La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a realizar un estudio sobre el estado de conservación y los niveles de seguridad del encauzamiento en el río Segura en el tramo que discurre entre la Contraparada (en la Región de Murcia) y la desembocadura en Guardamar del Segura (Alicante). La publicación del pliego de prescripciones técnicas del contrato, con un presupuesto de licitación de 1,7 millones de euros, se produce tres años después de las lluvias torrenciales de la DANA que anegó la Vega Baja y justo cuando algunas previsiones indican que puede ocurrir un episodio similar en septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que no hay precedentes de un bimestre junio-julio tan cálido como este, superando en tres décimas al mismo periodo del histórico verano de 2003. Con el mar Mediterráneo a más de 30 grados, la elevada posibilidad de gota fría acecha sobre una comarca siempre alerta.
Con todo, se prevé un plazo de ejecución de 24 meses, pese a que el propio pliego reconoce que "se ha observado la necesidad de actuar en algunos de sus tramos para mejorar su seguridad estructural", que "ha sido seriamente afectada por los episodios de DANA de los últimos años, que han venido a constatar la necesidad de un mejor conocimiento de los tramos del cauce fluvial desde el punto de vista hidráulico, estructural, topográfico y geotécnico". No en vano, recuerda el texto, la construcción del encauzamiento data de los años 90, con una longitud de 90 kilómetros y una capacidad teórica de 400 metros cúbicos por segundo, una medida de urgencia que se adoptó para disminuir el riesgo de inundación tras las riadas de 1987.
Después de 30 años, es ahora cuando se propone este estudio para actualizar geométricamente el encauzamiento, sus elementos de protección y puntos débiles e instalaciones auxiliares, así como analizar la posible disparidad entre la capacidad máxima teórica del encauzamiento y la que se observó en la DANA de septiembre de 2019, cuando la rotura del cauce del río en Almoradí, la zona cero, causó dos enormes avenidas de agua de consecuencias devastadoras que inundaron numerosos municipios de la Vega Baja.
Fuentes de la CHS afirman a este diario que este estudio estaba preparado desde finales del año pasado, pero "abogacías e intervenciones han ido retrasando la licitación". Así, insisten en que si no se ha realizado hasta ahora es porque primero el organismo de cuenca se centró en las reparaciones urgentes, luego en la definición de las actuaciones necesarias, más tarde en su redacción y finalmente en su licitación.
Así, el estudio incluye una evaluación de la seguridad estructural del encauzamiento, revisando la información y realizando una inspección visual y geofísica de los diques y motas. En este sentido, también se comprobará la capacidad máxima teórica del encauzamiento por tramos, además de detectar las partes del encauzamiento con mayor debilidad o riesgo potencial frente a la rotura de las motas o elementos de protección para determinar las zonas potencialmente inundables.
Asimismo, con este análisis se pretende establecer las acciones para recuperar la capacidad hidráulica del Segura. Por ejemplo, con una mejor gestión de la caña (Arundo donax) que tapona la evacuación de agua y especialmente actuando en la desembocadura para eliminar la formación de aterramientos. Es decir, aumentar su capacidad de desagüe.
De hecho, cada vez son más las voces que se suman a demandar una actuación urgente en el cauce viejo ante "la absoluta dejadez y abandono", donde el carrizo, las cañas y el lodo taponan la salida natural de todas las aguas de la comarca a través de seis azarbes.
En cuanto a la actuación en la desembocadura y su posible dragado de sedimentos para recuperar su capacidad de desagüe, fuentes de la CHS manifiestan a este periódico que es zona de Costas. También avanzan que posiblemente se actuará en los espigones, según lo que determine el estudio, y la semana próxima se comenzará a desbrozar desde Guardamar hacia aguas arriba.
En base a este estudio que sale a licitación se redactarán proyectos de actuación para la reparación de las deficiencias recogidas y la restauración del cauce. Además, se pretende realizar un plan anual de conservación y mantenimiento de las infraestructuras donde se determine realizar medidas preventivas y correctoras a partir de un riguroso análisis de identificación de zonas con riesgo potencial frente a rotura.
Por último, se creará un archivo técnico que incluya los proyectos iniciales, de construcción y reparación, así como los informes de roturas e incidentes en avenidas y las actuaciones de mantenimiento.
Zona de estudio
La zona de estudio es el encauzamiento y las motas de protección entre la Contraparada y la desembocadura, lo que supone un recorrido de 66,50 kilómetros lineales. Se incluirá como zona de trabajo los meandros con servicio localizados en los municipios de Beniel, Formentera del Segura, Jacarilla y Guardamar del Segura (5,13 kilómetros lineales). En total, abarca una superficie de 716,3 hectáreas, considerando como límites laterales del encauzamiento 50 metros a cada lado del eje central del cauce (100 metros de ancho y 71,63 kilómetros de largo).
El mismo texto de la CHS indica que después de 30 años de estas obras y tras los episodios de los días 12 y 15 de septiembre de 2019 producidos por la DANA se han tenido que desarrollar numerosas actuaciones de reparación y reconstrucción de elementos afectados, tales como roturas de motas, afecciones a taludes y erosiones, con una inversión de casi 24 millones de euros en importes de adjudicación.
El organismo de cuenca ha licitado esta misma semana la redacción del proyecto de la presa de Tabala a los 30 años de plantear la infraestructura. Las obras pretenden laminar la violenta avenida de agua que generan tres ramblas que desembocan en la margen derecha del río, aguas arriba de Orihuela. Solo los trabajos de asistencia técnica previos a la adjudicación de la infraestructura están presupuestados en un millón de euros, mientras que su ejecución puede superar los 35.
Hasta el momento, las inversiones que se han realizado desde 2019 han sido de reparaciones de urgencia más que abordar las de gran calado para prevenir consecuencias similares a las vividas hace tres años. Estas intervenciones se prevén en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, pendiente de aprobación, que la CHS quiere desarrollar en los próximos cinco años para laminar la llegada de agua y aminorar su velocidad y volumen. Presupuestado en más de 500 millones de euros, aunque no todas se centran en el Segura, su objetivo es reducir los daños en la vega media y baja aplicando una serie de medidas para reducir las aportaciones directas a las llanuras de inundación del río y dirigir los flujos al embalse de Santomera, y las vías preferentes del agua, minimizando los daños y recuperando parte de los humedales que se formaban cerca de la desembocadura.
