La Generalitat ordena clausurar el vertedero ilegal del Ayuntamiento de Torrevieja en el Alto de la Casilla

La Conselleria de Transición Ecológica descubre una actividad de acopio de 265 metros cúbicos de podas, algas y basuras urbanas en la explanada de la zona verde y considera la infracción grave sancionable con 30.000 euros

D. Pamies

D. Pamies

La Conselleria de Transición Ecológica ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Torrevieja por la comisión de una infracción grave por el uso de la zona verde inacabada del Parque del Mirador Turístico del Alto de la Casilla como vertedero de podas, algas y otros residuos urbanos sin ningún tipo de autorización. La infracción grave está sancionada por la ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor el pasado mes de abril, con hasta con 30.000 euros de multa y la "inhabilitación por un año (al Ayuntamiento) para el ejercicio de las actividades previstas en la ley".

En el mismo expediente -en trámite de audiencia para que el municipio pueda alegar-, firmado por el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, se exige como medida provisional al Ayuntamiento de Torrevieja la clausura "inmediata" de la actividad irregular desvelada por este diario el pasado 9 de mayo mientras la administración local no obtenga las autorizaciones sectoriales para la actividad de gestión de residuos en esas parcelas.

Torrevieja usa el parque abandonado del Alto de la Casilla como vertedero de toneladas de podas y algas / Imágenes del 8 de mayo de 2022

INFORMACIÓN

Medida que el municipio, según recoge el propio expediente, habría cumplido desde el mismo momento de recibir la inspección de la Conselleria de Transición Ecológica, aunque la Concejalía de Aseo Urbano no ha informado sobre este expediente sancionador ni del cierre.

El servicio de Inspección de la Conselleria constató que el Ayuntamiento utiliza el recinto para el almacenamiento de residuos pese a carecer de autorización para su gestión y las obligaciones que imponen esas autorizaciones e "indicios racionales y elementos objetivos de una posible existencia de hechos ilícitos y la presunta responsabilidad de los infractores identificados".

Un agente medioambiental visitó la zona el mismo día en el que este diario publicó la información. En la inspección halló un total de 265 metros cúbicos de acopios. Uno de ellos de restos vegetales de podas de palmeras y otras plantas, mezclados con otros residuos como maderas, plásticos, y residuos domésticos de pequeño tamaño que ocupaban una superficie de seiscientos metros cuadrados y un metro y medio de altura. Otro acopio era exclusivamente de restos de algas, posidonia oceánica, sobre una superficie algo menor de cien metros cuadrados y dos metros de altura.

Cuando el agente medioambiental que visitó la zona preguntó al funcionario responsable del servicio este respondió que la actividad se realiza desde 2019, que no tiene autorizaciones y que iba "cesar inmediatamente"

Los responsables del recinto confirmaron a los funcionarios ambientales que las podas eran municipales -aunque es la empresa Actúa-STV la responsable del servicio de mantenimiento de parques y jardines- y que se iban acumulando hasta tener suficiente volumen para llenar un camión y llevarlo a vertedero -incluidos los otros restos de residuos-. Las algas procedían de las playas y se dejaban secar un tiempo para disminuir su volumen y eliminarlas en el vertedero.

Según el expediente el técnico de Servicios del Ayuntamiento explicó el mismo día de la visita que "estas operaciones se llevan haciendo desde 2029 y no posee la autorización pertinente y que va a cesar la actividad inmediatamente". 

En las imágenes obtenidas por INFORMACIÓN se observa la llegada y salida del recinto de camiones recolectores de basura urbana llenos de podas mezcladas y su descarga. También la actividad de vehículos de carga de pequeñas dimensiones con podas. Y la actividad en la propia explanada del parque de trailers de gran tonelaje de una empresa murciana especializada en el transporte de residuos.

En la información que ha dado origen al expediente la responsable del área de Aseo Urbano y Contratación, Carmen Gómez, reconocía que se realizaba el secado de algas para reducir su volumen y evitar que la salinidad afectara a los vehículos de transporte. La edil daba a entender que se mantenía el secadero porque la explanada del parque ya se utilizaba para el mismo fin en el anterior mandato, con una autorización por decreto, sin aludir al acopio de docenas de metros cúbicos de podas mezcladas con otros residuos urbanos, ni a las autorizaciones de la administración autonómica.

UN MIRADOR TURÍSTICO IMPULSADO EN 1999 ABANDONADO

El recinto utilizado desde 2019 hasta ahora como almacenamiento de residuos ocupa unos 25.000 metros cuadrados que aparecen como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana y que están contemplados en un proyecto de mirador turístico con obras realizadas sin acabar, impulsado en 1999. Nada más iniciarse este mandato, en agosto de 2019, el portavoz de la junta de gobierno local Federico Alarcón (PP) dio cuenta de una sentencia favorable a la empresa adjudicataria de las obras del parque por la que el ayuntamiento debía abonarle 17.000 euros. En esa comparecencia, como recogió INFORMACIÓN y el semanario municipal Vista Alegre, se anunció que el alcalde Eduardo Dolón había dado «la orden al área municipal de proyectos para que se inicien los trámites para la finalización del mirador turístico con recursos propios del Ayuntamiento, a fin de acometer los trabajos restantes de ajardinamiento, seguridad y aparcamiento de vehículos».

En el primer presupuesto de este mandato, el de 2020, el Ayuntamiento consignó 3,4 millones de euros para la adecuación del Alto de la Casilla en una inversión plurianual que se prolongaría hasta 2023. Pero la realidad puesta de manifiesto después dista de los objetivos municipales anunciados. Durante estos tres años el municipio ha pagado más de 400.000 euros adicionales a la empresa ASC Gestión de Obras, la adjudicataria del proyecto, por la deuda que el Ayuntamiento se negaba a abonar y que los juzgados reconocieron a la adjudicataria. 

Pero del nuevo proyecto para terminar, por fin, un mirador cuya construcción anunciaba el Partido Popular en la lejana ya campaña electoral de 1999, no se sabe nada. No apareció en las inversiones millonarias anunciadas con el remanente de tesorería de 2021 de 80 millones de euros, ni tampoco en el actual de 49 millones para los que los concejales ya han dado cuenta de una batería de inversiones sin citar en ningún momento este proyecto. Tampoco ha hecho mención al proyecto el alcalde Eduardo Dolón.

Durante el mandato en minoría de José Manuel Dolón (Los Verdes) el recinto fue vallado y la casa de peones camineros adyacente fue adaptada como sede del Grupo de Refuerzo Operativo de la Policía Local. <strong>También comenzó a emplearse como secadero de algas, como recogió esta edición. </strong>