Financiación propia para Cataluña

El pasado jueves, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, convocó a su gobierno para desarrollar las medidas que permitan gestionar los compromisos adquiridos por ERC con el gobierno de la nación con motivo de la investidura. Y, concretamente, encargó a la consejera de Economía, Natalia Mas, la elaboración de una propuesta de financiación singular y específica para Cataluña. Se pretende que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos “para acabar con el déficit fiscal”, que Economía (catalana) cifró en 22.000 millones de euros, solo en 2021. La pretensión es que Cataluña asuma toda la gestión tributaria, desde la recaudación y hasta la inspección. Naturalmente, se trata de una petición de máximos, y se sobreentiende que a este desiderátum habrá que aplicarle los criterios de equidad y redistribución que la Constitución establece.

En definitiva, lo que ahora se persigue es semejante al Pacto Fiscal que Artur Mas fue a plantear a Mariano Rajoy en 2012, cuando ya Cataluña estaba en una etapa de fuerte malestar, debido en gran parte a la sentencia del TC que limitaba el Estatuto de Autonomía aprobado por los catalanes en referéndum: un statu quo semejante al de los regímenes forales vasco y navarro. Rajoy, ocupado en otras cuestiones en aquellos momentos (estábamos en el fragor más intenso de la crisis económica), dio un portazo a Mas, y aquel desaire poco meditado fue uno de los desencadenantes del ‘procés’. Pero el PP —y esto parece haberse olvidado— rescató aquella idea en vísperas del 1-O de 2017, cuando era ya sin embargo demasiado tarde. A escasos días de la celebración del referéndum ilegal, el Ejecutivo desenterró el citado Pacto propuesto Mas e incluso se mostró abierto a reformar la Carta Magna para tratar de aplacar los ánimos y evitar el proceso secesionista a partir del 2 de octubre. Tal y como afirmó el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, “en 2012, estábamos en mitad de la crisis y la atención estaba puesta en evitar el rescate de España, pero ahora la situación ha cambiado, tenemos más espacio fiscal, hay una recuperación y eso abre nuevas oportunidades para la discusión […] Cataluña ya tiene una gran autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y otras cuestiones”. En concreto, el Gobierno planteaba conceder “más dinero y autonomía financiera” a la Generalidad, sin descartar el famoso Pacto Fiscal. Pero ya no hubo forma de parar el estallido.

Este recordatorio del comportamiento comprensivo del Partido Popular en aquella difícil coyuntura viene a cuento para prevenir la tentación de que la derecha democrática rechace ahora sistemáticamente la idea de revisar el modelo de financiación de Cataluña, que lógicamente supondría la revisión de todo el modelo hoy dibujado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que ha de ser adoptado por amplias mayoría. También es útil recordar —para que cada cual se ubique correctamente— que los constituyentes consideraron la posibilidad de que Cataluña fuera tratada como un “territorio foral” más, pero Jordi Pujol se negó, ya que pensaba que sería mejor para el Principado formar una de las comunidades autónomas de régimen general. Muchos años después, en 1996, Pujol y Aznar firmaron el pacto del Majestic, que contenía tres concesiones financieras del Estado a Cataluña: Cesión del 30% del IRPF a las autonomías; corresponsabilidad fiscal; capacidad normativa sobre los impuestos cedidos.

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Ahora, Cataluña reclama una reforma de la LOFCA, y está en su perfecto derecho (en realidad, la propia Ley prevé su revisión quinquenal, que no se ha hecho en una década). Otras comunidades autónomas que no han salido beneficiadas por el modelo actual están de acuerdo con emprender una negociación que restaure la equidad que, según algunos, se ha perdido. Nada impide que, por ejemplo, avancemos hacia un modelo federal en que el Estado perciba los impuestos necesarios para sus funciones (defensa, seguridad, política exterior, coordinación de los Departamentos, fondo de redistribución y nivelación, etc.) en tanto las comunidades recauden y gestionen el resto de los tributos. Avanzaríamos hacia un modelo federal, a la alemana, y quizá nos valiera la pena reformar también de paso el Senado. Se abre, en fin, un cúmulo de posibilidades. Y España seguirá sin romperse.

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