La gestión de las zonas verdes de Orihuela Costa costará a Ildo 4,5 millones los próximos tres años

La gestión de los parques y zonas verdes de Orihuela Costa le costará a la empresa municipal Ildo casi 4,5 millones de euros los próximos tres años (1,5 millones de 2025 a 2028), más 1,4 millones para la actual anualidad, un importe que será menor en función de cuando se ponga en marcha el servicio de mantenimiento y conservación de los jardines, según consta en la memoria de condiciones técnicas que se ha publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Cambiemos se alía con PP y Vox para que la gestión de las zonas verdes de Orihuela Costa sea pública

El pleno de febrero, con los votos a favor de PP, Vox y Cambiemos, dio luz verde a que la gestión pasase a ser pública. Uno de los requisitos para que este cambio fuera posible fue justificar que es más sostenible y eficiente. Para ello, se adjudicó a la mercantil Ruitekun un informe económico sobre la viabilidad de la prestación directa, que concluyó que el coste si el servicio fuera ejecutado por la empresa Ildo sería más bajo (1,7 millones) que si se realiza por medios propios del Ayuntamiento (1,9).

Fuera del concurso por 500 euros

El Ayuntamiento renunciaba así al proceso de adjudicación en marcha, indemnizando con 500 euros a las tres empresas que se habían presentado al concurso (Actúa y las UTE STV/Evocivil y SAV/Doalco). En el escrito remitido a las mercantiles el Consistorio justificaba la medida por causas de interés público, ya que la medida supone un ahorro de 3,5 millones.

Se trata de uno de los contratos más complejos y polémicos en los últimos años, que se ha constatado incluso en la adjudicación que el anterior equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos puso en marcha por 10 millones de euros durante cinco años, un proceso que el bipartito de PP y Vox dejó a un lado, argumentando que el Ayuntamiento ya tiene experiencia en la gestión directa de servicios a la ciudadanía. En concreto, Ildo gestiona el aparcamiento regulado de vehículos (ORA) y en el mantenimiento de los parques de las pedanías, entre otros.

Hay que recordar que la licitación se le encargó a tres técnicos municipales. Dos de ellos renunciaron a realizar la valoración de ofertas, alegando falta de conocimientos dada la complejidad. La mesa de contratación decidió recurrir a un informe externo. Primero se lo pidió a un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que no aceptó por conflicto de intereses con una de las empresas participantes. Después, se lo solicitó a otro profesor, esta vez de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que tampoco lo hizo por presuntas coacciones de una de las mercantiles, la misma que entretanto presentó un recurso de alzada oponiéndose a que se encargara a un profesional externo y abogando por que se tuviera en cuenta el informe del único funcionario que hizo la valoración, dándole la máxima puntuación, el mismo que elaboró los pliegos.

La Agencia Valenciana Antifraude investiga presuntas irregularidades en la licitación. En un informe preliminar avala que el Ayuntamiento puede encargar informes externos, aunque manifiesta dudas, "defectos de forma", en cuanto a la elección de los profesores de la UPCT y la UPV y el contacto que se mantuvo con ellos.

Sin contrato

Este servicio se viene prestando mediante una empresa privada -Actúa- que lo hace sin contrato desde que caducó hace siete años, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros.

Esto ha hecho que la contratista prestara un servicio mínimo para no encontrar reparos en el cobro, además de desfasado, con múltiples deficiencias que han ocasionado las quejas de los vecinos del litoral oriolano.

Además, un juzgado de Orihuela investiga un posible delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia que interpusieron los ediles de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción al advertir supuestas irregularidades por levantarse los reparos de Intervención sin volver a licitar el servicio. En esta causa permanecen como investigados los entonces ediles de Recursos Humanos, Luisa Boné, y de Infraestructuras, Ángel Noguera, ambos de Ciudadanos.

Se trata de un importante servicio que afecta a más de 2,5 millones de metros cuadrados, 213 zonas verdes de Orihuela Costa y 7.000 palmeras. Además, en el nuevo pliego estaba previsto que se ampliarían de 12 a 30 los operarios para el mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa. 

El nuevo servicio cubre el cien por cien de las zonas verdes de la costa, cuando el anterior contrato lo hace al 40%.