El Gobierno destinará 200 millones en sustituir el proyecto que convertía la Vega Baja en el desagüe del Segura

El regadío tradicional de la Vega Baja, representado por los juzgados de aguas de la comarca, firmarán un protocolo con el Gobierno central y el Consell para concretar inversiones en el plan de inundaciones. Esto se traduce en que este convenio de colaboración, en el que ya están trabajando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Abogacía del Estado -y que se prevé que esté listo en la primera quincena de mayo-, determinará las necesidades y actuaciones prioritarias que sustituyan al polémico "corredor verde" entre La Campaneta (Orihuela) y el Hondico de Amorós (San Fulgencio) de la licitación de las obras contra inundaciones, que había generado un enorme rechazo al concebir sobre esa zona concreta de la margen izquierda del río un desagüe de emergencia de su caudal en caso de desbordamiento.

El Gobierno suprime el polémico proyecto que convertía la Vega Baja en el desagüe del río Segura

Apenas dos semanas después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunciara la supresión de esa iniciativa se ha reunido con los jueces de Aguas y 16 comunidades de regantes de la huerta tradicional de la comarca en el Juzgado de Aguas de Orihuela para conocer de primera mano sus inquietudes y trasladar el mensaje de que este protocolo -o herramienta de cooperación- es "un instrumento para agilizar las obras".

En este sentido, Morán ha manifestado que el Gobierno ha asegurado desde 2018 un paquete de inversión para modernizar las infraestructuras hídricas, algo que se ha reforzado con la llegada de los fondos europeos de recuperación, que "aportan músculo financiero para acometer cuanto antes el plan de defensa contra inundaciones de la Vega Baja", ha subrayado en una jornada a la que también han asistido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la subdelegada en Alicante, Araceli Poblador, y el presidente de la CHS, Mario Urrea, así como representantes de la Generalitat como el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y el director general del Agua, Manuel Aldeguer.

Según fuentes del Consell, estas actuaciones que se concretarán en el protocolo, y que pretenden ser una alternativa consensuada al "corredor verde", costarán alrededor de 200 millones de euros. Las medidas se centrarán en la ampliación de cauces para que el caudal de agua fluya más deprisa en caso de lluvias torrenciales, así como en laminación del terreno aguas arriba y la construcción de cauces alternativos y diques para mejorar la capacidad de canalización.

En palabras del juez de Aguas de Orihuela, José Bernabé, los regantes han querido que el Gobierno de España se comprometa a financiar la ampliación de acueductos y la construcción de un colector en la zona norte de la Vega para canalizar el agua de las ramblas hasta la desembocadura en caso de avenidas.

El objetivo, en suma, es dar continuidad a la licitación del lote 1 y lote 3, centrados en dar soluciones en el río Segura y la laminación aguas arriba, y sustituir el lote 2 -"corredor verde"- al objeto de redactar un nuevo pliego consensuado entre todas las administraciones y licitarlo con una solución que combine estrategias de gestión de riego y de impacto en el territorio; es decir, que actúe exclusivamente sobre la red de riego tradicional.