El Ayuntamiento de Alicante incumple por noveno año consecutivo el reto de aprobar el presupuesto en tiempo y forma

En 2024, tampoco será. El Ayuntamiento de Alicante no podrá empezar el próximo año con el presupuesto aprobado en tiempo y forma. Ya no es novedad. Desde 2015, ningún gobierno municipal ha sido capaz de cumplir con un trámite que facilita, y mucho, la ejecución de los proyectos incluidos en el documento a lo largo del ejercicio presupuestario, así como el impulso de nuevas obras a través de remanentes de tesorería. El gobierno de Sonia Castedo, a finales de 2014, fue el último que dejó hecho los deberes de cara al siguiente año.

Pese a ser un repetido compromiso, el ejecutivo de Barcala no podrá cumplir con un compromiso que se le atasca. Ya son seis intentos en balde. Por ahora, el proyecto del presupuesto está todavía en fase de fiscalización por el área de Intervención, según confirman desde Alcaldía. Estaba previsto que ese trámite se cumpliera la pasada semana, pero el alto funcionario pidió una prórroga a los diez días hábiles de los que dispone por ley. Cuando Intervención dé el visto bueno, se deberá convocar una Junta de Gobierno, que podría ser extraordinaria para intentar agilizar los plazos. A partir de ahí, la oposición contará con seis días hábiles para plantear enmiendas, que luego tendrán que pasar por el filtro de la Concejalía de Hacienda.

Cuando los técnicos den el visto bueno, el gobierno local deberá convocar una comisión previa al pleno. Ahí, en ese trámite, fue donde se paralizó el recorrido el pasado año, ya que el gobierno de Barcala no iba a contar con el apoyo de ningún, ni siquiera de Vox, su aliado en cuestiones de calado como el presupuesto. En 2022, se envió a Intervención el texto el 2 de diciembre, para validarlo en Junta de Gobierno el 4 de enero. 

Luego, superada la comisión, ya llegará la previsible aprobación inicial por el Pleno, ya que 2024 no es año electoral, con lo que eso incluye a la hora de aprobar un presupuesto municipal. Ese trámite ya lo han cumplido en València, la principal ciudad de la Comunitat Valenciana. Fue el pasado 14 de noviembre. También tiene fecha ya la sesión plenaria del Ayuntamiento de Elche, fechada para este viernes, 22 de diciembre. En ambos casos, tanto en València como en Elche, los ayuntamientos cambiaron de color político hace seis meses, tras las elecciones municipales. Pese a eso, van más adelantados que el Consistorio alicantino.

En Alicante, el último presupuesto aprobado fue el relativo a 2022. Entonces, el texto se remitió a Intervención el 20 de diciembre de 2021. Un mes después consiguieron el visto bueno técnico, lo que permitió que el Pleno aprobase el documento el 16 de febrero de 2022, que no entró en vigor hasta el 31 de marzo.

Para 2021, el proyecto del presupuesto también llegó a Intervención antes de finalizar el año, aunque en esa ocasión sobre la bocina. El texto empezó su fiscalización el 30 de diciembre, quedando resuelto el trámite el 21 de enero. Casi un mes después, el 16 de febrero, se aprobó inicialmente en el pleno, por lo que no tuvieron validez oficial hasta el 26 de marzo.

Similares, y muchos peores, fueron los tiempos que Barcala manejó en sus dos primeros años como alcalde de Alicante, el primero gobernando en solitario y el segundo ya con Ciudadanos como socio. El presupuesto de 2019 entró en Intervención el 25 de enero, de donde salió con el visto bueno el 12 de febrero. La Corporación, a pesar de la cercanía con las elecciones, aprobó el documento el 11 de marzo, lo que permitió que Alicante contase con el presupuesto en marcha a partir del 17 de abril.

Un año después, el primero del pasado mandato, el gobierno de Barcala remitió el texto económico para su fiscalización el 24 de enero. Un mes tardó en superar el trámite y otro más en ser aprobado inicialmente por un Pleno que validó el texto definitivamente el 23 de mayo. Dos días después, entró en vigor.

Compromiso para el próximo mandato

El Ayuntamiento de Alicante ya ha puesto por escrito el compromiso de implantación de la carrera profesional, una herramienta que supondrá una subida salarial para la plantilla municipal en función de variables como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral. Se trata de una promesa electoral del por entonces ya alcalde, Luis Barcala, en 2019. Según la documentación relativa a la Mesa Negociadora convocada para este miércoles, donde se tendrán que posicionar tanto la parte política (donde la derecha es mayoritaria) como la social (donde los sindicatos díscolos con mayoría), la mitad de los diez millones comprometidos se tendrán que incluir en presupuesto durante este mandato, ya que se prevé una aplicación del 12% en 2024 (un millón de euros), de un 20% en 2025, de un 30% en 2026 y de un 50% en 2027 (cinco millones). Sin embargo, la otra mitad de los diez millones anunciados ya será un "legado" para el próximo gobierno, el surgido de las urnas en mayo de 2027, ya que el 70% se aplicará en 2028 y la totalidad no estará ejecutada, de cumplirse lo anunciado, hasta 2029.

Según la documentación, el acuerdo planteado debe condicionarse a cuestiones como "la aprobación del presupuesto 2024". Además, se indica que "para proceder al abono de las cantidades que son objeto de este acuerdo en el año 2024 deben estar desarrollados todos los factores contemplados en el reglamento en el primer semestre del próximo año", lo que será "imposible", según aseguran sindicatos. Por otro lado, entre los condicionantes puestos por el gobierno local se añade que "el plazo de ejecución podrá reducirse en un año siempre que el porcentaje del capítulo 1 del presupuesto municipal y de los organismos autónomos respecto a la suma del capítulo 1 a 5 no supere el siguiente porcentaje 43 %". "Esta revisión se realizará en el segundo semestre de 2027 para su posible aplicación en el año 2028", es decir, tras las próximas elecciones municipales.

Tras la manifestación del pasado sábado, impulsada por el SEP y CCOO, ambos sindicatos enviaron este lunes un comunicado. "Nos comprometemos con todos vosotros a seguir defendiendo lo que venimos haciendo desde mayo de 2019, que no es otra cosa que la implantación de una carrera profesional digna, con unas cantidades similares a las que perciben otros compañeros de ayuntamientos similares al nuestro y en el menor tiempo posible, sin olvidar que llevamos cuatro años esperando", añaden en el documento.

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