y libertades de todas las personas— es un principio fundamental del poder judicial y se refiere a la necesidad de que jueces y magistrados tengan la libertad y autonomía necesarias para tomar sus decisiones sin estar sujetos a presiones o influencias externas.

¿Llevarán a la Fiscalía el señalamiento mambí en el Congreso, con nombres y apellidos, a jueces del procés? Una mayoría de españoles está al lado de los jueces defensores de la Constitución y en Estrasburgo y Bruselas, los tribunales miran con malos ojos los ataques contra la independencia de la Justicia.

La apertura de una crisis constituyente susceptible de cancelar el espíritu de 1978, en que la pieza de caza mayor sea el Poder Judicial (con los jueces convertidos en delincuentes y los delincuentes en jueces y verdugos) tendría efectos perniciosos sobre la vigencia del Estado de derecho en nuestro país.

Poner en la picota a cualquier juez que cuestione, jurídicamente, las decisiones de un Gobierno es sinónimo de mala calidad democrática.

Circunloquio de cierre: con el señalamiento a los jueces ¿simplemente por el mero hecho de no ser progresistas? el trabajo de demolición —a través del insulto y desprecio público— se ha iniciado a buen ritmo.