El revés del Supremo a Costas da oxígeno a 900 propietarios de Arenales y El Pinet

Un balón de oxígeno. Eso es lo que han recibido en torno a 900 propietarios de primera línea de playa de Arenales del Sol y El Pinet. Todo después de que el Tribunal Supremo declarara nulo hace solo unos días el real decreto aprobado en agosto de 2022, por el que se modificaba el Reglamento General de Costas de 2014, y que, entre otras cuestiones, afectaba a los deslindes y a las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. La mayoría de los magistrados, tras un recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, consideraron que hubo omisión del trámite de consulta pública. 

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En lucha

Ahora bien, los propietarios de Arenales del Sol y El Pinet dejan claro que siguen con su lucha. De momento, en la reunión que mantuvieron este martes con el equipo de gobierno, el alcalde, Pablo Ruz, se puso del lado de los afectados y se comprometió a pedir una reunión urgente con la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para tratar de buscar una solución definitiva a los deslindes y las concesiones, y a tramitar la declaración de las casas de El Pinet como Bien de Relevancia Local, lo que permitiría su protección. 

Casos diferentes

De hecho, aunque tanto Arenales como El Pinet está afectados por la Ley de Costas, uno y otro caso son totalmente distintos. En Arenales, se amplía la concesión; en el de El Pinet, directamente ven posibilidades de poder volver a tener concesión. En ambas situaciones, en cualquier caso, consideran que lo que se ha venido haciendo es aplicar la legislación con carácter retroactivo, y lo que buscan es defender sus derechos como propietarios y tener un mínimo de seguridad jurídica.

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Años setenta

Las viviendas de Arenales, con 800 afectados, se construyeron en los años setenta del siglo pasado, cuando, por tanto, aún estaba en vigor la ley de 1969. Sin embargo, tras la aprobación de una nueva legislación en 1988 y el deslinde que se autorizó en 1997, esos edificios situados en primera línea quedaron incorporados al dominio público marítimo-terrestre. «Entendemos que es una aberración jurídica, porque va contra el derecho a la propiedad y, además, se aplica una ley con carácter retroactivo», señala el presidente de la Asociación de Afectados de Primera Línea de Arenales del Sol, el abogado Carlos Llorens.

Nueva ley

Posteriormente, en 2013, se aprobó una nueva Ley de Costas con un reglamento que vio la luz al año siguiente y que amplió el plazo de la concesión: si con la de 1988 eran 60 años desde el deslinde, con el reglamento de 2014, en casos como el de Arenales, se permitían 75 años más. Sin embargo, el reglamento de 2022 volvió a ser de nuevo más restrictivo y estableció que ninguna concesión podría superar los 75 años, señala Llorens. Así las cosas, con la anulación, vuelven a ganar tiempo: con el reglamento de 2014 podrían llegar a los 108 años a día de hoy, mientras que con el de 2022 los primeros 30 años vencerían en 2027, y les quedarían 45, con el matiz de que en ese se habla de plazos desde que se otorgó la concesión y en Arenales nunca se ha concedido formalmente.

Tramitación

De hecho, lo que los propietarios quieren es que, por fin, se tramiten los documentos que atestiguan que tienen las concesiones, de lo contrario, no se puede, por ejemplo, hipotecar el inmueble, porque se pueden vender, pero no registrar. «Estamos en un limbo jurídico desde 1997 y creo que los propietarios no nos lo merecemos. Hay mucha vigilancia sobre lo que hacen los propietarios sobre los edificios, pero no llegan las concesiones, cuando lo único que pedimos es seguridad jurídica», apunta Carlos Llorens. Ahora bien, deja claro que aceptan la concesión, pero sin renunciar a la propiedad. «Lucharemos hasta el final», apostilla.

El Pinet

La situación de El Pinet no es menos complicada, con en torno a 100 inmuebles. Como recuerda la presidenta de la Asociación de Propietarios de la Playa de El Pinet, Mónica García Quesada, ellos tenían una concesión desde los años cuarenta del siglo pasado, y la ley de 2013 y el posterior reglamento de 2014 les daba la oportunidad de acogerse a una prórroga. Eso es lo que solicitaron, con el matiz de que el plazo para pedir la prórroga se cumplía en 2018, poco antes de la aprobación del real decreto de agosto de 2022, «aprobado por sorpresa y con el que no teníamos ninguna garantía jurídica», puntualiza García Quesada.

Fue en ese momento cuando empezaron a llegar las contestaciones con la denegación de la prórroga de las concesiones una vez que recibió el plácet ese real decreto, aunque hubo alguna anterior. «Nos empezaron a llegar masivamente muchas de las respuestas con una carta modelo advirtiendo de que con el real decreto de 2022 quedaban denegadas las prórrogas», explica.

Hilo de esperanza

Ahora, tras la sentencia del Supremo que anula el reglamento, ven un hilo de esperanza, ya que consideran que eso les permite volver a pedir una prórroga de las concesiones. «Esta derogación nos da un balón de oxígeno, porque nos devuelve a la situación inicial y nos demuestra cómo se hacen las cosas en Costas, sin tener en cuenta que se trata de viviendas con una arquitectura tradicional, con unas costumbres propias y en un enclave que es único. Por eso, lo único que perseguimos es que las familias propietarias de esas casas no se vean desprotegidas».

Bien de Relevancia Local

Mónica García Quesada también celebra que el Ayuntamiento de Elche vaya a intentar promover la declaración de Bien de Relevancia Local. «Ya intentamos tramitarla hace 20 años, pero ahora el Ayuntamiento ha tomado las riendas y se lo agradecemos porque es la primera vez que vemos que un ayuntamiento y un alcalde son valientes y se preocupan por estos temas», afirma. Unas palabras que también suscribe el representante de los afectados de Arenales: «Agradecemos al Ayuntamiento que se haya tomado interés en este tema, porque nos hemos sentido desprotegidos durante muchos años», puntualiza Carlos Llorens.

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