Un médico del SAMU reclama 120.000 € a Sanidad al tardar dos años y medio en readmitirle tras un proceso judicial

Ayudó a montar el SAMU de Alicante en 1997, estuvo en el servicio de Emergencias y trabajaba en las ambulancias y en los hospitales de Alicante y Elche. Así resume su trayectoria laboral el médico Manuel Falzoi, que reclama 120.000 euros a la Conselleria de Sanidad por tardar dos años y medio en readmitirle en su puesto de trabajo.

El demandante consiguió una sentencia parcialmente favorable tras ser sancionado en 2020 con 21 meses sin empleo y sueldo dado que un juez redujo este castigo a tres meses. El pasado 26 de julio le llegó una notificación del juzgado de Lo Contencioso 4 de Alicante que ordena a la administración demandada la ejecución forzosa de la sentencia firme de diciembre de 2021 (y de un auto posterior de julio de 2022) para la inmediata reposición del funcionario en su puesto de trabajo; y el abono de las retribuciones dejadas de percibir (120.502 euros).

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El abogado ha llevado el caso a los juzgados, tanto al contencioso administrativo como al de Instrucción, al entender que existe desobediencia judicial y acoso hacia su cliente que podrían conllevar una prevaricación administrativa.

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El médico cree que la causa de la sanción son las denuncias que interpuso para mejorar las bases del SAMU y otras ante el servicio de Emergencia Sanitaria por irregularidades y falta de higiene de los uniformes de los sanitarios, algunas como representante del sindicato CSIF, cuando estaba en una unidad ubicada en Elche. El primer expediente informativo que le abrieron es de 2018.

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Las partes han interpuesto denuncia contra la responsable de Recursos Humanos y a la directora del Servicio de Emergencias del Servicio Valenciano de Salud en la etapa del Botànic. Es un asunto que viene de la anterior administración autonómica.

El abogado que representa al médico del SAMU, Antonio José Madrid, explica en uno de sus escritos que la sanción de 21 meses fue anulada y se quedó en seis por resolución judicial. "Una vez cumplica dicha sanción, dese el 6 de marzo de 2020 hasta el 5 de septiembre de 2020, la reincorporación a su puesto de trabajo debería haberse hecho efectiva desde esa fecha y de forma inmediata, sin mayor dilación ni demora (...). No fue hasta el 6 de febrero de 2023 cuando se le reincorporó pero de una manera más que irregular (...) Más grave es aún el hecho de que no ha cobrado ninguna cantidad por su actividad laboral".

Una situación que el médico ha indicado este jueves que se ha corregido parcialmente pues hace unos días recibió un ingreso de Sanidad de 4.000 euros de la deuda de los meses trabajados este año.

Súplica

El letrado presentó el pasado enero una súplica al juzgado de Instruccción de Alicante. En ella explicaba que la conselleria tramitó contra su demandante en abril de 2021 un procedimiento sancionador que concluyó con una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 21 meses.

El afectado recurrió ante el juzgado de Lo Contencioso 4 de Alicante, que dictó sentencia en diciembre de ese año estimando parcialmente la demanda, pues dejaba la sanción en tres meses. En ese momento el médico ya había cumplido 9 meses de suspensión de empleo y sueldo.

"Al haberse cumplido en exceso los tres meses impuestos en virtud de la sentencia, se solicitó la ejecución provisional para que se repusiera a mi patrocinado en su puesto de trabajo"

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"Al haberse cumplido en exceso los tres meses impuestos en virtud de la sentencia, se solicitó la ejecución provisional para que se repusiera a mi patrocinado en su puesto de trabajo", señala el letrado, dictándose auto de fecha 28 de julio de 2022. En octubre, el abogado reiteró al juzgado la petición de ejecución provisional "ante el incumplimiento de la Administración para reponer a mi cliente (...) Ya eran 26 meses de efectiva y real privación de empleo y sueldo sin justificación alguna e incumpliendo no solo el mandato judicial". En marzo de 2023 el TSJCV dictó la "urgente y necesaria ejecución de sentencia".

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El pasado 22 junio el propio médico interpuso una denuncia ante el juzgado de Instrucción contra la directora del Servicio de Emergencias, por los delitos de desobediencia judicial, prevarición administrativa y delito contra los trabajadores. Pedía que se le llamase a declarar a ella y a la responsable de Recursos Humanos de Sanidad.

Ejecución de sentencia

En julio pasado el letrado presentó ante el juzgado de Lo Contencioso Administrativo 4 de Alicante otro escrito reiterando la petición de ejecución de sentencia y pidiendo la inadmisión de un escrito que presentó la directora de Emergencias del Botànic.

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Asimismo, solicitaba con carácter de urgencia que "se proceda a requerir para que de forma inmediata la Administración proceda al pago de los emolumentos dejados de percibir, conforme al cálculo efectuado, que no ha sido impugnado", y que se cifra en 120.502,64 euros.

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"En la actualidad -dice el abogado en el escrito- la situación es extremadamente grave para mi cliente y su familia al mantenerse una situación de ausencia total de ingresos de forma injustificada e injustificable desde el 6 de septiembre de 2021 hasta el momento actual. La reincorporación acordada en ejecución provisional ha sido burlada por la Administración porque pese a estar trabajando desde el 6 de febrero de 2023 aún no se ha procedido al pago de retribución alguna, lo que ha abocado al lanzamiento de la vivienda por impago ocupada por su exmujer y su hijo al no poder atenderse las mensualidades por alimentos".