¿De verdad no importa?

Los dos reales decretos-leyes aprobados hace unos días por mayoría en el Congreso de los Diputados han quedado silenciados por la polémica futura ley de amnistía o por el traspaso de las competencias de inmigración que la derecha política española ha llevado hasta el paroxismo como único medio de tener alguna posibilidad de victoria en las próximas y aún lejanas elecciones generales. Las materias aprobadas en estos decretos suponen una mejora en la calidad de vida de los españoles, medidas que afectan a nuestra vida diaria que, sin embargo, y una vez más, han sido rechazadas por el Partido Popular. Resulta inquietante y sorprendente que el Partido Popular siempre vote en contra de la gratuidad del transporte público o de la subida del salario mínimo. En cualquier caso gracias a que estos decretos han salido adelante la Unión Europea entregará a España el cuarto desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation.  También la derecha se opone a que nuestro país esté recibiendo estas cantidades. Incluso llegó a hacer campaña en Bruselas alertando sobre un supuesto despilfarro por parte del Gobierno del dinero recibido.

Desconozco qué materias de inmigración han sido acordados entre el partido Junts y el Gobierno como susceptible de ser traspasadas por parte del Estado a la Generalitat. Tampoco lo saben ambos protagonistas. Sólo ha sido una declaración de intenciones sin ningún contenido concreto. Sobre todo si tenemos en cuenta que las competencia en inmigración están reguladas por la Unión Europea que es la que establece las directrices a aplicar en todos los Estados que la forman. Más aún si tenemos en cuenta el concepto de frontera única existente en Europa producto del Acuerdo de Schengen con la eliminación de controles fronterizos entre países europeos sin fronteras con terceros países. E incluso habría otro factor interviniente que es el control judicial que no sólo aplica las leyes de inmigración y los tratados europeos sino, sobre todo, las leyes y reglamentos sobre Derechos Humanos. Por tanto es imposible saber qué alcance podría tener ese supuesto acuerdo de Junts y el Gobierno sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración. Nadie los sabe porque no existe. Bueno, nadie no. El Partido Popular y la derecha mediática han salido en tromba con el eterno sambenito del España se rompe en relación con un acuerdo que no se ha llevado a cabo y del que no se conoce su hipotético contenido.

Esto es algo conocido por todos esos sabios del Derecho que tocan todos los días las trompetas de Jericó ante lo que parece un inminente hundimiento de España consecuencia, por supuesto, de que  siga gobernando la izquierda. Sin embargo nunca advierten sobre lo obvio, es decir, que Puigdemont y sus cabezas visibles en el Congreso de los Diputados exigen acuerdos sobre asuntos que nunca serán de competencia de la Generalitat entre otras razones porque no gobiernan la Generalitat ni lo van a hacer a la vista de que su deriva radical independentista les supuso en las últimas elecciones generales sus peores resultados históricos. Alberto Núñez Feijóo, que hace unos días afirmó que si llega a saber como era la política no se hubiera dedicado a ella, ha unido su futuro político a la única carta de la crispación. Repetir de manera constante que el acuerdo de investidura por el que el bipartito formado por PSOE y Sumar siguen gobernando es un acto de corrupción política, le servirá para tener calmada a Isabel Díaz Ayuso y para obtener el apoyo de ex votantes de VOX, pero le aleja cada día más de la posibilidad de formar Gobierno.

Feijóo debe saber que para llegar a la Moncloa necesita el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos de derecha, es decir, del PNV y de Junts, algo que a corto plazo resulta imposible. Por tanto la incorporación de Junts al juego político estatal es una noticia positiva para el Partido Popular por cuanto está allanando el camino para un futuro acuerdo PP-Junts que se producirá antes o después. Para ello tendrá Feijóo que desprenderse del tutelaje de Díaz Ayuso y de la derecha mediática. Para conseguir ser investido presidente del Gobierno Feijóo necesita el apoyo de Junts y del PNV y al mismo tiempo que la ultraderecha de Vox vuelva a ser un partido político testimonial como lo fue durante los años de Aznar y Rajoy. No porque durante aquellos años el franquismo sociológico hubiese desaparecido de nuestro país sino porque los votantes de ultraderecha se consideraban representados por aquel Partido Popular que a su vez controlaba las ansias incendiarias de la ultraderecha española.

Aunque la derecha se rasgue las vestiduras delante de las cámaras de televisión por una supuesta e inminente bancarrota de nuestro país o por el peligro de que España se convierta en un Reino de Taifas, la cruda realidad se impone: la economía española se consolida todos los años, se crea más empleo que nunca, el turismo extranjero deja beneficios extraordinarios y el CIS vuelve a pronosticar un próximo Gobierno de izquierdas. ¡Qué le vamos a hacer!