Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Amigos de Sierra Escalona (ASE), Salvemos Cala Mosca y la asociación de vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas han recurrido en reposición, ante el Ayuntamiento de Orihuela, la modificación del plan parcial del sector D-1 Alameda del Mar, cuya unidad de ejecución 2 (UE-2) afecta a 44 hectáreas de primera línea de costa junto a Cala Mosca y al espacio marino protegido de Cabo Roig, la única zona del litoral de Orihuela aún sin urbanizar en la que pretenden construirse más de 2.000 viviendas turísticas.
Estas organizaciones solicitan, en base a cuatro alegaciones, la anulación del acuerdo recurrido, aprobado en el pleno del 2 de septiembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 23 de febrero, y su suspensión por la posibilidad de perjuicios de imposible o difícil reparación tanto sobre el área frágil del litoral que constituye la UE-2 como sobre la movilidad, el tráfico y la calidad acústica del entorno afectado por la actuación.
En primer lugar, denuncian que el expediente ignora la tramitación del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, el proyecto de carácter supramunicipal con el que el Consell pretende poner orden en el desarrollo urbanístico de la comarca. "En las 103 páginas del acuerdo municipal no hemos encontrado ni una sola referencia al PAT", explica Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE y vicepresidente de AHSA.
Las cuatro entidades han pedido incorporar a esta normativa de la Generalitat, que se encuentra en exposición pública hasta el 5 de abril, lo mismo que dice la ficha de su propia Memoria de Ordenación, que propone la desclasificación del sector Cala Mosca y su integración en la infraestructura verde. Así, presentaron sus alegaciones el pasado 14 de marzo, planteando, en su caso, mecanismos de compensación como la indemnización económica o la transferencia de edificabilidad.
En segundo lugar, exponen que no puede considerarse la UE-2 como un suelo urbanizable consolidado física y jurídicamente, rebatiendo un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, en el que se apoya el Ayuntamiento afirmando que se encuentra en situación de suelo urbanizado. Sin embargo, pese a la apertura de viales, sigue siendo suelo básico rural, algo que se atestigua por "una valiosa biodiversidad cuya presencia sería imposible si el suelo se hubiera urbanizado por completo", continúan.
Por ello, piden la nulidad del acuerdo a fin de garantizar tanto la viabilidad de las determinaciones de ordenación de la versión definitiva del PAT en relación al sector D-1, un plan supramunicipal que necesariamente ha de prevalecer sobre las determinaciones municipales de planeamiento, como la protección y conservación de la valiosa biodiversidad -con especies protegidas con la categoría de vulnerables como la jarilla cabeza de gato o el caracol terrestre Tudorella mauretanica- del ya único paisaje costero libre de edificaciones del litoral oriolano y de todo el sector comprendido entre Punta Prima y el límite con la Región de Murcia.
En tercer lugar, el recurso de reposición denuncia que el Ayuntamiento haya aprobado la modificación con un informe desfavorable vinculante de la Dirección General de Carreteras del Gobierno central por su impacto negativo sobre la movilidad y la calidad acústica en la N-332 y su entorno, advirtiendo ecologistas y vecinos que podría haberse incurrido en un presunto delito de prevaricación y mostrando su perplejidad por la pretensión de la administración local de considerar como no vinculante el informe de Carreteras en base a otro informe de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, que consideran irrelevante al no ser dicha Dirección General competente en la materia e invadir competencias que no le corresponden.
Precisamente, en base al informe de carreteras del Estado, que es "preceptivo y vinculante", según se advirtió, el Gobierno ha recurrido la modificación del plan parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, a falta de entrar en el fondo del asunto y dictaminar sentencia, de momento ha rechazado la paralización cautelar.
Por último, señalan que el sector incorpora en su ámbito la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa, unos terrenos que consideran deben excluirse del sector, así como que no se hayan sometido a información pública el informe de sostenibilidad económica y el estudio de afección patrimonial que el promotor aportó, respectivamente, en marzo y junio de 2021.
Manifestaciones por la protección de Cala Mosca
Salvemos Cala Mosca, una plataforma ciudadana que aboga por preservar el último kilómetro de costa virgen de Orihuela, se ha constituido como asociación y ha anunciado una manifestación el próximo 10 de abril en la explanada de Playa Flamenca a las 11.30 horas con cuatro proclamas: "Protege el entorno natural de Cala Mosca; construir significa destruir la jarilla, la Tudorella y el lagarto ibérico; urbanizar significa más atascos; tendremos los mismos servicios para más gente". Además, el 1 de mayo a las 16.00 horas en el mirador que al final del paseo de Punta Prima realizarán una concentración artística desnudos.
