Alicante pide más de 17 hectómetros cúbicos del trasvase del Júcar para salvar las cosechas

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha decidido solicitar al Gobierno central el envío urgente de más de 17 hectómetros cúbicos del trasvase Júcar-Vinalopó para salvar los cultivos de la provincia de Alicante.

Es la primera transferencia de caudales que se reclama desde la provincia en esta cuenca hidrológica en lo que va de año y se produce, además, en un contexto de sequía que pone en grave riesgo las cosechas y plantaciones.

La solicitud ha sido acordada en la primera reunión de la Junta Central de Usuarios que preside Ángel Urbina Olarte tras relevar al anterior responsable José Antonio Berenguer Pastor.

Hasta el momento se han recibido peticiones de 17 hm3 de agua pero, según se ha informado en la reunión celebrada en Aspe, todavía faltan por concretar las necesidades hídricas de varias comunidades de regantes. Con lo cual será el próximo miércoles cuando la Junta Central de Usuarios cuantifique la petición exacta de caudales que se elevará al Ministerio para la Transición Ecológica.

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En la sesión también se cerró el nombramiento de los cargos pendientes de la Junta de Gobierno -Pío Hernández y Francisco Santiago como vicepresidentes primero y segundo, Federico Maciá como secretario y José Antonio Berenguer como tesorero- así como la constitución de las distintas comisiones y la recuperación del carácter institucional de esta Entidad Corporativa de Derecho Público. Entre los acuerdos protocolarios también se ha decidido recuperar los Premios José Ramón García Antón, que fueron suspendidos al irrumpir la pandemia siendo el periodista de INFORMACIÓN F.J. Benito el último galardonado. 

El precio del agua trasvasada del Júcar al Vinalopó queda fijado en 0,24 euros el metro cúbico. La decisión del Gobierno de España tiene un periodo de vigencia de 10 años y se adoptó en septiembre de 2022. Son las condiciones con las que se pondrá en marcha definitivamente el trasvase del Júcar-Vinalopó que la provincia de Alicante llevaba reivindicando desde el año 1.420. 

Además, al Ministerio para la Transición Ecológica no le supone ninguna carga económica. Algo que se demostrará, tal y como los regantes mantenían, en un análisis del convenio suscrito entre ambas partes y que se tendría que haber firmado a finales de marzo en Aspe. Pero ha pasado ya un mes y el acuerdo sigue pendiente de ser refrendado por el Ministerio de Hacienda.

Fue el viernes 24 de febrero de 2023 cuando se publicó en el BOE la Orden TED/157/2023, de 21 de febrero, por la que se establece la excepción temporal y parcial al principio de recuperación de costes del artículo 111 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, para el aprovechamiento de recursos hídricos procedentes de desalinizadoras de agua de mar en la Cuenca Hidrográfica del Segura, en la provincia de Almería y en la conducción Júcar-Vinalopó.

Los miembros de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa recibieron el acuerdo con júbilo y satisfacción por cuanto supone una garantía de futuro para poder continuar con sus trabajos agrícolas y ambientales. Así lo expresó el entonces portavoz y ahora presidente Ángel Urbina recordando que la Junta Central de Usuarios presentó hace dos años al Ministerio un proyecto en el que, instalando estaciones fotovoltaicas en las elevaciones del Júcar-Vinalopó, el precio del agua bajaba y el trasvase era económicamente viable.

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El proyecto técnico lo redactó la Politécnica de la Universidad de València y el estudio de viabilidad económica la Facultad de Económicas de Cartagena. Pues bien, el Ministerio aprobó realizar ambas actuaciones incluyéndolas en una partida de 90 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para realizar las estaciones fotovoltaicas que abaratarán la operación beneficiando a todas las partes.

El precio de los caudales queda fijado concretamente en el punto tercero de la Orden Ministerial, donde se determinan de tarifas para los usuarios con derechos de uso sobre las aguas desalinizadas procedente de las Instalaciones Desaladoras de Agua Marina, de titularidad de la Administración General del Estado, y de la Conducción Júcar-Vinalopó. "La producción de hectómetros cúbicos de la Conducción Júcar-Vinalopó estará gravada por una tarifa de riego que han de satisfacer los usuarios a un importe de 0,240 euros/metros cúbicos, en punto de conexión con el postrasvase", señala textualmente la disposición legal publicada hace dos meses en el Boletín Oficial del Estado.

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65.000 hectáreas de regadío

Forman la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja 41 entidades de abastecimientos (23 Ayuntamientos) y 584 entidades de regadíos (44 Comunidades de Regantes y Comunidades Generales). Del trasvase se abastecen hasta 1.500.000 habitantes y unas 65.000 hectáreas de regadío, que resultan en 192 hm3 de derechos inscritos (117 hm3 de regadíos y 75 hm3 de abastecimientos) y gestión de 445 expedientes de concesión o autorización al uso de las aguas. Se constituyó el 8 de enero de 2003 como Entidad Corporativa de Derecho Publico sin ánimo de lucro y es el órgano competente para distribuir los caudales procedentes de la Transferencia Júcar-Vinalopó, además de asumir la misión de ser la interlocutora y coordinadora legítima con la Administración Hidráulica.

A sus 75 años el nuevo presidente, Ángel Urbina, dice que su último objetivo antes de retirarse del "mundanal ruido", cuando finalice su etapa de cuatro años como presidente de la Junta Central de Usuarios, es darle el último aldabonazo al trasvase del Júcar-Vinalopó. "Yo solo quiero que la gente pueda regar sus campos", subraya y concluye.