La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha aseverado hoy que prefiere no hablar de proceso de desescalada en la Comunidad Valenciana, en relación a la relajación de las medidas para frenar la covid que entran en vigor la próxima semana. La portavoz del Gobierno valenciano cree que utilizar ese término, el de desescalada, puede llevar "un imaginario colectivo demasiado precipitado y optimista de la situación pandémica", y eso es algo que, a su juicio, puede traer consecuencias negativas, como considera que ocurrió en verano.
Durante su comparecencia semanal posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta ha expresado que lo que se ha acordado es "limitar un poco las restricciones de forma muy prudente, muy poco a poco y muy cautelosa". Oltra ha dicho que en la modificación de esas restricciones supone "hasta donde podemos llegar en este momento", a lo que ha añadido que "no podemos hablar de desescalada porque dependemos absolutamente de la evolución de la pandemia, de los contagios la presión hospitalaria y de la ocupación de las UCI". Por ello, ha apuntado: "No sabemos si esto irá a desescalar o a volver a escalar, tal como dijo el presidente". A ese respecto a advertido que, "Si no somos prudentes y las cifras empeoran, tendremos que volver atrás".
Oltra también ha asegurado este viernes que la Generalitat está ultimando la vacunación de usuarios y cuidadores de pisos tutelados para que empiece "cuanto antes". Esa es una petición que, según ha explicado, ha trasladado reiteradamente a la Conselleria de Sanidad y la semana pasada también por carta al Gobierno, al considerar que estas viviendas también son ámbitos residenciales aunque tengan "forma de hogar". No obstante, ha asegurado que en todo momento se sigue el orden marcado por el Consejo Interterritorial de Sanidad, aunque ha insistido en que la vacunación debe tener "una mirada no solo sanitaria, sino también social".
Obras de interés
Durante la sesión plenaria de hoy, el Consell ha aprobado un decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para impulsar la ejecución de obras e infraestructuras necesarias para poder hacer frente a las necesidades creadas por la pandemia de covid-19. En concreto, se declaran de interés de interés general todas las actividades, obras e infraestructuras sanitarias, de tratamiento de residuos sanitarios y de servicios sociales de titularidad de la Generalitat o de su sector público.
En particular, se declaran de interés general las relativas a hospitales, centros sanitarios integrados, centros de salud, consultorios de atención primaria, centros de especialidades, centros de transfusión y unidades de salud mental, institutos de medicina legal e instalaciones de recogida, transporte, transferencia y tratamiento de residuos sanitarios, propias o contratadas.
Asimismo, también se declaran particularmente de interés general las actividades, obras e infraestructuras sanitarias referentes a residencias, viviendas y centros de carácter diurno, nocturno y ambulatorio del sistema público valenciano de servicios sociales.
El texto legal argumenta que la "excepcional gravedad y profundidad" de la crisis sanitaria que está atravesando la Comunidad Valenciana, al igual que el resto de autonomías y países del entorno, "exige que se remuevan con la mayor urgencia posible cualquier obstáculo que pueda entorpecer la puesta en marcha y el desarrollo de las medidas de recuperación y, especialmente, de los proyectos de infraestructuras en el ámbito sanitario, de tratamiento de residuos sanitarios y de servicios sociales".
En este sentido, se considera que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que facultan al Consell a aprobar este decreto ley.
