El ingreso mínimo vital ayudará a más de 150.000 alicantinos integrantes de unos 45.000 hogares con recursos limitados a paliar su situación económica en una provincia que ve cómo se agrava con la pandemia su tasa de pobreza, actualmente del 30,9%, más de tres puntos por encima de la media autonómica. Según la estimación de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en la Comunidad la prestación beneficiará a más de 520.000 personas. Aunque el plazo para pedir la ayuda con carácter retroactivo de cobro a 1 de junio acababa esta semana, el Gobierno ha ampliado el plazo a diciembre ante la presión de los agentes sociales. En los primeros meses de prestación unos 32.000 beneficiarios han percibido la ayuda. En junio y julio la Seguridad Social pagó más de 4 millones aunque se espera una cuantía de 130 millones para la provincia.
Sindicatos y ONG han ayudado a miles de alicantinos con los trámites a lo largo del verano ante la saturación en las propias oficinas de la Seguridad Social y la extensa burocracia. Solicitantes consultados por este diario coinciden en que el proceso telemático para pedir la ayuda, que oscila entre 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros, es una barrera; a lo que añaden los problemas para obtener documentos como el padrón que creen que la propia administración debería tener disponible; y las trabas para conseguir cita previa y para contactar por teléfono.
Los agentes sociales valoran la celeridad imprimida las últimas semanas dado que en julio solo un 10% de hogares beneficiarios había recibido la prestación, 4.500 en la provincia. Aunque la Secretaría de Estado de la Seguridad Social afirma haber tramitado ya un tercio, los agentes exigen más personal para agilizar un pago que llegará a unos 45.000 hogares en la provincia, según estimaciones de la Conselleria de Economía. De momento tienen respuesta 16.000.
Las familias que han solicitado esta ayuda viven situaciones «de extrema necesidad y pobreza», señala Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT de Alicante. «Necesitamos una administración robusta para atender situaciones de emergencia como la actual. Hay muchas familias pasándolo mal que necesitan el ingreso vital cuanto antes porque tienen que comer». Los sindicatos precisan que el Gobierno aprobó por el covid un ingreso vital que ya pidieron al ejecutivo de Rajoy como medida contra la pobreza y la exclusión.
Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia, destacó el «esfuerzo fortísimo» de los trabajadores para resolver expedientes de un mes para otro y que el ingreso llegue a los ciudadanos, «pero la falta de personal lastra ahora la tramitación de otras prestaciones, como las pensiones de incapacidad o jubilación». Las ejecutivas provinciales de los sindicatos están insistiendo ante el Instituto Nacional la Seguridad Social para que facilite todos los datos territorializados porque «sabemos de las dificultades que están teniendo (las familias) a la hora de tramitar la nueva prestación. Existe gran desinformación y confusión, y hay muchas personas que acuden a CC OO para que les ayudemos». En cuanto a los datos nacionales, el Gobierno informa de 900.000 peticiones, 330.000 tramitadas, 260.000 beneficiarios, y 63.000 denegaciones.
Voluntarios de la ong Despensa Solidaria como Marisa Bataller y Adán Acampora realizan tareas de asesoramiento, y facilitan el acceso a una gestoría para tramitar los documentos, buscando atajos como la posibilidad de conseguir certificados digitales en puntos de registro repartidos por toda la ciudad o en las juntas de distrito. «La intención del Gobierno es buena pero en la práctica no está funcionando bien y la ley de Protección de Datos tampoco ayuda porque no podemos solicitar documentos en nombre de los solicitantes», lamentan. El 70% de los peticionarios asesorados son españoles.
