Los presuntos abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat es un asunto tan delicado como «deleznable», como lo calificó este martes el jefe del Consell, Ximo Puig, quien, además, rechazó su uso partidista, a sabiendas de que es como predicar en el desierto. De hecho, ya se ha convertido en un arma de confrontación política, la principal que abanderan los populares contra la gestión del Consell, en particular con el objetivo de horadar la imagen de la vicepresidenta del gobierno valenciano, y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís). El año se ha iniciado con el informe del Síndic de Greuges que revela que 175 menores (127 en acogimiento residencial), de entre los 4.000 tutelados por la Generalitat, han sido, presuntamente, víctimas de abusos sexuales. Si bien el expediente, que se refiere al periodo comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, señala que el 90% de las agresiones se han producido en el ámbito familiar de los menores y fuera de los centros de acogida, por personas del entorno de la víctima, la oposición no ha tardado en tachar de «escándalo» este asunto que ha elevado la crispación política.
El PP ha vuelto a pedir que las Cortes abran una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados por la Generalitat, además de exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades en el sistema de protección. Los populares también ampliarán con estos nuevos datos la denuncia que interpusieron a la Comisión de Peticiones de la UE pidiendo que investigue los presuntos abusos sexuales relacionados con centros de menores en la Comunidad Valenciana, según anunció su portavoz en las Cortes, María José Català. El PP intensificó su ofensiva contra la titular de Igualdad, Mónica Oltra, tras la sentencia condenatoria a su exmarido, educador social de un centro de menores de València, por abusos a una menor.
El jefe del Consell se pronunció este martes sobre estas presuntas agresiones sexuales que calificó de «actos deleznables» y aseguró que desde el gobierno valenciano se está trabajando para que no se produzcan y para que se persigan. Para Puig, los datos son «muy negativos» y al mismo tiempo critica la utilización partidista de estas cuestiones.
Compromís va más allá y acusa a la portavoz del grupo popular en las Cortes de manipular los datos con la única intención de atacar a Mónica Oltra y desprestigiar el trabajo de los profesionales de los centros de acogida y residencias, al obviar que el informe de la Sindicatura de Greuges señala que el 90% de las agresiones sexuales se produjeron fuera de allí, en el entorno familiar de las víctimas. El 9,7% de los abusos, un total de 15, sí que se habría producido en el centro residencial, aunque no se indica el autor de los mismos, lo que investiga la Fiscalía de Menores, donde se han remitido los casos detectados. El expediente revela que 88 personas presuntamente agresoras tenían parentesco con la víctima y que en 48 ocasiones la agresión se cometió por parte de otro menor. Y ninguno de los abusos detectados en ese periodo se habría producido por parte de un educador, según el mismo documento.
El diputado de Compromís Carlos Esteve tachó de «cacería» a la vicepresidenta del Consell la descontextualización de los datos del informe del Síndic de Greuges mientras que la portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Bastidas, lamentó que la formación valencianista defienda a Oltra «y no a los 175 menores que han sido abusados en régimen de acogimiento residencial o familiar». Bastida puso el foco en que se evalúen los protocolos para ver «qué está fallando» e indicó que lo que debe preocupar es que se produzcan esas agresiones sexuales independientemente del lugar en el que se registren.
La batalla política en torno a este delicado asunto tiene visos de mantenerse. Los populares han encontrado una estrategia que están convencidos de que les funciona para desgastar a uno de los pilares del gobierno del Botànic, la vicepresidente y líder de Compromís, Mónica Oltra. Mientras, el Consell trata de defender su gestión en los centros de menores que tutela poniendo de relevancia que el propio Síndic de Greuges indica el «esfuerzo» de la Conselleria de Igualdad en adecuar los protocolos para detectar nuevos casos y en formar a su personal con ese objetivo.
