El exdirector general de CAM Roberto López Abad cosechó su primera condena firme de los cinco procesos penales que hasta ahora ha afrontado por la gestión de la CAM. Una pena de dos años de prisión y 31.500 euros de multa que el Supremo ha acordado tras rebajar en seis meses y 16.500 euros la impuesta por la Audiencia de Alicante por un delito de apropiación indebida agravada. Pendiente tiene otra condena a otros dos años de cárcel por los negocios de la CAM en el Caribe, actualmente recurrida ante Supremo, y un proceso aún en fase de instrucción por los supuestos pelotazos en la compra de terrenos que habría financiado la caja.
Al ex alto ejecutivo se le atribuye haber ideado la fórmula para que el último presidente de la caja, Modesto Crespo, percibiera indebidamente 600.000 euros en concepto de dietas. Un hecho que el propio Crespo admitió horas antes de comenzar el juicio tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitar la cárcel.
El pacto se zanjó con 9 meses de prisión, la devolución de lo indebidamente cobrado, que ya ha reintegrado y será reembolsado al Sabadell, y el pago de un multa de 9.000 euros. Pero dejó a sus compañeros de banquillo a los pies de los caballos.
Entre ellos se encontraban todos los miembros del consejo de administración, quienes aseguraron que nunca dieron el visto bueno a las supuestas dietas porque el asunto no se llevó a la reunión y fue incorporado posteriormente al acta.
En una sentencia hecha pública el lunes, de la que ha sido ponente el magistrado de Alicante Vicente Magro, el Supremo también ha confirmado las penas, aunque aplicando la misma rebaja de seis meses, para el resto de los exdirectivos condenados junto a López Abad por la Audiencia de Alicante. Ahí están el exsecretario del consejo de administración de la caja, José Forner, y los miembros de la comisión de retribuciones que validaron los pagos: el también vicepresidente Antonio Gil-Terrón y los exconsejeros Martín Sevilla y Luis Esteban. Todos ellos penados con un año de cárcel y multa de 13.000 euros frente a los 21.000 impuestos en la primera instancia.
El tribunal no ha tenido dudas de que «se articuló una artimaña de ingeniería societaria o abuso de la persona jurídica para burlar la clara prohibición estatutaria, para cobrar un dinero en contraprestación a un labor meramente representativa que era por definición gratuita y honorífica», en alusión al cargo de presidente.
Además de «absolutamente injustificadas» las dietas eran «excesivas en tanto superaban, hasta multiplicar por cuatro, los parámetros establecidos por la comisión de retribuciones para las empresas participadas». Y fue al frente del consejo de administración de una de ellas, Tínser, donde se situó al empresario ilicitano «como excusa o pantalla para encubrir formalmente la recepción injustificada de cantidades a cargo de la entidad, ocultando lo que en realidad era una apropiación de caudales de la sociedad, que se extraían del patrimonio social para incorporarlo a sus cuentas personales».
Una operativa que los magistrados califican como «una ideación criminal concertada del presidente de la CAM y del director general, así como de la comisión de retribuciones y el secretario del consejo (...) que acabaron permitiendo que Crespo cobrara injustificadamente una percepción ilícita y desproporcionada».
Sin ninguna duda sobre los hechos, la sala estima parcialmente los recursos solo en cuanto a la pena por una cuestión de «proporcionalidad» en tanto que la impuesta a quienes ayudaron a llevarse los 600.000 euros era muy superior a la que, en virtud del acuerdo alcanzado con las acusaciones, fue condenado quien se los acabó embolsando.
