San Vicente revisará la ordenanza de las casas sociales para que los residentes se queden mas de 6 meses

Los servicios sociales de San Vicente del Raspeig ruedan desde hace una semana de la mano de una nueva responsable. El área es una de las patatas calientes del Ayuntamiento sanvicentero, y la falta de personal, el principal obstáculo para que la concejalía de Derechos Sociales (nueva denominación), en manos del PP, pueda dar soluciones a los sanvicenteros que recurren a ella.

La nueva la nueva edil, la popular Mariela Torregrosa, se ha marcado como una de sus princiapales prioridades el dotar del personal necesario a los servicios sociales. La edil es consciente de que el área tiene grandes necesidades y admite que la principal es esta, la de contar con los trabajadores suficientes, los 18 que marca el contrato programa del convenio con la Generalitat, para resolver con mayor agilidad los asuntos de los ciudadanos y desarrollar programas de ayuda y control, como el de absentismo o el de conductas adictivas, entre otros muchos.

En materia social, uno de los proyectos estrellas del anterior mandato fue la compra de viviendas para destinarlas a emergencia habitacional y al alquiler social y también lo fue la ordenanza que regulaba su uso. Actualmente cuatro familias con necesidades habitacionales están ocupando las viviendas, que durante más de 10 meses permanecieron cerradas. Y se debe en buena parte porque aparecieron desperfectos y las casas tuvieron que volver a ponerse a punto.

La concejala de Derechos Sociales ya adelanta que uno de sus objetivos es la modificación de la ordenanza, que se aprobó en mayo de 2020, para permitir que los usuarios no tengan que marcharse a los seis meses, el periodo de tiempo que estipula la ordenanza reguladora para dejar la casa y dar paso a nuevas familias.

25 familias en lista de espera

Actulamente, las viviendas sociales están ocupadas, aunque pasaron más tiempo vacías que el que habían estado anteriormente habitadas con las primeras familias. Fue a mediados de febrero pasado cuando entraron a vivir cuatro de las familias que estaban en la lista de espera. Esa lista es actualmente de 25 unidades familiares. San Vicente dispone de otras dos casas que se reservan para situaciones de emergencia social sobrevenida y urgente.

Una de las primera acciones de la concejala va a ser reunirse con el equipo de trabajadores que realizan el seguimiento de los usuarios para valorar el cambio de algunos aspectos y ampliar los plazos de estancia en las viviendas sociales. "Nuestro objetivo es llevar a cabo una modificación de la ordenanza que las regula para modificar el tiempo de estancia en las mismas", incide Torregrosa. Además, considera que la ocupación se va a llevar a cabo de forma ágil porque "actualmente hay un contrato de mantenimiento, por lo que el periodo de tiempo entre que sale una familia y entra otra será mínimo", indica la concejala.

"Queremos que el periodo de ocupación sea más largo porque si llega una familiar con una situación complicada en 6 meses no se le puede dar la vuelta"

Mariela Torregrosa

— Concejala de Derechos Sociales

"Queremos que el periodo de ocupación sea más largo porque si llega una familiar con una situación complicada en 6 meses no se le puede dar la vuelta", insiste la edil, que recalca que las usuarias son personas con situaciones personales muy complicadas "y tenemos que darles una estabilidad en todos los niveles".

Mantenimiento de las viviendas por 30.550 euros al año

Mariela Torregrosa adelanta que en los próximos meses se va a adjudicar el mantenimiento de las viviendas por un periodo de un año con posibilidad de dos prórrogas un año cada una uno. La cuantía de la licitación es de 30.550 euros por año.

La edil que acaba de incorporarse en este área, tiene experiencia de gobierno puesto que ya ha sido concejala de Juventud el PP entre 2011 y 2015 bajo la alcaldía de Luisa Pastor

Consciente de la importancia que tiene este área, en contacto directo con los ciudadanos, y en la mayoría de los casos, en situaciones muy delicadas, Torregorsa adelanta que el objetivo principal de la Concejalía de Derechos Sociales es dotarla del personal necesario "a la mayor brevedad posible". "Los recursos humanos son primordiales para poder llevar a cabo los programas que la ciudadanía necesita", y explica que está prevista la próxima incorporación de 6 personas: cuatro son Técnicos de Integración Social (TIS) y otros dos son Técnicos de Administración General (TAG).

Torregrosa explica que se trata de la oferta de empleo temporal que lanzó hace unos meses el Ayuntamiento que supone el intercambio con bolsas de trabajo de otros municipios para cubrir los huecos necesarios mientras que cubren definitivamente las plazas.

Con la incorporación de 6 trabajadores vamos a mover muchos temas y tengo esperanza de que podamos sacar adelante muchos programas"

Mariela Torregrosa

— Concejala de Derechos Sociales

"Con esta incorporación vamos a mover muchos temas y tengo esperanza de que podamos sacar adelante muchos programas. Por eso necesitamos esa parte administrativa que vamos a incorporar, lo que va a darnos un respiro", expone la concejala, que añade que se van a establecer prioridades para el desarrollo de esos programas "porque hay muchas cosas por hacer".

Uno de los trámites que sufren un colapso en los servicios sociales son las valoraciones de la Ley de Dependencia. Se ha llegado a tener una lista de hasta 400 personas esperando dicha valoración, actualmente la concejala señala que está en unas 300 y confía en que "en unos meses podamos eliminar la lista de espera". Su objetivo es que pueda ser una realidad a finales de año, "para entonces espero que podamos ver la luz", explica gráficamente.

La edil ya ha mantenido encuentros con el equipo de personas al que va a dirigir, y al que agradece su implicación. "El trabajo y esfuerzo que están realizando los funcionarios para conseguir este objetivo es extraordinario, de hecho, todo el personal de Derechos sociales está trabajando incansablemente para poder ofrecer la mejor atención a los ciudadanos".

Es una incógnita si los trabajadores retomarán las protestas de cada viernes ante el Ayuntamiento reclamando más personal. Con el inicio de la campaña electoral para las elecciones locales y regionales, los trabajadores de los servicios sociales paralizaron las protestas que habían iniciado en octubre pasado. La nueva concejala confía en obtener un voto de confianza de los trabajadores "porque los recursos humanos se están moviendo ya".