Más vale prevenir

Dentro de la Ciencia Política, existe el concepto de la «agenda sistémica», que se define como el problema o conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un determinado momento; lo que nos lleva hoy a un barrio emblemático de Elche, el barrio de San Antón, como un problema dentro de la citada agenda y que reúne una serie de caracteres que lo definen como tal.

Así, se trata de una cuestión que debe ser competencia de las autoridades públicas en general, que contiene un desafío percibido como problemático y que es merecedora de la atención pública.

San Antón como barrio nació allá por los años 1960, y se situó en el sureste de la ciudad, entre los barrios de Palmerales, Ciudad Jardín y Travalón, cerca del principio de la carretera de Santa Pola, como es conocido, y sirvió para alojar a muchísimas personas que vinieron a Elche buscando prosperidad, de todas partes de España, fundamentalmente andaluces y manchegos.

Además, San Antón es uno de los barrios más tradicionales de Elche, habitado por cerca de 2.000 personas, y su origen se ciñe a una promoción privada de vivienda social, en concreto de 1.066 viviendas sociales repartidas en 16 bloques abiertos de hasta cinco plantas.

Su situación de deterioro empezó a generar polémica a principios de la década del 2000, en la que se inició el debate entre dos tesis enfrentadas: los que pensaban que había que rehabilitarlo y los que eran partidarios de tirarlo abajo y hacerlo nuevo.

Finalmente, la tesis de la nueva construcción cogió más fuerza, y, con el empuje de todas las administraciones y la colaboración excepcional de Pimesa como empresa pública, el resultado es que actualmente ya se han construido 342 viviendas, cifra sustancial que resalta el avance positivo de la reconstrucción del barrio.

Hoy San Antón sigue sometido a esta lenta transformación, con la política de sustitución de viviendas emprendida desde el Ayuntamiento y la construcción de nuevos bloques en su lado este.

En este iter, recientemente irrumpió la posibilidad real de derrumbe de alguno de los edificios, lo que despertó la alarma del escondido problema, y supuso una rápida reacción del Gobierno municipal con el alcalde a la cabeza, que se plantó a la una de la madrugada en el barrio tras haber sido advertido por una llamada vecinal, provocando el desalojo inmediato de todas las personas del bloque número 8, un total de 159 personas que habitaban el edificio. Conviene resaltar la agilidad y acierto de esta actuación en aras de la seguridad de las personas, ya que, como dice el refrán, «más vale prevenir que curar».

Es preciso buscar una solución definitiva al problema, que llevará su tiempo, puesto que habrá que construir los edificios pendientes, y para eso se necesita acción y actuación, y, por supuesto, la colaboración a tres bandas: el Gobierno de España, la comunidad autónoma y el pilotaje desde el propio Ayuntamiento; y por ende el presupuesto necesario para su ejecución. Téngase en cuenta que San Antón no es el único barrio de la Comunidad Valenciana ni de España que necesita este tratamiento, y lo digo por la dificultad que tiene siempre recabar fondos económicos.

Ante lo sucedido, el alcalde convocó una sesión extraordinaria del pleno municipal, para dar cuenta de lo ocurrido a todas las fuerzas políticas, y con la pretensión, como es lógico, de buscar la unidad y apoyo de todas ellas. Es lo que hay que hacer cuando a la ciudad le sucede un problema de este calado, y efectivamente la propuesta presentada al pleno recibió el respaldo del Gobierno socialista, como era de esperar, pues también los gobiernos socialistas han apoyado desde hace años este proyecto.

Ahora bien, soy de los que piensan que, cuando se produce un hecho desafortunado, se deben contemplar los aspectos positivos. En este caso son varios: en primer lugar, la rápida actuación ha evitado que hubiera daños personales; además, la alarma producida supondrá una solución más rápida, aunque no lo sea tanto como desearíamos; en tercer lugar, la agilidad de la respuesta proporcionada supone desde luego un estímulo para confiar en nuestros gobernantes municipales; finalmente, estoy convencido de que con el paso del tiempo veremos un nuevo barrio de San Antón.

Y, por supuesto, la ciudadanía debe saber que en momentos así afloran resortes sociales que, aunque normalmente no se ven, sí están. Me refiero a la importancia que tiene en una sociedad contar con entes e instituciones de todo tipo que ayudan ante eventos inesperados, como la Fundación Conciénciate, que ha estado en primera línea en los desalojos y se ha encargado durante una semana entera de la manutención básica de las personas desalojadas, así como también la Fundación Un Abrazo de Luz y Cáritas, que han prestado su colaboración, puesto que las personas son el bien a proteger.

De otro lado, es de recibo reconocer y agradecer la rápida movilización, preocupación y actuación de los técnicos municipales de las áreas de Urbanismo, Acción Social y Familia, que han realizado un trabajo excepcional; sin dejar de lado también la colaboración de la Generalitat Valenciana, sensible al problema, que ha aportado 360.000 euros para sufragar los gastos iniciales de hoteles y alquileres. Y, por supuesto, es preciso manifestar también la gratitud a Pimesa, que es en buena parte la artífice de lo que ya hay hecho y lo será de lo pendiente.

La continuación y reconstrucción completa del barrio de San Antón no es una cuestión baladí, por lo que de momento el Gobierno municipal está empleándose a fondo en el cuidado de las familias, para las que no ha sido fácil salir de su zona de confort.

Tempus fugit (el tiempo pasa), para lo bueno y lo malo, y para el barrio de San Antón también lo hará, y finalmente lo veremos terminado para Elche. Hasta pronto.