Ximo Puig trata de sofocar la revuelta de los regantes del Tajo-Segura y les cita tras la protesta frente al Palau

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dará este martes la cara ante los regantes y empresarios que reciben agua del Tajo, y ha incorporado en su agenda recibir a los representantes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, una vez que finalice la concentración a las puertas del Palau para exigir la marcha atrás del Gobierno central en su apuesta por cerrar el trasvase para el riego y su sustitución por agua desalada a partir de 2027. Año en el que el caudal ecológico del río alcanzará los 8,5 metros cúbicos por segundo.

Tras tres años de contínuos desencuentros por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de subir el caudal ecológico del río, lo que reducirá a la mitad el agua que llega a la cuenca del Segura autobautizada como “huerta de Europa” -doscientas mil hectáreas-, en Murcia, Alicante y Almería, el Ministerio para la Transición Ecológica está a punto de certificar la hoja de ruta para cerrar el Tajo-Segura para riego y la sustitución del agua por desalada en el mar con la aprobación por el consejo de ministros de los planes hidrológicos del Tajo y Segura.

Los regantes del Tajo-Segura piden al Consejo de Estado que anule el decreto que recorta el trasvase

El problema, que debiera ser técnico, se ha metido, de lleno, en la batalla política, sobre todo cuando en la Comunidad Valenciana hay elecciones en 2023. Nadie duda que el río Tajo está contaminado, ni los agricultores que reciben el agua pero el debate se centra en determinar las causas: no circula la suficiente agua en su cauce o este recibe millones de litros de agua contaminada desde uno de sus afluentes, el madrileño Jarama, donde vierte sus aguas residuales Madrid. Agua que dejaría de llegar a Alicante, Murcia y Almería y debiera sustituirse por desalada construyendo más plantas desaladoras, poco sostenibles y muy caras al funcionar mediante energía eléctrica. El Gobierno ha anunciado 600 millones para abaratar el agua desalada y 900 millones para mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Madrid. ¿Será suficiente?.

El recorte del trasvase Tajo-Segura tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo no solo van a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores que planificaron sus inversiones en base a un agua que no llegará. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.

La posible derogación del trasvase representaría, por otro lado, un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, puesto que alteraría las condiciones de prestación de servicio del trasvase, cuyos efectos se traducirían en unos graves perjuicios a los usuarios: cerca de tres millones de consumidores, los agricultores que cultivan 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y las miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales -25.000 dedicadas al sector servicios en Alicante-.

Un millar de agricultores y empresarios exigen al Gobierno que anule el recorte del trasvase Tajo-Segura

El cierre de la transferencia se cobraría 180.000 empleos directos. Los estudios técnicos han analizado en profundidad tres escenarios temporales. Dos en los que se contemplaba la clausura del trasvase, en 2015 o en 2030, y un tercero en el caso de que se establezca una reserva de 600 hm3 en los embalses desde donde parte la canalización a partir de la cual no se trasvasaría agua. Los investigadores incluyeron en el cálculo final de la posible reclamación económica al Gobierno la figura del lucro cesante. Éste se produce cuando un rendimiento cierto o más que probable se deja de percibir como consecuencia de actos de terceros.

La cancelación de derechos y concesiones sobre los caudales del Tajo-Segura llevaría aparejada la necesidad de recurrir a otras fuentes de recursos con costes más elevados, o al abandono de aquellas actividades que no pudieran asumir el incremento de costes. En este sentido, el estudio consideró que el lucro cesante de la derogación en 2015 hubiera sido de 10.733 millones de euros para la agricultura de regadío; en el abastecimiento alcanzaría los 1.227 millones. A estas dos cantidades habría que haber añadido otros 9.170 millones en pérdidas directamente relacionadas con patrimonio (tierras que dejarían de cultivarse).

El valor de las explotaciones agrícolas que utilizan agua del trasvase ronda los 8.760 millones de euros, aunque este dato se duplicaría en el caso de que estuviesen vigentes los precios máximos del mercado. En el supuesto de que estas zonas regables pasaran a ser de secano, el valor, de acuerdo a los precios de las tierras sería de unos 417 millones de euros, con lo que el valor patrimonial sería veinte veces menor si se cerrara una infraestructura hoy herida de muerte.

Estupor con Castilla-La Mancha

Por otro lado, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha expresado el estupor y sorpresa de la Generalitat ante las últimas manifestaciones de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en las que afirma, entre otras cosas, que confía en que el Gobierno no apruebe algo diferente a lo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua sobre el trasvase Tajo-Segura el pasado 29 de noviembre.

“Efectivamente -afirmó Llanes- nosotros esperamos lo mismo, porque lo que se aprobó en el proyecto de Real Decreto por parte del Consejo Nacional del Agua incluye un punto que es esencial para nosotros en la medida en que garantiza la continuidad del trasvase Tajo-Segura”.

En concreto, Llanes alude así a la disposición adicional novena sobre los criterios para fijar los caudales ecológicos en la que indica textualmente: “Si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026”.

Fue, precisamente, la inclusión de la misma en el proyecto de Real Decreto sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua durante la reunión del pasado 29 de noviembre la causa que motivó el voto favorable de los representantes de la Generalitat en dicho órgano.

"Los trasvases no son una herencia franquista sino infraestructuras que se proyectaron durante la II República de la mano de Indalecio Prieto".

Roger Llanes

— Secretario autonómico de Agricultura

“Por tanto -agrega- eso es lo que fue aprobada por el Consejo, lo que salió de allí con su aval y lo que esperamos que no se produzca ningún cambio al respecto”.

Respecto a las palabras de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha tildando de “franquistas”, los trasvases Llanes asegura que el agua “es un bien que forma parte del dominio público” y que los trasvases “no son una herencia franquista sino infraestructuras que se proyectaron durante la II República de la mano de Indalecio Prieto”.

También sale al paso Llanes sobre las referencias de Blanca Fernández a las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos. “Esos argumentos -subraya Llanes- ya han sido desmontados de forma contundente por un informe de la Directora General de la Abogacía de la Generalitat en el que se sostiene que el alto tribunal sólo indica que hay que fijar unos caudales ecológicos pero sin entrar a valorar los criterios que deben emplearse a la hora de hacerlo”.