¿Cambios en la ordenanza del agua? Que los nuevos precios se aprueben en Pleno y más bonificaciones sociales

Cinco son las enmiendas presentadas desde la oposición municipal, por parte de Compromís y el PSOE, a la nueva ordenanza que regulará el servicio de abastecimiento de agua potable y conservación de contadores de la ciudad de Alicante, dirigidas a que los cambios en las tarifas del agua se aprueben por el Pleno municipal y para promover más bonificaciones sociales.

En las propuestas de la coalición valencianista se incluye que eliminar la aprobación automática de las subidas de tarifas vinculadas al uso del agua del canal de Taibilla y de la desaladora, delegando su aprobación por el Pleno municipal antes de su aplicación, "donde se pueda valorar su impacto económico". Por otro lado, el grupo liderado por Natxo Bellido propone "implementar la guía de mecanismos de acción social en el sector del agua urbana elaborada conjuntamente por la FEMP y la asociación española de abastecimiento de agua y saneamiento, donde se aporta varios tipos de medidas no incluidas en la propuesta, como bonificaciones por renta familiar y al fomento del ahorro del consumo del agua".

Por su parte, los socialistas piden que donde se habla de "tarifa para familia numerosa" se incluya también "familia monoparental", extendiendo también las bonificaciones a jubilados e incapacitados permanentes en grados de absoluta o gran invalidez y a víctimas de violencia de genero. Además, el grupo encabezado por Miguel Millana también reclama que donde se habla que "no regirá la citada exención en los casos en los que dichos bienes inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de Alicante sean objeto de concesión, arrendamiento o cualquier otra fórmula legal que implique su gestión indirecta, en cuyo caso, el agua deberá ser abonada a la Empresa Gestora por el concesionario o arrendatario del mismo", se añade que "pudiendo exceptuar de dicho abono a aquellas que tengan fines sociales benéficos culturales o de interés público, así como aquellas entidades sin ánimo de lucro que sean de interés público cuyos fines sean sociosanitarios o deportivos y cuya sede, en la que realizan la actividades terapéuticas o deportivas, no se encuentre en dependencias municipales". 

Alicante regula por ordenanza el precio del agua potable

Según figura en la documentación oficial, la aprobación del proyecto normativo, que se prevé para el próximo pleno, "no supone impacto alguno económico y presupuestario, ni para el ciudadano, ni para el Ayuntamiento de Alicante, dado que se trata de regular y adaptar a la legislación vigente la tarifa de los servicios de abastecimiento de agua potable, agua regenerada y conservación de contadores", apunta el texto, que a su vez añade: "Las tarifas aplicables no sufren actualización o modificación alguna en relación a las vigentes en estos momentos, que son las aprobadas por Pleno de enero de 2021". 

Sin embargo, según figura en el documento que se prevé aprobar en Pleno, "la variación del precio de la compra de agua, al ser un componente básico del coste del servicio, se repercutirá de forma inmediata en la tarifa con el fin de no afectar al equilibrio financiero del servicio". Así, se recogen fórmulas en función de la Tarifa de agua procedente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y de la desalinizadora.

Según la propuesta de acuerdo, el 14 de mayo de 2020, "y dadas las circunstancias excepcionales por la pandemia del Covid-19, la empresa mixta Aguas de Alicante, gestor del servicio hasta el 14 de mayo de 2036, comunicó la congelación de las tarifas para la anualidad 2020". Así, "las vigentes tarifas por suministro de agua potable corresponden a la anualidad 2021, siendo las mismas informadas favorablemente por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2021".

Mediante escrito recibido en el Ayuntamiento el 21 de diciembre de 2021, Aguas de Alicante solicitó "informe sobre la actualización de costes de explotación del servicio de abastecimiento de agua potable y conservación de contadores para la anualidad 2022”. 

El alto precio de la desalación del Gobierno amenaza con disparar el coste del agua para consumo urbano en la provincia de Alicante

En un informe posterior se concluyó que: "En lo referente a la naturaleza jurídica de la contraprestación solicitada por la prestación del servicio que nos ocupa como tarifa, nos remitimos a la nueva normativa citada de acuerdo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, concluyendo que estamos ante una prestación patrimonial de carácter público no tributario por servicio prestado mediante empresa mixta". Así, desde Intervención se señaló "que el actual procedimiento de aprobación tarifario se termine regulando mediante una ordenanza no fiscal", lo que "no permite continuar, en los términos y contenido propuestos, con la tramitación de la solicitud presentada por Aguas de Alicante el 21 de diciembre de 2021".

En respuesta, en junio de 2022, desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local se emite notificación a Aguas Municipalizadas de Alicante con el objetivo de elaborar una propuesta de proyecto de “Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abastecimiento de agua potable y conservación de contadores de la ciudad de Alicante”.

La comisión técnica, nombrada en agosto y que se ha reunido en diversas ocasiones hasta este mes de octubre, estaba formada por tres representantes de Aguas de Alicante y cuatro del Ayuntamiento.

El texto propuesto "cumple con la totalidad de la legislación aplicable, es más, va más allá de los requisitos legalmente establecidos, aumentando las medidas de control administrativo tarifario del Ayuntamiento", según el expediente.

El anexo contempla, de forma detallada, los costes imputables al servicio de abastecimiento de agua potable, agua reutilizada, conservación de contadores, contratación y reposición del servicio en el municipio de Alicante, así como los criterios de actualización, según el Ayuntamiento. "Se valora muy positivamente la inclusión de este apartado que dotará de una mayor seguridad jurídica la actualización tarifaria en relación a la memoria de costes y estudio que tiene que presentar en ente gestor con cada solicitud de nueva tarifa, elemento innovador no contemplado hasta el momento en Ordenanza alguna de las estudiadas en derecho comparado de otros ayuntamientos de todo el territorio nacional", añade el documento.