La Sindicatura de Comptes audita los contratos públicos del Ayuntamiento de Orihuela

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha informado a la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, del inicio de una fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad vigente durante 2022 en lo que respecta a la contratación pública por parte del Ayuntamiento.

El resultado será un informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión contractual durante el ejercicio pasado. Así, se ejecutará una auditoría con el fin de emitir una serie de conclusiones sobre deficiencias e incumplimientos legales relevantes, ya sea por fraude o error.

El Ayuntamiento ocupa sin contrato durante seis meses el parking de Los Huertos

En este sentido, el escrito de la Sindicatura recuerda que la administración local debe proporcionar acceso a toda la información necesaria como registros, documentación en papel o electrónica y otro material, así como a las aplicaciones, bases de datos y cualquier información adicional que se solicite.

Asimismo, añade, que el Consistorio deberá tomar las medidas oportunas para subsanar las deficiencias que se puedan poner de manifiesto.

Además, el Ayuntamiento deberá designar un coordinador del trabajo de fiscalización, al que se le remitirá un escrito de petición de documentación.

Después de la auditoría, el organismo de control emitirá un borrador previo que se discutirá entre el auditor responsable de la fiscalización y la dirección y personal designado de la entidad local. Le seguirá otro borrador de alegaciones para su trámite. Por último, se remitirá un informe final, que estará aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, tras el análisis de las alegaciones. 

Hay que recordar que en octubre Cambiemos señalaba que "el exceso y mala gestión de contrataciones mediante los métodos de adjudicación directa o contratos menores es un mal endémico del Ayuntamiento". Según la formación, que el 25 de abril apoyó la moción de censura de PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP del poder, tanto los populares como la formación naranja "desde 2015 vienen desplegando políticas de contratación opacas y que parecen más pensadas para aumentar el lucro de determinadas empresas antes que para garantizar la calidad de los servicios externalizados".

De esta forma, pedía a Gracia que constituyera la comisión de vigilancia de la contratación que se aprobó en el pleno de marzo a propuesta de Cambiemos. Para ello, es necesario que la alcaldesa realice una primera convocatoria con todos los grupos políticos para designar a los concejales que formarán parte de ella y determinar la periodicidad de las reuniones.

Cambiemos pide a Gracia que active la comisión para el control de las contrataciones

Un año después aún no se ha puesto en marcha. El concejal Carlos Bernabé critica que, "como casi todo lo que pasa en ciertos ámbitos, se hace lo que dice Ciudadanos y no la alcaldesa". El resultado, prosigue el edil de Cambiemos, es que "la contratación está funcionando igual de mal que con el gobierno anterior".

Esta comisión de vigilancia también se centraría en los contratos de mayor entidad, para velar por el buen empleo del dinero público. "Durante los últimos años venimos asistiendo a la caducidad sistemática de muchos contratos mayores, sin que se hayan iniciado los trámites para una nueva adjudicación", apunta la formación.

Esto provoca "un doble perjuicio": por un lado, impagos de facturas en algunos casos e intereses de demora en otros, con consecuencias negativas para las arcas públicas; por otro lado, la imposibilidad de que las empresas presten el servicio por no haber partida presupuestaria adecuada, generando problemas graves como el que sufrió en octubre el servicio de recogida de residuos urbanos, acumulándose la basura en las calles, sobre todo en Orihuela Costa.

Así, Cambiemos ha defendido que "la comisión serviría para detectar este tipo de errores de previsión en cuanto a los vencimientos para minimizar el impacto negativo que genera el que se presten servicios sin el marco normativo adecuado". Además, contribuiría a "fiscalizar los contratos en vigor y a vigilar que las adjudicatarias cumplan sus obligaciones". 

La falta de suministro paraliza la reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa

Uno de los contratos más problemáticos en cuanto a impagos y cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento y la mercantil que presta el servicio es el de mantenimiento de los viales y espacios públicos en la Costa, cuyo importe asciende a 766.136 euros anuales durante cuatro años.

Un servicio que se viene prestando con un contrato vencido desde febrero de 2017 -una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros- es el de la conservación de espacios verdes, parques públicos y arbolado en la Costa, del que se anunció en enero una nueva licitación, aunque aún no se ha publicado en el portal de contratación, que pasará de un presupuesto 860.000 euros anuales a 1,9 millones de euros durante cinco años no prorrogables. En total, casi 10 millones de euros para dar cobertura a los 2,5 millones de metros cuadrados (258 hectáreas) que ocupan las 213 zonas verdes del litoral (hasta ahora se cubre solo un 40%).

Por este contrato, además, el juzgado ha citado a los concejales de Ciudadanos Luisa Boné y Ángel Noguera como investigados, que deberán prestar declaración el próximo día 13, a raíz de una denuncia de Cambiemos ante Anticorrupción.