La instructora pregunta al Ayuntamiento de Alicante si se siente perjudicado por el caso pérgola

El Ayuntamiento de Alicante tiene que posicionarse en el caso pérgola. Ya no bastará con que el gobierno municipal, liderado por Luis Barcala, muestre su "respeto" por la justicia a la hora de ser cuestionado por el procesamiento de dos de los pesos pesados del PP durante el pasado mandato, Manuel Jiménez y José Ramón González, ni con que desee "celeridad" en el proceso. Ahora tendrá que decir si el Ayuntamiento de Alicante ha sido (o no) perjudicado por los contratos adjudicados para actuaciones en la partida de La Alcoraya, que han dado forma al caso pérgola.

Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, ha dado traslado al escrito presentado por los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero en el que solicitan que se "efectúe el ofrecimiento de acciones civiles y penales" al Ayuntamiento de Alicante. En esa respuesta, el gobierno deberá decir si considera que el Consistorio ha sido perjudicado con la gestión de unos contratos que se tramitaron durante el pasado mandato, con el PP de Barcala al frente del Ayuntamiento. Este trámite supone que el foco se sitúe ahora en el alcalde de Alicante, que ha intentado mantenerse al margen del procedimiento judicial, más allá de lamentar públicamente que la polémica, en un primer momento, afectase al entonces concejal Jiménez, al que públicamente llegó a agradecer "infinito" su "labor en el equipo de gobierno y para Alicante durante cuatro años".

El caso pérgola aboca al banquillo a los exconcejales Jiménez y González y a dos jefes de servicio

Esta providencia de la magistrada, que también recoge los recursos ya presentados por Jiménez y el jefe de servicio de Partidas Rurales (también se espera el trámite de los otros dos afectados), se conoce una semana después de que ordenase el procesamiento de Manuel Jiménez y José Ramón González, concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante durante el pasado mandato municipal por presunta prevaricación administrativa, además de los jefes de servicios de las áreas que dirigían (Partidas Rurales e Infraestructuras). A su vez, archivó el caso para el propietario de la empresa que construyó la infraestructura en la partida de La Alcoraya y el funcionario que supervisó los trabajos. Así constaba en el auto de incoación de procedimiento administrativo, fechado el 4 de septiembre.  La prevaricación administrativa, según el Código Penal, acarrea penas de inhabilitación para empleo o cargo público de nueve a quince años. "Los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ámbito geográfico y plaza coetáneos en el tiempo y que debieron ser parte de un mismo proyecto de ejecución más amplio pues formaban parte de una unidad funcional debiendo acudir al concurso público para adjudicar contratos como se hizo con el circuito biosaludable", según la instructora de la causa, que también fue la encargada de procesar en su día a Gabriel Echávarri por fraccionamiento de contratos.

Indicios de omisión

En el caso pérgola, según la jueza, "consta indiciariamente que hubo una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importes en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor". "Todo ello permite calificar indiciariamente y sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de la prueba en el juicio oral, la actuación administrativa como arbitraria", agregó Carrascosa, quien concluyó que "el resultado materialmente injusto se ha producido al margen de que los trabajos encargados se ejecutaran y que el precio fuera ajustado a los de mercado en atención a sus características, simplemente en cuanto que se ha beneficiado а un profesional elegido por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".

El edil de Alicante Manuel Jiménez adjudicó a dedo el contrato de una obra a la empresa que realizó reformas en su vivienda

Para la instructora de la causa, "la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho".

La jueza, tras la fase de instrucción, subrayó que se aprecia "la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto, pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece".

Además, agregó que "los motivos de urgencia no acreditados no justifican no acudir a la libre concurrencia pública legalmente exigida, que es precisamente el resultado materialmente injusto producido, en cuanto ha impedido o se ha vetado el acceso de otros profesionales capaces de llevar a cabo las mismas funciones y ejecutar las mismas obras proyectadas por el Consistorio". 

Contratos para La Alcoraya

La información desvelada por este medio a mediados del pasado mes de abril desvelaba que el entonces concejal Manuel Jiménez había adjudicado a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de La Alcoraya por 44.379 euros a la misma empresa que le había hecho obras en su casa, con cuyo propietario comparte hoguera y quien también fue investigados en este procedimiento. El contrato para la construcción se pagó desde el área de Infraestructuras, aunque se gestionó desde Partidas Rurales.

Los dos exediles del PP de Alicante y los técnicos del caso pérgola recurrirán su procesamiento

Al tratarse de una actuación que no estaba entre sus competencias, Jiménez tuvo que externalizar previamente la redacción del proyecto, lo que supuso un coste de 5.820 euros que las arcas municipales. El contrato fue para una mercantil dirigida por un hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Además, la concejalía que dirigía Jiménez también promovió a finales de 2022 la colocación de un panel informativo, en el citado escenario, con el nombre de la partida rural y la leyenda "Ayuntamiento de Alicante". Ese cartel se incluyó en un nuevo contrato menor que se adjudicó a la empresa del presidente de la hoguera del exedil. El coste total de la adjudicación fue de 11.519 euros por el suministro de cinco paneles identificativos para la Alcoraya, Moralet, El Rebolledo, La Cañada y Verdegás.

A finales del año 2022, el Ayuntamiento había invertido más de 130.000 euros en actuaciones vinculadas con la Alcoraya, entre la pérgola (con la redacción y la construcción), la reparación del escenario, la construcción de un itinerario biosaludable (el único proyecto que no se gestionó con contratos menores) y la colocación de uno de los cinco paneles. De esos contratos, tres fueron gestionados (aunque solo dos pagados) por el área de Partidas Rurales y todos ellos, tanto la redacción del proyecto como la construcción de la pérgola, así como el suministro de las señales informativas, fueron adjudicados a empresas dirigidas por personas con peso en el mundo de las Hogueras y con vínculos personales con el edil Jiménez.