Citan a declarar al alcalde de El Campello por acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento

Cita con la Justicia para Juanjo Berenguer, alcalde del Partido Popular en El Campello, por presunto acoso laboral a una trabajadora del Ayuntamiento. La afectada es la exjefa en funciones del servicio del departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos, tal como se revela en el documento oficial del caso al que ha tenido acceso INFORMACIÓN y en el que se aportan varios detalles de la situación de "hostigamiento" y "acoso" que está dañando "gravemente a la salud tanto física como mental" de la empleada. 

El Juzgado de lo Social ha aceptado la demanda interpuesta por la trabajadora, que cuenta con 21 años de carrera profesional en el consistorio. Según señala el escrito, la empleada sufrió un intento de ser echada del despacho, así como "continuas disputas, presiones, desprestigios, humillación intimidación, faltas de respeto y dignidad", que han propiciado a crear "un entorno hostil y humillante" hacia la funcionaria durante los últimos dos años. 

La causa de este presunto mobbing radica en la decisión tomada por la trabajadora, que se negó a firmar contratos menores ante el riesgo de cometer posibles ilegalidades que le salpicaran directamente al estar su firma presente en los documentos. Su postura provocó que el alcalde "tomara medidas" contra ella, según se recoge en la demanda, motivo por el que la afectada pide 100.000 euros de indemnización por "daños y perjuicios morales".

Dudas antes de firmar los contratos

Según se señala en el documento, la funcionaria realizó una serie de consultas y planteó sus "dudas juíridicas" sobre los procedimientos y contratos que debía firmar, pero ninguna de sus solicitudes fue respondida. Debido a estos hechos, la demandante pidió amparo al Síndic de Greuges, entidad que emitió una "resolución de mala praxis del Ayuntamiento de El Campello" por no proporcionar seguridad jurídica a su empleada. Tras ello, el consitorio sí dio contestación a las cuestiones planteadas por la técnico municipal, pero de "una forma ambigua", tal como se explica en la nota judicial.

La denuncia expone que la trabajadora también experimentó otro tipo de presiones, como una "merma económica en la nómina", ya que no se le abonaron "retribuciones de ayudas asistenciales" que sí recibieron el resto de empleados que las solicitaron. Pese a la "activación del protocolo de acoso laboral en reiteradas ocasiones", la afectada denuncia que "el departamente de Recursos Humanos del Ayuntamiento" no la ha protegido "ante esta situación de acoso laboral, con una clara vulneración de derechos".

Debido a estos episodios, la trabajadora se encuentra de baja desde septiembre de 2022. Antes de que su médico se la prescribiera, la funcionaria también acudió a un psiquiatra que le puso un tratamiento en noviembre en 2021 en el que hoy todavía permanece. El especialista en salud mental le diagnosticó un "transtorno adaptativo mixto con ansiedad generalizada y estado de ánimo depresivo como consecuencia de estar expuesta a una situación de acoso laboral", que fue "ejercido por el alcalde de modo consciente", que con "clara intención de plasmar una supuesta incompetencia profesional", le asignó "funciones no correspondientes ni a su formación académica ni a su puesto de jefe de servicio de oficina técnica". 

Presiones a otros funcionarios

La cita judicial sobre este caso se celebrará en los Juzgados Sociales de Alicante, ubicados en el número 43 de la calle Pardo Gimeno, el próximo 8 de abril a las 10:40 horas. Ese día, deberán comparecer ambas partes, tanto el alcalde popular como la empleada municipal para arrojar luz a un asunto que ya fue denunciado por un sindicato, que en 2022, alertó de que se estaban produciendo "presiones", "amenazas" y "hostigamiento" hacia los funcionarios que, como en este caso, se negaban a firmar pagos de contratos menores.

Se trata del segundo proceso que salpica al alcalde de El Campello, que ha declinado hacer declaraciones al respecto y que en febrero deberá acudir a declarar por el caso de fraccionamiento de contratos, después de que la vista oral, programada para el pasado mes de noviembre fuera aplazada por temas de agenda.