Preocupación en la UA por la formación práctica del alumnado

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha expresado ante el Consejo de Gobierno su preocupación por la regulación de las prácticas estudiantiles que prepara el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuyo borrador se debate en la Mesa de Diálogo Social en la que han quedado fuera las universidades. Se trata del denominado "Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa", más conocido como estatuto del becario.

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En línea con lo manifestado en las últimas semanas por los máximos responsables de otras universidades, como la de Castilla La Mancha o la Jaume I de Castellón, la rectora ha criticado que en el borrador “se hayan obviado las advertencias planteadas por las universidades a través de la Conferencia de Rectores (CRUE)”, a las que se están uniendo distintas agrupaciones empresariales.

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El punto de máxima discrepancia con el borrador que se debate alude a la posible puesta en marcha de una compensación de gastos para las prácticas no remuneradas, que tendrían que asumir las empresas receptoras de estudiantes.

Representantes empresariales, administraciones y universidades coinciden en señalar que se trata de una medida “difícilmente cuantificable y muy gravosa que va a suponer la caída en la oferta de prácticas y que, por tanto, podría poner en jaque a la formación práctica en educación superior”, una cuestión que, por otra parte, es vital para la posterior inserción en el mercado laboral de los futuros profesionales.

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“Entramos en una dialéctica en bucle porque por una parte se reclama más formación práctica y por otra, se entra en conflicto con los proveedores de prácticas a quienes además de gravar por el tutelaje necesario que han de ejercer para que la formación sea óptima, se les exige una compensación económica”, ha explicado la rectora. Amparo Navarro considera que “el problema de fondo es que se está haciendo un análisis de las prácticas desde un punto de vista laboral y no académico”.

“Entramos en una dialéctica en bucle porque por una parte se reclama más formación práctica y por otra se entra en conflicto con los proveedores de prácticas a quienes se les exige una compensación económica”

Amparo Navarro

— Rectora de la Universidad de Alicante

En el mismo sentido se han posicionado diferentes colectivos empresariales, especialmente empresas de menor tamaño o menor capacidad económica, que le han hecho llegar su desaliento “porque al esfuerzo de tutorización que exige la formación de estudiantes en prácticas, se suma la posibilidad de tener que asumir los costes adicionales derivados de esta compensación. La cuestión no es baladí porque limitaría gravemente las oportunidades de formación”, ha declarado la rectora.

"Las universidades queremos advertir de que los cambios en los que se está trabajando van en detrimento del propio estudiantado y de su acceso a una formación práctica de calidad"

Amparo Navarro

— Rectora de la Universidad de Alicante

Navarro asegura que las universidades “somos las primeras interesadas en que las prácticas de nuestros estudiantes tengan un carácter formativo y no se utilicen como mano de obra barata y, por eso, damos la bienvenida a cualquier regulación y mecanismo que impida que esto suceda. Sin embargo, queremos advertir de que los cambios en los que se está trabajando van en detrimento del propio estudiantado y de su acceso a una formación práctica de calidad que nos permita tener los profesionales que nuestra sociedad necesita”. 

Administraciones públicas

Paradójicamente, más del 60% de las prácticas del estudiantado universitario se realizan en administraciones públicas, que ya han manifestado su dificultad, y en muchos casos su negativa, para asumir estas obligaciones por no disponer de recursos para hacer frente al coste adicional derivado de las mismas. 

Esta situación supone un grave problema para todas las titulaciones, pero especialmente en aquellas regidas por órdenes nacionales o europeas que exigen un mínimo de horas de prácticas obligatorias para completar los estudios y poder obtener el título.

Cotización a la Seguridad Social

La compensación de gastos se une a otro problema añadido y ya regulado que obliga a la entidad receptora al alta y cotización a la Seguridad Social del estudiantado en prácticas.

Esta cotización ya está suponiendo un elemento de disuasión para que las empresas y las administraciones acojan a universitarios en prácticas. Otras quieren seguir haciéndolo, pero con la condición de acogerse a la excepción que prevé la propia disposición y que deja abierta la posibilidad de que los convenios de prácticas incluyan la opción de que sea la universidad la que se haga cargo de la gestión y abone estos gastos de cotización, lo cual añade una dificultad adicional para las universidades públicas, en el caso de las valencianas, como ha asegurado la rectora, “con un Plan Plurianual de Financiación todavía sin cerrar”. 

Por otra parte, Amparo Navarro ha alertado también del agravio entre titulaciones y universidades que podría suponer esta medida, ya que el peso de las prácticas académicas no es el mismo, por lo que en el momento de la graduación, cada estudiante tendrá un tiempo distinto de cotización.

En este sentido, Navarro ha puesto como ejemplo las prácticas realizadas en laboratorios propios, que carecerían de cotización, frente a las externas, que sí la tendrían.

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La rectora concluye, por tanto, que la fecha de 1 de octubre de 2024 que se ha establecido para el comienzo de la obligación de cotizar por los estudiantes en prácticas “es totalmente inviable, teniendo en cuenta que todavía no se han dado instrucciones claras por parte de la tesorería de la Seguridad Social sobre el procedimiento a seguir que, a buen seguro, requerirá de actuaciones técnicas específicas”.

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Por todo ello, la rectora ha trasladado al Consejo de Gobierno su intención de volver a reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social que tenga en cuenta a las universidades en las conversaciones y reuniones previstas para abordar el asunto y le insta a establecer una demora en la aplicación de esta medida.

Con respecto al resto de temas incluidos en el orden del día abordados en el Consejo de Gobierno ordinario del mes de mayo, cabe destacar que todos ellos han versado sobre asuntos internos que, en todo caso, han sido aprobados por unanimidad.