El alcalde de El Campello Juanjo Berenguer (PP) y su predecesor Benjamí Soler (Compromís) se sentarán en el banquillo de los acusados, junto a otros tres exediles y una funcionaria, por fraccionamiento de contratos. El magistrado ha decretado la apertura de juicio oral contra los seis procesados por una prevaricación administrativa, aunque el PP no considera este delito como un caso de corrupción como tal. De cualquier forma, este proceso deja en el aire el futuro político de Berenguer y Soler, que son los únicos que permanecen en el Ayuntamiento, además de la jefa de servicio investigada, que sigue trabajando en la Corporación, ya que se enfrentan a una posible inhabilitación.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante firmó el pasado 2 de junio el auto para la celebración del juicio, aceptando así la petición formalizada por la Fiscalía y Esquerra Unida, que inició la investigación con una denuncia en 2019 y que ejerce la acusación particular. El Ministerio Fiscal reclama para los cinco políticos 13 años de inhabilitación para cargo público, mientras que EU pide 12 años. Y para la funcionaria piden los mismos años, en este caso de inhabilitación para ocupar cargo de técnica en cualquier corporación municipal.
El juez explica en su auto que "habiéndose solicitado la apertura del juicio oral por las partes acusadoras; y estimando que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, del que parecen responder los acusados", procede acordar esta medida. Los hechos investigados se refieren al periodo entre 2011 y 2019, y afectan a Berenguer por su primer etapa al frente del Ayuntamiento (2011-2015) y a que fuera su concejal de Servicios entonces, Alejandro Collado (PP), y al alcalde entre 2015 y 2019, Benjamí Soler, y los dos regidores de Compromís que pasaron por esa misma concejalía bajo su mandato, David Ramírez y Alfred Botella, así como la que fue durante esos ocho años -y sigue siendo- jefa de servicio del área de Servicios, Laura Climent.
El motivo son los pagos irregulares que se realizaron durante ocho años, y que se han alargado aún durante el presente mandato -un contrato ya está licitado y el otro ha quedado desierto-, para el mantenimiento de una depuradora de la zona norte y la fuente del Parque Central, pese a los continuados reparos de Intervención, Contratación y Secretaría. Un montante total que asciende a 380.000 euros, 250.000 euros por la depuradora y otros 130.000 euros por la fuente, aunque la Fiscalía admite que no consta que el Ayuntamiento haya sufrido un perjuicio patrimonial por estos hechos. Por este motivo la Corporación ha declinado personarse en la causa.
El juez ordenó a principios de año el procesamiento de los seis acusados, al hallar indicios de delito en sus actuaciones. Según la Fiscalía, "los responsables políticos y la funcionaria indicada, procedieron, en el periodo comprendido, al menos, entre los años 2011 y 2019, a fraccionar el objeto de los servicios, dividiendo el precio de estas mismas prestaciones en diversas facturas, que eran presentadas mensualmente por las empresas suministradores, expedidas bien por 'Talleres Iglesias Campello S.L.', en el caso del mantenimiento de la Fuente del Centenario, bien por 'Depuración De Aguas Del Mediterráneo SL.', en el caso del mantenimiento y explotación de la depuradora del Edificio Cala Merced, y por precio, la inmensa mayoría de las mismas, considerando individualmente cada una de las facturas, inferior al establecido en la legislación de contratación administrativa, 18.000 o 15.000 euros anuales excluyendo IVA, que permitiría su adjudicación directa como contrato menor de servicios (salvo en el caso del servicio relativo al mantenimiento y explotación de la depuradora en el que el importe acumulado anual del servicio siempre impediría su adjudicación directa)".
Según el Ministerio Fiscal, "actuando de esta forma, los acusados, contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente mas ventajosa, con lo que actuaban de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios, los cuales fueron finalmente satisfechos tras ser aprobados sus pagos por quien ejercía funciones como alcalde en cada momento, pago que en todo caso era propiciado gracias a las actuaciones previas realizadas por los acusados mencionados".
Así, el fiscal destaca que pese a los reiterados reparos de Intervención y los informes de Contratación y Secretaría "señalando la ilegalidad de los contratos menores", el Ayuntamiento siguió abonando de forma irregular estos servicios y no sacó a licitación el mantenimiento de las dos instalaciones todo el tiempo investigado -entre 2011 y 2019-.
Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo, que presentó la denuncia en 2019, sostiene en su escrito de acusación que "los hechos objeto de acusación tienen lugar en el ámbito de la contratación pública del Ayuntamiento de El Campello, soslayando las normas que disciplinan dicha actividad administrativa, singularmente aquellas dirigidas a propiciar la libre concurrencia de los contratistas y garantizar la igualdad de los mismos en orden al acceso a adjudicaciones de contratos a través de los principios de publicidad y trasparencia de las mismas. Y ello, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, 2011-2019, desoyendo los informes de los funcionarios encargados de la supervisar la actividad administrativa y fiscalizar el gasto público".
Defensa
En su declaración judicial como investigados de hace tres años, Berenguer y Soler justificaron la necesidad y legalidad de estos pagos, y en declaraciones a este medio antes de este trámite, el caso de la depuradora, recordaron que se trataba de una estación cuyo mantenimiento es competencia de la Generalitat, y que se había tratado sin éxito de que fuera la administración autonómica la que asumiera los costes. Pero esta lo ha rechazado en varias ocasiones, la última alegando el próximo inicio de las obras para conectar la zona norte con la depuradora de Sant Joan -que aún están tramitándose-, lo que permitirá dejar fuera de servicio esa depuradora, que pasará a convertirse en una estación de bombeo. Y también defendieron que los pagos se han apoyado en informes positivos y se abonaban a la empresa que designaba la Generalitat.
Futuro político
Según los estatutos del PP, se suspenderá de militancia "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción". Aunque en este caso, al considerar el PP que no es un caso de corrupción como tal sino de una prevaricación administrativa, es decir un supuesto delito contra la administración por el que una autoridad o funcionario público realiza una conducta injusta y contraria a la ley en el ejercicio de su cargo a sabiendas de su injusticia, y no constar daño patrimonial, es muy improbable que el PP actúe contra Berenguer.
