Aplazada la declaración del alcalde de El Campello por acoso laboral a la espera de un informe encargado por el Ayuntamiento

A la espera de un informe. Ese es el motivo que ha llevado al juez a suspender la declaración del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), por su imputación en un caso de acoso laboral a una empleada del Ayuntamiento. La decisión se ha tomado al considerar el magistrado "muy relevante" un estudio que será elaborado por un comité de expertos y que ha sido encargado por el Consistorio "en aras de la transparencia", según han apuntado fuentes municipales.

Ahora, esa investigación deberá ser entregada en un plazo de dos meses, con fecha límite el 10 de junio, y cuando se conozca su dictamen, se anunciará nueva fecha del juicio. En este sentido, el juez ha pedido que los propios expertos que van a participar en el informe, profesores especializados en Derecho Social de la Universidad Complutense de Madrid, "vengan aquí" con la finalidad de que se les puede tomar declaración.

El magistrado también ha solicitado "que el informe tenga una conclusión clara", aunque también ha advertido que "si no está, se va a tener en cuenta", en alusión a la defensa de la parte acusada, que es de donde ha emanado la solicitud de tener en cuenta el informe. "Sería pegarse un tiro en el pie", ha sido el mensaje elegido para el juez y que supone un aviso para navegantes en caso de que el estudio no esté listo del 10 de junio. El magistrado también se ha mostrado tajante con la acusación, que se ha opuesto a que la vista se fuera a suspender, como finalmente ha sucedido. Debido al firme rechazo que ha mostrado la parte demandante, el juez les ha aconsejado "no ponerse la tirita antes de la herida" y les ha invitado a esperar al resultado de la investigación.

Cabe recordar que la denunciante es la exjefa en funciones del servicio del departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos. La empleada, según se desprende en el documento oficial del proceso, ha sufrido presuntamente una situación de "hostigamiento" y "acoso" que ha dañado "gravemente su salud tanto física como mental".

La afectada, que cuenta con 21 años de carrera profesional en el Consistorio, llegó a ser echada del despacho y supuestamente fue objeto de "continuas disputas, presiones, desprestigios, humillación intimidación, faltas de respeto y dignidad", lo que ha convertido que su lugar de trabajo en "un entorno hostil y humillante".

La causa de este presunto mobbing radica en la decisión tomada por la trabajadora, que se negó a firmar contratos menores ante el riesgo de cometer posibles ilegalidades que le salpicaran directamente al estar su firma presente en los documentos. Su postura provocó que el alcalde "tomara medidas" contra ella, según se recoge en la demanda, motivo por el que la afectada pide 100.000 euros de indemnización por "daños y perjuicios morales".

Según se señala en el documento, la funcionaria realizó una serie de consultas y planteó sus "dudas juíridicas" sobre los procedimientos y contratos que debía firmar, pero ninguna de sus solicitudes fue respondida. Debido a estos hechos, la demandante pidió amparo al Síndic de Greuges, entidad que emitió una "resolución de mala praxis del Ayuntamiento de El Campello", circunstancia que ha sido mencionada por la defensa de la acusación.

Cabe recordar que la trabajadora es la misma funcionaria que ha estado implicada en el caso de supuesto fraccionamiento de contratos. En este asunto, también se sentaron en el banquillo el actual alcalde, Juanjo Berenguer, su antecesor, Benjamí Soler (Compromís), los exconcejales de Servicios Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís). La Audiencia dio carpetazo a esta cuestión, aunque la decisión ya ha sido recurrida por la Fiscalía debido a que el tribunal dictaminó la sentencia absolutoria sin entrar en el fondo del asunto por considerar que estaba fuera de plazo.

La Fiscalía recurre la absolución del alcalde de El Campello por fraccionamiento de contratos

Precisamente, esta causa penal abierta, y tal como la ha definido el juez, "no paralela, pero sí indirectamente relacionada" con el caso del presunto acoso, es lo que obligó a "paralizar" el esperado informe. Así lo ha sostenido la defensa del alcalde, que también ha añadido que la trabajadora se sintió "devastada por este procedimiento", por lo que "empezó a buscar culpables de su situación", lo que derivó en una demanda por acoso laboral contra el primer edil.

Además de la empleada y del alcalde (y de sus respectivas defensas), a la cita de hoy, aunque en vano, también han asistido el Secretario, la interventora, la jefa recursos humanos, la nueva jefa de servicios, el representante del sindicato Fesep y los portavoces de Compromís y Esquerra Unida. Todos ellos en calidad de testigos.