Barcala aprueba los sueldos para el "gobierno paralelo" de Alicante con fuerte bronca sindical

Vox presume ante el Pleno de haber "eliminado por ahora" cuatro direcciones generales, mientras la izquierda carga con dureza contra el alcalde y la formación ultra y los sindicatos condicionan el debate con su protesta a favor de la carrera profesional: "Hay dinero para lo que quieren"

Los ultras se suman a la izquierda para crear una comisión para estudiar el impacto de las obras en Alicante y para bloquear un ajuste técnico del IBI

La Corporación apunta al Gobierno central para que el 24 de junio sea festivo autonómico y se divide en la defensa de la intermodal del TRAM

Alicante rechaza la promesa de gobierno del PSOE y Sumar en contra del recorte de vuelos cortos, aunque el Gobierno insista en que no afectaría al aeropuerto Miguel Hernández

PP y Vox votan a favor de las retribuciones para el gobierno paralelo de Alicante

PP y Vox votan a favor de las retribuciones para el gobierno paralelo de Alicante / Alex Domínguez

C. Pascual

C. Pascual

Entre una fuerte protesta sindical, el Pleno de Alicante ha aprobado las retribuciones para los miembros del "gobierno paralelo", una estructura aprobada por decreto por el alcalde, Luis Barcala, con dos coordinadores generales y diez direcciones generales. Lo ha hecho con el voto a favor de PP y Vox, entre protestas sindicales (con presencia del SEP y CCOO), con gritos y carteles como "Barcala se burla de la plantilla municipal" o "cumple tu promesa [con la carrera profesional]", y con la crítica de toda la izquierda, que ha votado en contra.

La primera voz en escucharse ha sido la del concejal de Hacienda, Toni Gallego, cuya intervención ha estado muy condicionada por los gritos de los sindicatos. "No tener esta estructura nos hacía estar en inferioridad con otras ciudades", ha asegurado Gallego, quien ha mantenido que el gobierno quiere que Alicante "compita en otras ligas".

Desde Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha presumido de haber reducido en cuatro, al menos "por el momento", las direcciones generales, en alusión a Servicios Centrales, Medio Ambiente, Cultura y Deportes e Innovación. "No voy a permitir la demagogia", ha apuntado Robledillo, en unas palabras también marcadas por las protestas sindicales.

Por urgencia, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, había incluido en el pleno la propuesta para aprobar las retribuciones de la nueva estructura directiva, diseñada con dos coordinadores y diez directores generales, tras el pacto alcanzado previamente con Vox, que contempla el nombramiento inmediato de los dos coordinadores generales (de estrategia municipal y gestión municipal) y de la dirección general de Planeamiento Urbano, que previsiblemente ocupará la hasta ahora directora de la Oficina del PGOU. Los nombramientos son competencia de la Junta de Gobierno, tras la creación por vía decreto de alcaldía de la estructura organizativa. Dejando al margen los cuatro puestos congelados por Vox, las direcciones generales que ya cuenta con retribuciones aprobadas son las relativas a servicios públicos, plan general de ordenación urbana, proyectos y obras, empleo, fomento empresarial y nueva economía, turismo, playas, comercio, mercados y fiestas, junto a bienestar social, educación, sanidad y familia.

Desde la izquierda, la socialista Ana Barceló le ha recordado a Barcala que lleva desde 2019 sin "cumplir la promesa con los sindicatos de implantación de la carrera profesional". "Usted va a delegar competencias a sus amigos, no a los más competentes. Quiere designaciones a dedo, no con un proceso selectivo", ha apuntado Barceló, quien ha asegurado que el alcalde ha impulsado esta estructura paralela "porque no tiene una hoja de ruta para Alicante".

Fuerte bronca sindical en el Ayuntamiento de Alicante

Alex Domínguez

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha cargado con dureza contra el PP. "Es el de siempre, ese sin escrúpulos. Lo traen por la puerta de detrás para crear un engendro político, un gobierno paralelo, con cargos a dedo", ha señalado Mas, con mensaje directo a Vox: "¿Cómo ha sido el pacto, señora Robledillo? ¿Diez para ellos y dos para ustedes? Venían a quitar chiringuitos y aprueban un gobierno de 1,5 millones de euros. Esto es un atropello, un pucherazo".

El concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha hecho suyo uno de los mensajes de los sindicatos: "Hay dinero para lo que quieren. El equipo de gobierno trae el acuerdo de la mano de Vox para sorpresa de nadie. Metan a Vox en el equipo de gobierno, como han hecho en València. Pero, ¿ustedes no venían a eliminar los chiringuitos? Se ve que cuando hay voluntad política los plazos se limitan. Nadie dice que no sea necesario reformar la administracion general, pero con consenso".

Sin ajuste del IBI, con comisión de las obras

Vox ha ido de la mano del PP para aprobar las retribuciones para los altos cargos, aunque previamente ha bloqueado el ajuste técnico del IBI, manteniendo el voto en contra que ya realizó en la comisión previa. Se trataba de una propuesta para introducir "aclaraciones sobre las bonificaciones por ser familia numerosa, concretamente, para que se entienda que aquellas que mantengan solo uno de los hijos en el domicilio dentro de la edad legal establecida tienen derecho de solicitar las bonificaciones fiscales municipales, ya que con la redacción actual no queda claro". Esta propuesta ha sido bloqueada con el voto en contra de toda la oposición. Sí ha salido adelante otra el ajuste del IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), que buscaba "la modificación del término 'minusválidos' por 'personas con discapacidad'", entre otras cuestiones. Pese a los intentos de la formación ultra, no se trataban de cambios fiscales para reducir esos dos impuestos.

Robledillo habla con Ortolá (en primer término), con Copé, de EU, luciendo una kufiya, el popular pañuelo palestino

Robledillo habla con Ortolá (en primer término), con Copé, de EU, luciendo una kufiya, el popular pañuelo palestino / Alex Domínguez

Esos mismos grupos, desde la izquierda en bloque a Vox, también se han unido para sacar adelante una comisión propuesta por el PSOE para "estudiar el impacto negativo que han generado las obras, que se han llevado acabo durante los últimos seis meses en la ciudad de Alicante, en el comercio y establecer medidas a implementar, resultado de dicho estudio, para minorar los efectos negativos que las obras han causado en los comercios". El objetivo de esta comisión es que finalice en un plazo máximo de seis meses desde su constitución, momento en el que que se presentará el dictamen correspondiente, según el acuerdo aprobado.

Por unanimidad, por su parte, se ha aprobado la otra comisión prevista por la oposición. En este caso, Compromís promovía una comisión "puerto ciudad" para "tratar los temas en los que la ciudad y el puerto se relacionen", además de "potenciar un canal de comunicación entre los miembros de la comisión y el Puerto". Este órgano ya se aprobó hace cuatro años, aunque solo se convocó en una ocasión en cuatro años, según ha lamentado la socialista Trini Amorós.

Ruegos y preguntas

En el transcurso del pleno, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha rechazado hablar sobre el polémico protocolo de seguridad antiterrorista, alegando que el Salón de Plenos no es el lugar para hacerlo por "motivos de seguridad".

Respecto a la pregunta de EU-Podemos sobre el futuro del proyecto de los macrodepósitos en el puerto, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, se ha limitado a decir que la voluntad del equipo de gobierno es el "rechazo a la instalación de veinte macrodepósitos en el puerto de Alicante", aunque ha admitido que la licencia en tramitación, un proceso judicializado por la empresa, es para la implantación de seis de los 18 contenedores previstos en un plan que llevó a que todos los grupos se unieran en 2018 en contra del proyecto. Recientemente, el Constitucional dio la razón al Puerto en contra del Consell, entonces gobernado por el Botànic, anulando la norma autonómico que impedía la construcción de los macrodepósitos. También en este tramo del pleno se ha hablado de la cita previa en las instalaciones municipales, de los mercadillos municipales, las promesas del gobierno local a la FAPA Gabriel Miró y las subvenciones perdidas por el Ayuntamiento.

Barcala, durante un instante del pleno de este jueves

Barcala, durante un instante del pleno de este jueves / Alex Domínguez

Turno de las declaraciones institucionales

Tras un breve receso para que la Corporación participase en un acto con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, el Pleno ha rechazado una propuesta de la izquierda por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. La iniciativa, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, incluía acuerdos como que el Pleno manifestara su "compromiso con las víctimas y ratifica su compromiso firme con la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como combatir cualquier discurso negacionista y que menoscabe la lucha contra la violencia de género u obstaculice las políticas públicas enfocadas a su total erradicación", además de buscar promover la aplicación de la "legislación vigente, una política municipal activa, integral, participativa y coordinada en favor de los derechos de las mujeres y contra las violencias hacia ellas", garantizándose también "la divulgación de los servicios de la Unidad Municipal de atención a las Mujeres víctimas de violencia de género, así como todos los recursos asistenciales y de protección para las víctimas, sus hijos e hijas".

Por unanimidad ha salido adelante la iniciativa para desarrollar un plan de salud mental.

Ya con el Pleno dividido, ha salido adelante la propuesta del PP, gracias al voto a favor de Vox, para pedir al Gobierno central que modifique la legislación de costas en "defensa" del litoral alicantino, incluyendo acuerdos como impulsar "una estrategia territorial concreta, con detalle de las actuaciones a desarrollar en caso de ser necesarias, para evitar o paliar el efecto regresivo que sobre nuestras costas causa el cambio climático", además de "suspender cualquier trámite que conlleve medidas restrictivas de derechos en aplicación de las novedades reglamentarias operadas tras la reforma del Reglamento en tanto no se efectúa lo previsto en el punto anterior" y solicitar "al Gobierno de España que colabore con el Ayuntamiento de Alicante en la elaboración y ejecución de proyectos cuyo objetivo sea la protección del territorio alicantino de la regresión de sus costas".

¿El 24 de junio, festivo autonómico?

Tras la polémica por la declaración del 24 de junio de 2024 como festivo autonómico recuperable, el Pleno de Alicante ha aprobado casi por unanimidad (solo EU se ha abstenido) una propuesta del PP para intentar dar solución definitiva a la falta de días para que San Juan sea siempre festivo completo. El primero de los acuerdos validados, el determinante, busca que el Ayuntamiento y la Generalitat de "forma conjunta planteen al Gobierno de España la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos".

Esta propuesta aprobada persigue una doble petición al Ejecutivo central, ahora dirigido en funciones por Pedro Sánchez. Se pretende la modificación del Estatuto de los Trabajadores para "ampliar un día el máximo legal de catorce, pasando a ser quince las fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable" y, además, la modificación del Real Decreto sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos para "proveer a las comunidades autónomas de un día de libre disposición para fijar un festivo autonómico a su libre elección".

En cambio, la propuesta del PSOE sobre el 24 de junio como festivo autonómico, ha sido rechazada, con los votos en contra del PP y Vox y la abstención de EU-Podemos. Esa iniciativa perseguía, según su redacción, instar -pasando por alto la legislación vigente que limita los festivos en catorce, incluyendo los dos locales- al gobierno del Consell de la Generalitat Valenciana "para que el día 24 de Junio sea declarado como festivo autonómico en 2024 y en sucesivos años para que Ia Fiesta de les Fogueres de Sant Joan se convierta en una cita ineludible y, con ello, mantener el impacto económico y social que representa para nuestra ciudad".

Al inicio de la sesión, la Corporación ha aprobado designar el día de Santa Faz y el 24 de junio de 2024 como festivos locales.

La intermodal, sin acuerdo

El PP y Vox, por un lado, la izquierda, por otro. Así se ha posicionado el Pleno de Alicante a raíz de las dos propuestas registradas por la izquierda en defensa el proyecto de la intermodal del TRAM promovido por el Botànic durante el pasado mandato. La propuesta del PSOE, rechazada por la derecha, incluía dos principales acuerdos: "El Pleno del Ayuntamiento de Alicante respalda el proyecto de construcción licitado en 2023 e insta al equipo de gobierno municipal a la firma del convenio pertinente con las Administraciones afectadas para iniciar las obras en el primer trimestre de 2024" y también "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a mantener su compromiso con la ciudad de Alicante, adjudicando, sin más dilaciones, el proyecto".

Por su parte, la propuesta de Compromís, también tumbada por la unión de PP y Vox, buscaba instar a la Generalitat Valenciana a "adjudicar de forma inmediata el proyecto actual consensuado de estación del TRAM y la firma de los convenios con Adif necesarios para poder iniciar las obras en el primer semestre de 2024", junto a "acordar en el seno de la sociedad Avant el diseño de la estación intermodal de Adif, para sacar a licitación su proyecto durante el año 2024".

En el debate, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan (PP), ha subrayado que "el anterior gobierno de la Generalitat fue incapaz de realizar las obras de la intermodal". "Seguimos sin tener la disponibilidad del terreno, creando falsas expectativas. Nosotros defendemos el proyecto íntegramente con el respaldo del Consell", ha apuntado el edil, que tras negar ningún "cambio de guion" respecto al proyecto en el seno del PP, se ha preguntado: "¿Va a pedir el Gobierno de la nacional un solo euro para que este proyecto pueda llevarse a cabo en Alicante?".

Vox, en su intervención, ha criticado "las declaraciones confusas de Barcala y Mazón", al respecto, invitando a los populares a "dar luz al proyecto, salvo que consideren que tienen una opción mejor". Desde la izquierda, la socialista Ana Barceló ha calificado al alcalde de "irresponsable" por sus dudas respecto al proyecto, mientras que la edil Sara Llobell (Compromís) ha criticado a Barcala por ser "cómplice en cargarse la principal inversión de la Generalitat en Alicante". "¿Por qué no dejan de poner palos en las ruedas?", se ha preguntado la concejala, en unas palabras a las que se ha sumado el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé.

Otros asuntos

Por otro lado, Vox se ha vuelto a unir a la izquierda en el pleno para dar luz verde a una iniciativa del PSOE para reclamar al equipo de gobierno de que abra "inmediatamente" la lista de espera del programa municipal de vivienda pública de arrendamiento general y la del Casco Antiguo, a pesar de la negativa del PP.

Con el apoyo de los populares, en cambio, los ultras han conseguido sacar adelante una iniciativa para pedir un incremento del personal, junto a la creación de una unidad específica al comerciante y al hostelero dentro de la Concejalía de Comercio y Hostelería. La izquierda se ha abstenido. PP y Vox se han vuelto a unir para rechazar una propuesta de Compromís para instar a la Generalitat a que declare la ciudad de Alicante como ciudad tensionada.

Los vuelos, para acabar

Para cerrar la sesión plenaria, la Corporación alicantina ha aprobado una iniciativa del PP, presentada por la vía de urgencia y respaldada por Vox, en contra del supuesto recorte de vuelos domésticos en el aeropuerto de Alicante-Elche. Este jueves, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha vuelto a asegurar que la propuesta, incluida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar a nivel nacional, no afectaría a los vuelos cortos de Alicante.

En la declaración, en la que se omite la parte del acuerdo entre el PSOE y Sumar en la que se marca como excepción las conexiones con aeropuertos "hub", se incluye una principal propuesta de acuerdo: "El Pleno de Alicante muestra su total rechazo a la medida que pretende aplicar el PSOE y Sumar sobre la prohibición de los vuelos cortos nacionales por perjudicar de manera directa a la ciudad de Alicante, al turismo, a su economía y al potencial de su aeropuerto, en constante crecimiento". La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox, pese al "no" de la izquierda en bloque.

En el debate plenario, la popular Mari Carmen de España ha calificado la medida como "nueva ocurrencia" de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Rectificarán o cambiarán de opinión, porque se pondría en riesgo 6.000 empleos en Alicante. Son rutas que mueven más de 260.000 usuarios en Alicante, que lastraría a la ciudad y eso no lo podemos permitir", ha señalado.

Barcala, como cierre, ha recordado el "desmentido" de la ministra de Transportes, lamentando a su vez que el subdelegado del Gobierno "saliera en echar un capote a PSOE y Sumar".

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha criticado a la izquierda por tener "una fijación obsesiva con la libertad de las personas". "Coger un vuelo comercial contamina, pero el Falcón va con compostaje de los contenedores marrones", ha ironizado el concejal ultra.  

Por su parte, la socialista Ana Barceló ha asegurado que "Alicante no va a perder ningún vuelo", por lo que ha pedido al PP "que dejen de confundir".

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha calificado como "tontería" la propuesta del PP. "Esta promesa no afectaría a la conexión con Madrid. Dejen de hiperventilar porque lo único que están es en contra del gobierno de España. Están cabreados porque no les gustó el resultado de las elecciones. Dejen de meter el miedo", ha apuntado.  

Desde EU, el concejal Manolo Copé ha subrayado que se trata de una cuestión de "comprensión lectora". "Se habla de reducción, cuando ustedes hablan de prohibición, y obvian que quedan exentos los aeropuertos hub, como Madrid. Dejen de hacer ruido, y empiecen a sumir que seguirá un gobierno de progreso en el Estado español", ha finalizado Copé.