Los afectados por la tragedia del geriátrico de Oliver de Alcoy exigen saber "qué trato recibieron los 74 fallecidos" por covid

Los familiares de las víctimas insisten en "la mala fe" de la concesionaria y cargan también contra la Generalitat por "ocultar información" hasta el punto de no dársela siquiera a un juez que se la está reclamando

Representantes de los familiares de los fallecidos, en su comparecencia este jueves.

Representantes de los familiares de los fallecidos, en su comparecencia este jueves. / Antonio Teruel

Los familiares de los fallecidos en la tragedia ocurrida en el geriátrico de Oliver de Alcoy en marzo y abril de 2020, en las primeras semanas de la pandemia de coronavirus, reiteran su exigencia de saber "qué trato recibieron los 74 fallecidos" por el brote de covid y "qué dignidad o cuidado se les dio" en aquellos momentos. Además, inisten en su voluntad de conocer "aspectos concretos" en cuanto a las condiciones que tenían las instalaciones, tanto en el aspecto dotacional como humano, "y cómo se organizaba el trabajo". Hasta ahora, recuerdan, "no nos han enviado nada" de toda esta información, reclamada por escrito de manera reiterada durante los últimos tres años y medio.

El predidente de la Asociación de Familiares de Afectados de las Residencias Domusvi de Alcoy y Cocentaina, José Luis García, ha comparecido públicamente este jueves, tal y como había anunciado, acompañado de otros dos miembros de la entidad, para mostrar su indignación ante el aplazamiento del juicio. Como informó este periódico, el inicio de la vista oral estaba fijado para el próximo 19 de febrero, pero la no remisión de toda la información solicitada por el juzgado tanto a la concesionaria del geriátrico como a la Conselleria de Sanidad ha llevado a su suspensión sine die. Una actuación premeditada, a juicio de los afectados, que insisten en esta argumentación.

Así, García ha recordado que ya en la audiencia previa celebrada en septiembre del año pasado se solicitaron una serie de informes tanto a la empresa como a las Consellerias de Sanidad e Igualdad. Los peritos contratados por esta parte tuvieron conocimiento de que la concesionaria disponía de una documentación más detallada sobre lo sucedido en la residencia durante el brote, entre ellos "los informes médicos de los afectados", por lo que solicitaron esos papeles para poder realizar su estrategia de defensa. Sin embargo, a estas alturas solo Igualdad ha remitido un informe, que entró en el registro del juzgado el 1 de febrero, es decir, hace apenas una semana.

Exterior de la residencia en marzo de 2020, cuando se estaba registrando el brote, en pleno confinamiento.

Exterior de la residencia en marzo de 2020, cuando se estaba registrando el brote, en pleno confinamiento. / Juani Ruz

Para el presidente de la asociación, esta falta de transparencia es una muestra de "la mala fe de la parte demandada y la complicidad de las administraciones". En este sentido, García critica que la Subdirección General de Dependencia y Personas Mayores únicamente les ha remitido un informe realizado a partir de una queja presentada por un sanitario del Hospital Virgen de los Lirios que acudió a la residencia de Oliver el 6 de abril de 2020 y que mostró su malestar por la situación. Sobre el resto de documentación, denuncia el presidente de los afectados, les dicen que "no está disponible".

Enfrentados a un gigante

Los afectados son conscientes de que en este proceso están luchando contra un gigante, y que la otra parte se aprovecha de sus limitados recursos. "Estamos hablando de un fondo de inversión internacional", lamenta García, que ha desplegado "una estrategia que tiene estudiada desde hace mucho tiempo", como es la de ir dilatando en el tiempo cualquier proceso, buscando el hartazgo de los otros y que arrojen finalmente la toalla. "Y a pesar de lo que ocurrió en la residencia de Oliver", añade, y de los 74 fallecidos, a la empresa "le han dado el contrato de gestión de la teleasistencia" en la comarca, "quitándoselo a Cruz Roja".

No obstante, las críticas son aún más profundas hacia la administración, porque la asociación no esperaba lo que tachan como una muestra de desidia absoluta hacia ellos. Lo han demostrado, en su opinión, impidiendo que haya una comisión de investigación sobre este asunto en las Cortes Valencianas. Para el portavoz de los afectados, "lo más increíble es que la Generalitat oculte la información y no sea capaz de dársela a un juez que se la reclama".

Homenaje realizado a las víctimas el año pasado.

Homenaje realizado a las víctimas el año pasado. / Héctor Fuentes

García ironiza con que "tal vez es que damos demasiada importancia a la muerte de 74 personas", al tiempo que reitera el profundo rechazo que suscita en los afectados el que en el proceso judicial solo participan familiares de 18 fallecidos. "Como si esos 18 fueran algo insignificante, o no tuvieran dignidad", denuncia. Con todo, muestra una cierta satisfacción por el hecho de que, al menos, la otra parte se ha visto sorprendida por la reacción de las familias que han decidido seguir adelante con la causa judicial, aunque se aproveche de su superioridad para negar toda la información.

Tres jueces para la misma causa en menos de cuatro años

La instrucción del caso está siendo llevada a cabo por el juzgado número 3 de Alcoy, por el que van ya camino de pasar tres jueces en menos de cuatro años, desde que comenzó el proceso. Así lo han recordado los afectados, que lamentan que esta circunstancia puede al final afectar de alguna forma a la investigación, o a que quien asuma el caso en última instancia no llegue a tener la misma información que el primero. El que era titular del juzgado en junio de 2020, cuando la asociación interpuso la denuncia, dejó la plaza después y fue sustituido por otra juez, quien ya les ha comunicado que también se trasladará a otro puesto próximamente.

Por otra parte, los familiares de las víctimas del geriátrico de Oliver muestran incluso alivio, hasta cierto punto, por que no haya que lamentar más episodios como este en Alcoy o en el resto de la comarca. No obstante, recuerdan que en toda España hubo "miles de personas en la misma situación": mayores, vulnerables por su salud y su internamiento en un centro, y que en muchos casos fallecieron en soledad.