Las leyes del Consell: de la división con el idioma a la controversia sobre la memoria democrática

La batería legislativa impulsada este jueves por el Consell, formado por el Partido Popular y Vox, no ha pasado desapercibida y ha generado una cascada de reacciones de sindicatos, colectivos, asociaciones de periodistas y partidos políticos. Las leyes sobre Libertad Educativa, Concordia y À Punt son las que más repercusión han tenido. Los agentes sociales consultados por este diario se debaten, en torno a la nueva ley del plurilingüismo, entre los que ven en ella un ataque contra el valenciano y los que elogian la libertad de elección de idioma. Los cambios en torno a la ley de Memoria Democràtica que aprobó el Botànic generan un mayor rechazo, ya que remover el pasado siempre da pie a la controversia. Por su parte, la Unió de Periodistes consideró este viernes que la propuesta presentada por el PP y Vox sobre À Punt amenaza su independencia.

La futura ley de plurilingüismo consultará a las familias la "lengua base" de su educación

En paralelo a este debate, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se reunió con los presidentes de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, Toni Pérez, Vicente Mompó y Marta Barrachina, todos ellos del PP, para recibir su respaldo sobre las cinco proposiciones legislativas presentadas esta semana en las Cortes Valencianas. Mazón defiende que «la libertad y la concordia avancen» frente a una «memoria sesgada», en referencia a la ley de la Memoria Democrática. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, asegura que se han recuperado «los derechos y libertades perdidos en los últimos ocho años de gobierno del Botànic».

En cuanto a las reacciones de los sindicatos y los colectivos a la ley sobre Libertad Educativa, que tiene en la recuperación de las líneas en castellano y valenciano y en la posibilidad de elegir el idioma en materias no lingüísticas sus puntos más espinosos, el presidente de la Associació de Directores y Directoras del País Valencià, Toni González Picornell, lamenta que «no se aproveche que somos una autonomía con dos lenguas cooficiales» y señala que la ley del Botànic «logró grandes avances para el sistema educativo».

Preocupación

La presidenta alicantina de la Associació de Direccions de l’Escola Pública d’Infantil i Primària, Isabel Moreno, muestra su sorpresa por el hecho de que «no se haya contada con la comunidad educativa para una ley de tanta importancia». A partir de ahí, Moreno muestra su «preocupación por el cariz que está tomando la situación», ya que considera que «usar la lengua y la escuela como arma política es muy triste» y que estos asuntos «se tienen que quedar fuera de los colegios». Esta asociación también emitió un comunicado este viernes en el que criticó haberse quedado fuera del Consell Escolar Valencià. 

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, el mayoritario en educación, también emitió un comunicado este viernes, en el que se recogen declaraciones de su coordinador de acción sindical, Marc Candela. «Es una ley que tiene un fondo político clarísimo, que arrincona al máximo la enseñanza en valenciano y no tiene en cuenta el contexto sociolingüístico», afirma, antes de añadir: «Se da por hecho que el valenciano y el castellano están, socialmente, en igualdad de condiciones, una cosa que es totalmente falsa».

El contexto social también es uno de los argumentos expresados por Ismael Vicedo, de Escola Valenciana, para mostrar su disconformidad con la ley del PP y Vox. «Mi primera impresión es que quieren acabar con la lengua propia de los valencianos. Utilizan un argumento muy preocupante, el de la equidad lingüística. Si en los medios de comunicación o en las plataformas audiovisuales el valenciano y el castellano estuvieran al 50 % se podría entender una propuesta de esta naturaleza», reflexiona Vicedo. 

La Ley de Libertad Educativa también cuenta con opiniones favorables. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la de la presidenta de Covapa y secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, Sonia Terrero. «Es una gran alegría porque recoge muchas de nuestras reivindicaciones. Lo que más nos gusta es que da libertar para que las familias elijan la lengua de sus hijos. La anterior ley, en cambio, era perjudicial porque estaba basada en la imposición», afirma Terrero, que también destaca los beneficios que la reforma aporta para los niños con necesidades educativas especiales. Por último, se pregunta si habrá «docentes suficientes e infraestructuras amplías» para repartir a los menores en función de la lengua que se escoja.

Visión favorable

El portavoz de Concapa en la Comunidad Valenciana, Rafael Araújo, también expresa una visión favorable. «Valoramos que las familias tengan la libertad de elegir la lengua. Es una ley respetuosas con los niños inmigrantes y con los que tienen necesidades educativas especiales, ya que elimina las barreras lingüísticas. Permite que el alumnado decida en qué lengua estudia y es examinado. Es un paso muy importante para afrontar el gran reto que supone el fracaso escolar», indica.

La nueva ley de Concordia, con la que se derogará la ley de Memoria Democrática impulsada por el Botànic en 2017, también fue objeto de debate y, sobre todo, de controversia. Miguel Mauri, de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que «no hay nada de concordia y lo que se ha hecho es un revisionismo histórico de la peor calaña». Entre otros aspectos, apunta que «se pretende señalar que todos son igual de culpables y que la República fue un desastre», de lo que acusa, principalmente, a Vox.

Involución

Desde la Comisión Cívica también mostró su visión Vicente Carrasco. «Es una involución absoluta con las políticas de memoria que se han desarrollado durante los últimos años», lamenta Carrasco. Por último, desde Comisiones Obreras, José Joaquín Berbegal, considera que la ley de Concordia «es una maniobra para deshacerse de los desmanes que se cometieron durante la posguerra» y también culpa de ello a la presencia de los ultras en el gobierno de la Generalitat.

La ley sobre À Punt generó críticas igualmente. Mientras que desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante se afirmó que se está esperando a conocer su contenido para mostrar una opinión, la Unió de Periodistes emitió un comunicado, en el que se considera que la propuesta del PP y Vox es una amenaza para la independencia de la televisión autonómica y se lamenta la incertidumbre que genera laboralmente a la plantilla y los aspirantes en los procesos selectivos.

En cuanto a los partidos políticos, tanto el PSPV-PSOE como Compromís volvieron a manifestarse. Los socialistas calificaron la batería legislativa del Consell, a través de su síndic en las Cortes, José Muñoz, como una «autopista hacia la corrupción», mientras que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, acusó al PP y Vox de «declararle la guerra al valenciano» con sus leyes.