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El Gobierno limita al 2% la subida del alquiler para evitar que el descontrol del IPC se aplique a la vivienda

La medida regula todos los contratos que se deban renovar en los próximos seis meses, y afecta a las 60.000 personas que viven de alquiler en la provincia

Imágen de archivo de una calle del casco antiguo de Alicante con viviendas de alquiler Áxel Álvarez

El Gobierno ha aprobado vía decreto la limitación al 2% de la subida de los contratos de alquiler de vivienda que venzan en los próximos seis meses, en concreto hasta el próximo 31 de diciembre. La medida evitará la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) en la actualización del alquiler, quedando limitada la subida a la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situada en el 2%. La ampliación de la limitación, establecida hasta el próximo 31 de diciembre, atiende a la necesidad de que la evolución experimentada por el IPC en el contexto de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, no se traslade al precio del alquiler de vivienda. Esta medida, que estaba vigente hasta el 30 de junio, se prorroga hasta el 31 de diciembre. La medida afectará a los alrededor de 45.000 contratos de alquiler que vencen entre junio y septiembre en la provincia.

El IGC es un valor de referencia para establecer cómo varían los precios a la hora de actualizar la renta del alquiler, especialmente en caso de que las partes no hayan pactado qué sistema prefieren adoptar. Sesenta mil personas viven de alquiler en la provincia, veinte mil menores de 35 años. Respecto al número de contratos de arrendamientos, se calcula que tres de cada cuatro contratos de alquiler se verán afectados por el tope del 2% a la subida de las rentas, lo que se traduce en 2,6 millones de contratos de los 3,5 millones que se firmaron en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los inquilinos con un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato puede negociar con el arrendador el incremento que no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad, un índice situado actualmente en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición.

El importe del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario, estableciéndose que, en caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización.

Además, se sigue manteniendo que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (más de diez viviendas), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización, entendiéndose como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

El Gobierno justifica su decisión para seguir respondiendo a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en el ámbito de la vivienda, que se suma a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda por este Departamento, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada.

Otras actuaciones en marcha son el desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria como proyecto de ley. La aprobación de un nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 y del Bono Alquiler Joven.

Los precios del alquiler en la provincia de Alicante han subido un entre un 12% y un 18% en un año, por encima de la media estatal situada en el 3,1%. Sin embargo en algunos barrios, como en el de San Blas, en la ciudad de Alicante, el aumento ha sido mucho mayor, y hoy es casi un 30% más caro encontrar un piso de alquiler que hace tan solo un año. Según el portal Idealista, la zona de San Blas-Pau 1 es el que mayor evolución interanual ha tenido de todo España, con un aumento del 29,6%. Esto supone que el precio del alquiler alcance 8,4 euros el metro cuadrado en este distrito. Con esto una vivienda de 80 metros rozaría los 700 euros al mes.

Otros portales inmobiliarios como Fotocasa estiman que el precio se ha disparado hasta un 19% en un año. De esta forma, el metro cuadrado se paga ya a 8,73 euros o, lo que es lo mismo, un piso de tres habitaciones y unos 80 metros cuadrados supone un pago mensual de casi 700 euros mensuales. Con notables diferencias entre las distintas poblaciones e, incluso, entre barrios, aunque lo cierto es que la subida es generalizada, según apuntan desde el portal y confirman también las inmobiliarias locales. Con este incremento, Alicante se sitúa como la cuarta provincia donde más han subido los alquileres en los últimos doce meses, únicamente por detrás de Huelva, donde el aumento alcanza el 30,4%; Segovia, con un 10,7%; y Cuenca, con un 18,9%.

El 86% de los jóvenes residentes en la provincia de Alicante no pueden dejar la casa familiar para tener una propia, siendo las mujeres las que tienen mayor dificultad para independizarse, según los datos que maneja la Conselleria de Vivienda. Además, una persona de entre 18 y 30 años tiene que destinar el 64% de su salario para pagar el alquiler si se emancipa en solitario, y un 35% si comparte piso. Veinte mil alicantinos menores de 35 años viven de alquiler en la provincia de Alicante, de un colectivo formado por más de 60.000 personas. Ya está en marcha el bono para ayudar al pago de la renta mensual, que ya está por encima de los 700 euros al mes de media en la provincia. La Generalitat ha activado el sistema telemático para solicitar la subvención gracias a los 45 millones de euros que le ha transferido el Gobierno central en el marco del plan vivienda. 

Jóvenes, parejas, familias monoparentales y personas que viven solas son, en estos momentos, los colectivos más vulnerables a la hora de encontrar una vivienda en la provincia, tanto para alquilar como para aquellos que se pueden permitir la aventura de comprar un piso. Y es que el tamaño es clave para las personas que deciden alquilar un piso porque, en general, optan por un piso pequeño, debido a motivos relacionados con la movilidad laboral o, por aquello de empezar una nueva vida.

Una escasez de oferta directamente relacionada con el parón que sufrió el sector de la construcción de viviendas durante la crisis. No hay mercado y, por lo tanto, se produce tensión en los precios hasta el punto de que el piso más demandado para alquilar -dos habitaciones, cocina, salón y un baño- no existe, o, si se encuentra, el precio de la renta mensual puede alcanzar hasta los mil euros al mes en función de la zona. Por supuesto, en primera línea del mar, imposible, sobre todo durante la temporada alta turística.

Los mayores problemas de acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana se registran en la provincia de Alicante, donde todas las categorías de hogares, salvo los de más de dos adultos sin niños, y unipersonales senior (mayor de 65 años), presentan tasas de pobreza que superan el 35% del total de las viviendas, y se ha agravado por la crisis del covid.

Cartel con la condiciones que regulan el bono alquiler joven 2022 Jose Navarro

En la provincia, el 100% de los hogares habitados por una persona joven pasan por apuros, y de los adultos (30-65 años), un 47,5% están mal. Los hogares unipersonales concentran la mayor proporción de la pobreza de la Comunidad. De las viviendas con niños, el 40,1% de los monoparentales y el 38,7% de los liderados por dos adultos, eran pobres, según el informe de la UA. Esta tasa tan elevada, que supone un 11,5% del total de hogares, implica que la pobreza infantil es uno de los principales problemas. En cuanto a los hogares de personas mayores de 65 años, un 17,4% de los unipersonales y un 37% de las parejas mayores pasan apuros.

El problema viene derivado de los bajos ingresos, y no del precio de las viviendas. De hecho, las tasas de accesibilidad de las potenciales compradores se encuentran en niveles reducidos, y solo cuando se baja al detalle aparecen los ratios de tensión residencial más graves. Así, las medidas, según reza el informe, deben orientarse a complementar los ingresos creando empleo, y no a controlar el precio de las viviendas, ni siquiera en el mercado de alquiler.

Costes

Por otro lado, la limitación del 2% en la subida del alquiler, hasta diciembre como parte del plan para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra, supondrá un coste de 1.160 millones de euros, a los que se suman los 560 millones de euros que ha podido alcanzar el impacto de esta medida en los tres primeros meses de aplicación, según un estudio publicado por Idealista.

Respecto al número de contratos de arrendamientos, se calcula que tres de cada cuatro contratos de alquiler se verán afectados por el tope del 2% a la subida de las rentas, lo que se traduce en 2,6 millones de contratos de los 3,5 millones que se firmaron en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para calcular este impacto en el mercado de arrendamiento, se ha vuelto a emplear la diferencia entre la subida de la renta que se podría haber dado con la última tasa de inflación conocida -el dato del IPC adelantado de junio, que ha alcanzado el 10,2%- y el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con el tope del 2%.

A los inquilinos que les toque la revisión anual de su contrato de alquiler en julio se les seguirá aplicando la actual limitación del 2% en la renovación de las rentas. De media, les va a suponer un incremento medio de sus alquileres en torno a 162 euros durante el próximo año, según el estudio de Idealista, que toma como referencia una vivienda de dos dormitorios alquilada un año antes en las capitales analizadas.

El precio medio en España de una vivienda en alquiler de esta tipología alcanzó los 675 euros al mes en julio de 2021, por lo que la renta actualizada con esta subida del 2% ahora se sitúa en 689 euros mensuales de media, 14 euros más al mes. Si se aplicase una subida paralela al último dato del IPC, el alquiler se elevaría a 744 euros al mes, lo que supone un incremento de 69 euros mensuales y 826 euros en el acumulado del año.

Por ciudades, los inquilinos de San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Palma y Madrid son los que más van a notar la diferencia tras la actualización de las rentas. El precio medio en estas capitales, con el actual límite del 2% en el incremento del alquiler, van a quedar en 918 euros al mes en San Sebastián, 867 euros en las capitales catalana y vizcaína y 816 euros en Madrid y Palma, respectivamente.

Si en estas ciudades se aplicara un incremento atendiendo al último dato de inflación, las rentas alcanzarían los 992 euros mensuales en San Sebastián, 937 euros en Barcelona y Bilbao, y 882 euros en Palma y la capital española.

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