Cambiemos solicita a la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, que convoque "cuanto antes" la Comisión de Vigilancia de la Contratación en el Ayuntamiento. Tal y como recuerda Javier Gracia, concejal de la formación, la necesidad de su constitución fue aprobada en la sesión plenaria del pasado 31 de marzo, a raíz de una proposición del grupo: "PP y Ciudadanos enmendaron nuestra propuesta, la modificaron y le restaron potencia, pero sigue siendo una comisión que, si se respeta, puede ser útil para la transparencia y un control más democrático del gasto y la contratación pública", ha señalado.

"Ya lo hemos trasladado en privado a la Alcaldía y hay buena predisposición", ha manifestado el edil, que también ha incidido en que "durante los últimos años venimos asistiendo a la caducidad sistemática de muchos contratos mayores, sin que se hayan iniciado los trámites para una nueva adjudicación", lo que, a su juicio, provoca "un doble perjuicio": por un lado, impagos de facturas en algunos casos e intereses de demora en otros, con consecuencias negativas para las arcas públicas; por otro lado, la imposibilidad de que las empresas presten el servicio por no haber partida presupuestaria adecuada, generando problemas graves como el que sufría el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Las basuras se han acumulado en los últimos días por las averías en los camiones sin que se pudieran reparar por la caducidad de un contrato que venció en febrero y la falta de un presupuesto adecuado. Las cuentas, al estar prorrogadas desde 2018, no se ajustan a las necesidades actuales y a estas alturas del año tampoco va quedando crédito para modificarlo de otras partidas.

Hasta que el equipo de gobierno se ha visto abocado a licitar un nuevo contrato, aunque se ejecutará en 2023, con una partida de 747.595 euros al año, contemplando incremento de un 20% por la subida de precios y la antigüedad de la flota.

Otro ejemplo reciente ha sido el servicio de comedor de la residencia Oriol, un contrato que llevaba vencido desde marzo de 2021, generando reparos por parte de Intervención municipal al pago de las facturas.

Así, Cambiemos defiende que "la comisión serviría para detectar este tipo de errores de previsión en cuanto a los vencimientos de los contratos para así minimizar el impacto negativo que genera el que se presten servicios sin el marco normativo adecuado".

Además, la comisión contribuiría a fiscalizar los contratos en vigor y a vigilar que las adjudicatarias cumplan sus obligaciones. Aunque "en algunas concejalías del PSOE se ha evidenciado la voluntad por corregir y mejorar", la formación se muestra preocupada por "el papel del equipo de gobierno en estas cuestiones, tanto ahora como después de la moción de censura".

En este sentido, Gracia ha recordado las investigaciones judiciales que afectan a concejales de Ciudadanos. El juzgado ha citado a Luisa Boné y Ángel Noguera como investigados en el contrato de mantenimiento de las zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa, un contrato vencido desde 2017, a raíz de una denuncia de Cambiemos a Anticorrupción.

La formación ha solicitado en varias ocasiones, al igual que el PP, la dimisión o la cesión de los ediles, mientras que el grupo socialista anunció una ejecutiva para tomar una decisión: "Incomprensiblemente, se mantienen en el gobierno, y nos parece preocupante", ha subrayado Gracia. "Más aún teniendo en cuenta que llevamos dos años avisando sobre las posibles irregularidades que planean sobre este contrato", ha añadido.