Un engaño que daña a Alicante

Una farsa, una pantomima, un trampantojo, que dicen ahora los amantes de la gastronomía. Un engaño a Europa, que ha destinado a la ciudad unos 15 millones de euros para obras de reurbanización vinculadas a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que el gobierno de Luis Barcala -con la inestimable presión de Vox, a la que el PP ha cedido sin rubor alguno- ha decidido vaciar totalmente de contenido. Y un flaco favor, también, a todos los alicantinos, sobre todo a los más jóvenes, que seguirán sufriendo durante años las consecuencias de un ejecutivo municipal que busca la rentabilidad inmediata (en forma de votos), con medidas (y declaraciones) populistas, en lugar de impulsar políticas valientes (con su obligada pedagogía) que, de verdad, transformen la ciudad y que sirvan para que Alicante sea un modelo, un espejo para otros, como ha conseguido por ejemplo Málaga en materia de innovación. Alicante, por su ubicación geográfica (y sus consecuencias), podría aspirar a ser una ciudad europea, moderna y amable, y no conformarse solo con ser un municipio en el continente europeo.

Porque, cuando se habla de implantar una ZBE, no se habla por obligación de que por las calles no puedan circular, de inmediato, vehículos con unos años de antigüedad simplemente porque sean de gasolina o diésel. No. Se trata de tener el arrojo de poner en marcha una estrategia a medio y largo plazo, de implantación paulatina, para mejorar la calidad de vida en la ciudad, reduciendo la contaminación del aire y también la acústica que genera el continuo tránsito de coches, en multitud de ocasiones simplemente que van de paso o que giran y giran en busca de un aparcamiento cada vez más escaso. Y para ello, obviamente, se debe ir reduciendo poco a poco el acceso de los vehículos más contaminantes al centro de la ciudad, como sucede en Madrid, la autodenominada capital de la libertad, sin ir más lejos. Allí, desde este 1 de enero, los coches «no residentes» con clasificación ambiental A (de gasolina matriculados antes del 2000 y de diésel previos a 2006) no pueden transitar por ninguna calle, ampliando así una limitación que se restringía hasta ahora al interior de la M-30, la conocida como «almendra central» de Madrid.

El Gobierno reclama a los municipios ejecutar las zonas de bajas emisiones si no quieren perder las subvenciones

Y porque cuando se habla de implantar una ZBE también se habla de apostar por ampliar, de verdad, las zonas peatonales (extendiendo por el municipio la retirada del tráfico de la avenida de la Constitución, que parece más un accidente que un proyecto maduro de ciudad) y por poner en marcha verdaderos aparcamientos disuasorios con conexiones reales del transporte público, accesibles y con frecuencias atrayentes para los ciudadanos, sobre todo para aquellos que visitan la localidad.

Y es que una ZBE es mucho más que multas por conducir por unas calles, como intenta defender el gobierno de Barcala para justificar una medida que prometió ante Europa, con todo lujo de detalles (listas negras, incluidas). Debe ser una estrategia de ciudad, una forma de gobernar, de intentar avanzar hacia un Alicante más amable, más sostenible, más moderno.