Vox pone el foco en Alicante

No hace tanto tiempo, aunque en política pueda parecer otra vida, Javier Ortega Smith controlaba Vox con mano de hierro. No protagonizaba espacio en los medios de comunicación por enfrentarse a la policía en actitud chulesca ni por lanzar botellas de agua a rivales políticos. No. Entonces, hacía y deshacía en la organización política liderada por Santiago Abascal desde el cargo de secretario general. Eran, por tanto, tiempos de vino y rosas para sus acólitos en Alicante. Al frente del grupo, Ana Vega, que en aquella etapa era la síndica de la formación ultra en las Cortes Valencianas y la presidenta del partido en la provincia (cargo que aún mantiene, aunque todo apunta a que con caducidad). Su marido, Mario Ortolá, también tenía su relevancia: era el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, un grupo más que necesario en la busca de mayorías para el bipartito de PP y Cs encabezado por Luis Barcala. 

Todo empezó a cambiar hace un año. Abascal, para sorpresa de la mayoría, decidió apartar a Ortega Smith en octubre de 2022, en la previa de las municipales y autonómicas del 28M. Ahí arrancó la caída en desgracia de sus afines, que se ha evidenciado especialmente esta semana con el relevo de Ana Vega como síndica de Vox en las Cortes. Era, hasta ahora, la única mujer que sobrevivía en el cargo en el Parlamento valenciano, ya que tanto PPCV, PSPV como Compromís habían ido colocando a hombres en esa responsabilidad tras los cambios derivados de las últimas citas electorales. Desde un año antes de las autonómicas de mayo, en una imagen nunca vista en las Cortes, todas las portavoces de los grupos eran mujeres. Hoy ya no queda ninguna. La alicantina presumió días antes de su cese de ser la única superviviente. Poco le duró. El mensaje en redes sociales (borrado), como el cargo, ya son historia (será oficial el 1 de enero).

También era la única persona en el ámbito autonómico procedente de Alicante con peso específico en Vox. Los tres consellers de la formación ultra están ligados a Valencia, ya sea por nacimiento o por elección vital: el vicepresidente Vicente Barrera, José Luis Aguirre y Elisa Núñez. Mientras, Llanos Massó, la presidenta de las Cortes, segunda autoridad en la Comunidad tras el presidente Carlos Mazón, irrumpió en la política desde Castellón. La única alicantina, por tanto, en un puesto de peso en manos de Vox era Ana Vega, que tras ser sustituida por José María Llanos pasará a ser la adjunta, la «número dos». Se trata de un forzado paso atrás de la que fuera cabeza de lista a las autonómicas por Alicante, que llevaba como síndica de Vox desde 2019, dos años después de afiliarse. En su currículo político, al menos hasta ahora, Vega presumía de haber colaborado «activamente con Javier Ortega en procedimientos judiciales». Esos hilos la catapultaron y ahora han sido determinantes en su relevo.

Esta decisión no sorprende. Tenía que llegar más pronto que tarde. Vega no es de la cuerda de Ignacio Garriga, el actual secretario general, ni tampoco de Jorge Buxadé, mano derecha de Abascal. Ni es la primera ni parece que será la última. Ortolá ya fue apartado del cartel electoral en las municipales de mayo. El alicantino pasó de ser el alcaldable en 2019, portavoz municipal de Vox durante el posterior mandato del bipartito de PP y Ciudadanos y, por consiguiente, rostro más reconocible de la formación ultra en la capital alicantina a tener que dejar el espacio electoral a una total desconocida en la política local, la también abogada Carmen Robledillo. Entonces, Ortolá también fue desplazado a «adjunto». 

Inminente

Robledillo, Ortolá y el resto de integrantes del grupo municipal, al margen de los ajustes internos en un partido que se dirige desde Madrid, en una estructura totalmente vertical, volverán a ser objetivo de los focos. Y no, al menos por ahora, por maniobrar para entrar en el gobierno local.  

Será porque Barcala pondrá la mirada sobre ellos. Ya fueron noticia cuando permitieron la creación de un gobierno paralelo, sobre el que por ahora han tenido poco que decir: los tres cargos ya aprobados (los dos coordinadores y la directora general del PGOU) han sido puestos por el PP. Ahora lo serán de nuevo porque el gobierno local pretende aprobar el presupuesto de 2024 a principios de año. Tarde, como siempre. Para conseguir un objetivo en el que fracasó este 2023, todo apunta a que los populares necesitarán de la participación de los ultras, ya que ningún partido de la izquierda parece indicar que vaya a ser el salvador de las cuentas. 

Por ahora, nada se sabe de la postura de los ultras. Solo se conoce la línea roja que, en la versión oficial, fue el motivo por el que ya rechazaron desbloquear el presupuesto de este 2023, año electoral: la implantación de la zona de bajas emisiones. Ese «no» llegó después de que Vox fuera clave en la aprobación del resto de cuentas en el mandato del bipartito. 

Barcala, sabedor de que necesita a Vox para superar los asuntos de rango plenario, lleva meses insistiendo en que cuando se ponga en marcha la zona de bajas emisiones, una herramienta obligada por ley que debería estar en vigor desde principios de 2023, no habrá restricciones al tráfico, pero en Vox dicen no fiarse. Alegan que en el documento que se envió a Europa para solicitar financiación para las obras vinculadas (desde la peatonalización de Constitución a la reurbanización del frente litoral) sí se hablaba de que el «acceso restringido supondrá una disminución considerable de vehículos de quema de combustibles fósiles, es decir, que emiten un gran porcentaje de gases de efecto invernadero».

Si esa línea roja no se sobrepasa, la aprobación de los presupuestos con el aval de Vox puede estar en el aire por segundo año consecutivo. Y es que el proyecto de las cuentas para 2024, que ha recibido el visto bueno de Intervención esta misma semana, hace alusión directa a la zona de bajas emisiones. Entre los proyectos a financiar figuran obras pendientes de terminar como Mártires de la Libertad, Explanada y el eje Marvá-Gadea, pero también destaca una partida para la «implantación de la zona en el anillo de Gran Vía», con un coste próximo al millón de euros. 

En días, con el nuevo año, Vox tendrá que posicionarse: o mantiene su línea roja o afianza su alianza con el PP, tras su apoyo al gobierno paralelo y a la carrera profesional diseñada por Barcala. Y lo hará en un nuevo contexto: siendo gobierno en la Generalitat, en València y en Elche, y en pleno ajuste de cuentas desde Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo