Benidorm asumirá este año los 837.000 euros del impuesto estatal de la basura que sí repercutirá a los vecinos en 2024

El Ayuntamiento de Benidorm tiene que afrontar en 2023 el pago del nuevo impuesto de residuos aprobado por el Gobierno de España por llevar la basura al vertedero de El Campello. Un gasto de 837.000 euros este año que está a punto de acabar que el gobierno local ha decidido hacer frente con los ahorros del consistorio de 2022.

La concejala de Hacienda, Aida García, explicó que el área Económica ha preparado una modificación presupuestaria para pagar con fondos propios esos 691.997,10 euros a los que hay que sumar 145.319,39 euros más en concepto de IVA. En total, 837.316,49 euros más que el año anterior por el mismo transporte y tratamiento de residuos y que debe abonarse ya, según la edil.

Esta modificación presupuestaria se ha incluido a primera hora de esta tarde en una ampliación de convocatoria del pleno que se celebrará el próximo lunes. La edil indicó que el Gobierno de España "lo único que hace es obligarnos a pagar más por llevar la basura al vertedero de El Campello". Un gasto al que hay que hacer frente en 2023 con recursos del Ayuntamiento ya que no se repercutirá en los vecinos este año.

Pero no será así en 2024. Este nuevo impuesto se incluye entre los diferentes conceptos que se pagan con la tasa de basura que abonan cada año los vecinos. Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento aprobó una subida de este recibo de un 72 % para el próximo año a pesar de las protestas de los vecinos que incluso han convocado una concentración este domingo para protestar contra este incremento junto al del IBI. En ese nuevo importe a abonar ya estará reflejado ese incremento en lo que el consistorio paga por llevar la basura al vertedero de El Campello.

Los vecinos de Benidorm se lanzarán a la calle para protestar contra la subida de impuestos

Ese nuevo impuesto se deriva de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que "no solo se limita a crear un nuevo impuesto por rechazos de residuos a vertederos, sino que además establece que deben pagarlo las empresas que gestionan esos vertederos y después facturárselo a los municipios". Por eso, además de pagar el importe del impuesto, los municipios tienen que pagar también un IVA, "por lo que el atraco es aún mayor", indicó Mayor.

La edil explicó que "aunque la Ley 7/2022 habla de una moratoria de hasta tres años para que los municipios adecuen sus tasas de basura para asumir esos nuevos gastos impuestos, no hay moratoria a la hora de exigir su cobro, porque de hecho los Ayuntamientos ya tenemos las facturas de los tres primeros trimestres sobre la mesa y tenemos que desembolsar el dinero sin demora".

Una vez se liquide el importe del impuesto, "esperemos que el Gobierno de España también cumpla con su parte y notifique a los ayuntamientos que nos van a llegar fondos para la compra de contenedores, camiones y otros recursos que mejoren el servicio, porque este impuesto es finalista a pesar de que el año pasado no llegara ni un céntimo para mejoras".

La nueva legislación que obliga a subir el recibo

Como ya publicó este diario, la subida de la tasa de basura prevista para 2024 en Benidorm se aprobó para compensar el incremento de costes de los últimos años y para hacer frente tanto a esa ley estatal como a la autonómica. Los vecinos pasarán a pagar un 72 % respecto a la actual. Es decir, se pasará de 112,74 euros a 193,72 euros, cerca de 81 euros más por vivienda. El Ayuntamiento recauda actualmente por esta tasa 10,5 millones de euros. Con el incremento, se prevé aumentar ese importe hasta los 18,2 millones de euros, un importe que servirá para cubrir costes como el incremento aprobado por el Consorcio Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1, así como el importe que se ha de abonar por esos nuevos tributos regulados en la Ley nacional de residuos y suelos contaminados y la Ley autonómica de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunidad Valenciana. 

La responsable de Hacienda remarcó que "como ya dijimos en octubre, la nueva legislación de residuos impuesta por el Gobierno de España y por los anteriores responsables de la Generalitat, unida a los incrementos del precio de la energía y carburantes, dispara el coste del transporte y tratamiento de residuos". Con todo, sobre las quejas de los vecinos y los sectores productivos, "entendemos que la ciudadanía esté descontenta con la subida de la tasa de la basura que aprobamos en el anterior pleno, en la que por cierto ya se contemplan gastos como el de este nuevo impuesto estatal, pero el Ayuntamiento no puede seguir haciendo frente a estos incrementos con sus recursos propios como sí ha hecho en 2022 y 2023".

Así, García Mayor ha recordado que "en estos dos años el Ayuntamiento ha pagado más de 3 millones de euros para que no tuviera que hacerlo la ciudadanía ni el tejido productivo, que en este tiempo no han visto un solo céntimo de incremento en su recibo. Pero el colchón municipal no es infinito".