El Consell quiere decidir los permisos para los chiringuitos de la costa

Pistoletazo de salida a la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, informó ayer al pleno del Consell de que su departamento ha comenzado los trámites para elaborar una normativa "propia" en lo que respeta a la gestión territorial del litoral. "Queremos desplegar al máximo nuestras competencias para ordenar el territorio", expuso en la rueda de prensa posterior.

Durante su intervención, la consellera resaltó la importancia del litoral al recordar que en torno a un 15% del PIB se genera en la franja de 500 metros desde la ribera del mar, más del 70% de la población se concentra a menos de 10 kilómetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del litoral y en su franja costera hay 10 parques naturales o el 90% de las zonas húmedas relevantes. Estas cifras, indicaron, "justifican desplegar al máximo las competencias en un territorio de vital importancia para el desarrollo medioambiental, económico y social".

Así, desgranó que la futura ley logrará "que sea la Generalitat quien decida y autorice cuestiones como las concesiones administrativas, la hostelería de la costa, las actividades deportivas o el plan de temporada de playas". Entre estas medidas está, por ejemplo, señalar qué establecimientos pueden operar en este espacio y con qué límites como, por ejemplo, los chiringuitos.

"Será la Generalitat la que decida los usos permitidos y prohibidos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana", ahondó Pradas, quien reivindicó que esto conseguirá que, "por primera vez desde el ámbito autonómico", se aplicarán los usos del litoral y no se sitúan todos bajo la misma premisa porque, según explicó, "no todos los espacios tienen las mismas características, soportan la misma tipología de usos o requieren de las mismas intervenciones".

Salomé Pradas indicó que la futura norma no sustituirá a la Ley de Costas estatal sino que será un "complemento" que permitirá ser «más acorde a lo que necesitamos», lo que no evita que haya futuros choques.

Frenar los deslindes

La titular del departamento explicó que el Estatut da a la Generalitat las competencias en ordenación de territorio y que en este se ha de incluir la gestión del litoral. De hecho, citó sentencias favorables del Tribunal Constitucional con otras leyes autonómicas que beneficiarían el caso valenciano. Pero eso no asegura que la norma no acabe en una comisión bilateral futura con aviso de recurso por parte del Ejecutivo central.

En ese caso, Pradas aseguró que, si el Gobierno central plantea reparos, "nos defenderemos con la ley en la mano, la Constitución y el Estatut". No obstante, desde el PSPV, su síndica adjunta en las Cortes Valencianas, María José Salvador, avisó de que la propuesta que plantea el Consell "invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional como ha ocurrido en Galicia".

Salvador lamentó que utilizara a la Generalitat "como ariete contra el Gobierno de España" y criticó que la derecha «vuelva a su modelo de urbanismo salvaje, del que parece que no han aprendido nada". Asimismo, la dirigente socialista subrayó que el Pativel -una de las normas que Pradas admitió que se "reformulará" con la nueva legislación- "permite la protección del último tramo del litoral después de años sufriendo ese urbanismo salvaje del PP".

El posible choque de competencias no fue el único punto en el que Pradas mostró la tensión con el Gobierno central en lo relativo a las costas valencianas. Pradas criticó los deslindes en localidades como Dénia calificándolos de "injustos y arbitrarios", una situación que se incluirá en la ley. "Trataremos de contenerlos efectos de los deslindes", explicó al tiempo que mostró su apoyo a los vecinos y la presentación de "las alegaciones y recursos necesarios".

Así, la titular de Medio Ambiente y Territorio agregó que se identificarán como patrimonio cultural los núcleos urbanos y poblados históricos como imagen tradicional y paisajística de la fachada litoral valenciana. "El Gobierno de España quiere derribarlos y nosotros ponerlos en valor", sentenció.