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La reactivación crea 21.200 empleos en la provincia de Alicante pese a la caída de la industria

Servicios y construcción lideran la recuperación del mercado laboral en Alicante mientras el sector fabril pierde 11.000 ocupados en el segundo trimestre y marca su peor registro desde 2008, según los datos de la Encuesta de Población Activa

Una fábrica de calzado en Elda, uno de los centros de producción del sector en la provincia. | AXEL ÁLVAREZ

El mercado laboral alicantino recupera el pulso tras la debacle provocada por la pandemia, aunque no todos los sectores están respondiendo de la misma manera. Así, mientras el levantamiento del estado de alarma y la relajación de las restricciones han permitido que los servicios y la construcción alcancen ya volúmenes de ocupación similares a los que existían antes de la pandemia; la industria no deja de caer, acuciada por el encarecimiento de las materias primas o la debilidad de la demanda en algunos productos de consumo, como el calzado, y se encuentra, de hecho, en su nivel más bajo, al menos desde 2008.

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al segundo trimestre del año, que ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, entre los meses de abril y junio se crearon en la provincia 21.200 empleos, lo que sitúa la cifra de ocupados en 734.900. Son 33.300 más de los que había en el mismo periodo del año pasado, que coincidió con la etapa más dura del confinamiento, pero 47.900 menos de los que había en el segundo trimestre de 2019, antes de que el covid hiciera su aparición.

No obstante, a la hora de analizar estas cifras, también hay que tener en cuenta que el INE -al igual que la Seguridad Social- contabiliza como ocupados a los trabajadores en ERTE, que el año pasado llegaron a sumar más de 130.000 en la provincia frente a los 17.000 que quedaban en esta situación a finales del pasado mes.

Menos parados

Esta mejora del empleo permitió una reducción de 8.700 personas en la cifra de parados, que se queda en 160.600, mientras que el resto del aumento de la ocupación se corresponde con el incremento que ha experimentado la población activa. Es decir, son personas que en el trimestre anterior no tenían empleo, pero tampoco lo buscaban activamente, una de las condiciones para que el INE los contabilice como parados.

De esta forma, los datos reflejan una importante caída de las personas que declaraban dedicarse a las tareas del hogar con respecto al trimestre anterior, al pasar de 163.800 a 145.200.

Los buenos datos generales -que están en línea con lo ocurrido a nivel nacional, con la creación de 464.900 empleos, que deja la cifra total de ocupados en España en 19.671.700-, tienen, sin embargo, importantes matices. La parte positiva la presentan los servicios y la construcción. El primero de estos sectores, que engloba desde la hostelería hasta la sanidad o las empresas de servicios administrativos, sumó 23.100 nuevos trabajadores durante el pasado trimestre, fruto del fin de las restricciones y la reactivación del turismo. Un aumento que eleva la cifra total de empleos en este sector a 577.100, por encima ya de los 572.300 del mismo periodo de 2019.

De igual forma, la construcción ganó 9.100 ocupados, con lo que la media del trimestre asciende a 57.600, un volumen de empleo también muy cerca de los 57.900 de hace dos años, antes de que estallara la pandemia.

En el lado negativo de la balanza se sitúa la agricultura, que destruyó 200 empleos, lo que deja la media del trimestre en 16.800. Y, sobre todo, la industria, que redujo la cifra de trabajadores ocupados en 11.000 personas, hasta los 83.300, lo que supone el menor volumen de empleados en esta actividad desde el inicio de la serie que facilita el INE, que arranca en el primer trimestre de 2008.

Una situación que no pasó desapercibida ayer ni para los sindicatos ni para la patronal, que mostraron su preocupación por esta destrucción de empleo, que refleja el mal momento que atraviesa este sector y que está repercutiendo sobre sus trabajadores. «Una de las cosas que nos trasladan desde la Federación de Industria es que las fábricas no están llamando a los trabajadores fijos discontinuos», explicaba ayer el secretario de Empleo de CC OO l’Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos. Este sistema es el que suelen emplear sectores con producción estacional, como el juguete o el calzado.

«No es el momento para imponer reformas laborales que incrementen los costes de producción»

PERFECTO PALACIO - PRESIDENTE DE CEV ALICANTE

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En este último caso, la presidenta de Avecal, Marián Cano, recordaba la acumulación de problemas que sufre el sector. «La situación es muy complicada, por el incremento de costes en fletes y materias primas, y por el problema que hemos atravesado con la imposición de aranceles a la exportación a Estados Unidos. La demanda actual es muy baja y no esperamos que se recupere el nivel anterior a la pandemia hasta 2022», señaló Cano.

De igual forma, el secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia (Fempa), Luis Rodríguez, recalcó que «la industria está en un momento muy complicado con una marcada tendencia negativa: el último el índice de producción industrial reportaba un decrecimiento del 5%, hay escasez y encarecimiento exponencial de materias primas, así como de productos imprescindibles para algunos procesos de producción como semiconductores y microchips, y los costes de producción, destacando también la energía, se han disparado de forma inasumible para las empresas».

Una preocupación que también mostró el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, que hacía hincapié, a raíz de estos datos, en que «no es momento para imponer reformas en el plano laboral que incrementen los costes de producción; estamos atravesando una tormenta y lo principal ahora es mantener y generar empleo». Una postura, claro está, que contrasta con la que expresaron ayer CC OO y UGT, que, por el contrario, insistieron en la necesidad de elevar el Salario Mínimo Interprofesional, precisamente, para reactivar el consumo y, con él, la demanda.

«La mala evolución de la industria es preocupante. Habrá que estar vigilantes ante esta situación»

JOSÉ MARÍA RUIZ OLMOS - SECRETARIO DE EMPLEO CC OO L’ALACANTÍ

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Uno de los aspectos que más llama la atención es la diferencia entre los datos de la EPA y los de la afiliación a la Seguridad Social. Así, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2019 había unos 84.000 afiliados en el sector de industria manufacturera en la provincia, según este último organismo, mientras que la EPA recogía 124.900 ocupados. En el mismo periodo de este año, los cotizantes suman cerca de 80.000, unos 4.000 menos que antes de la pandemia, pero la EPA sólo contabiliza 83.300 ocupados, es decir, 41.600 menos. Un dato que podría indicar que quienes más han sufrido la falta de trabajo provocada por la pandemia son los trabajadores de la economía sumergida, que la EPA sí refleja al tratarse de una encuesta, y los datos de afiliación, no.

«Es preciso mejorar el escudo social, empezando por la protección frente al desempleo»

YOLANDA DÍAZ - RESPONSABLE EMPLEO UGT L’ALACANTÍ

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Empleo público

En cuanto al resto de datos que facilita la Encuesta de Población Activa, durante el pasado semestre todo el aumento de la ocupación se concentró en los trabajadores por cuenta ajena (+25.000), mientras disminuyó la cifra de autónomos. Y, entre los primeros, algo más de la mitad de los nuevos ocupados (12.600) correspondieron al sector público, que sumó durante el periodo una media de 122.600 profesionales; mientras que el sector privado creó 12.200 empleos, hasta alcanzar los 483.500.

Por otro lado, como ayer destacó Yolanda Díaz, de UGT, se mantiene una importante brecha de género. Así, la tasa de paro de las mujeres alcanza el 21,38% frente al 14,93% de los varones. A este respecto cabe señalar que, durante el pasado trimestre, la cifra de desempleadas subió en 5.500 mientras bajó el número de hombres parados en 14.200, algo que tiene mucho que ver con la incorporación a la búsqueda activa de empleo de muchas mujeres que suele producirse en esta época, cuando la reactivación del turismo ofrece mayores oportunidades de encontrar una ocupación, lo que se refleja en la caída del número de inactivos que se dedican a las tareas del hogar.

El Gobierno prorrogará el escudo social hasta el 31 de octubre

Entre las medidas que iban a caducar están las moratorias de alquiler o la suspensión de desahucios

El Gobierno ha decidido prorrogar las medidas que enmarca dentro del denominado «escudo social» para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en las familias y hogares hasta el 31 de octubre. Este paquete, que incluye desde la prohibición de los cortes de suministros de luz, gas o agua a consumidores vulnerables o la prórroga de los contratos de alquiler, finalizaba el próximo 9 de agosto. De hecho, ya se amplió el plazo más allá del final del último estado de alarma, el pasado 9 de mayo.

A esta decisión, que está previsto que apruebe el Consejo de Ministros del próximo martes, 3 de agosto, el último antes del periodo vacacional, se ha llegado tras «un trabajo conjunto y coordinado» entre los ministerios implicados, según confirmaron a este diario fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que encabeza Ione Belarra, de Unidas Podemos, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por el socialista Félix Bolaños, han concluido con el acuerdo para prorrogar el Real Decreto Ley 8/2021 para «garantizar la protección social de todos los ciudadanos».

Entre las medidas que expiraban el próximo 9 de agosto y que, si no se producen cambios, ahora se prorrogarán hasta el 31 de octubre, está la prohibición del corte de suministro de energía y agua, la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, así como la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y la ampliación del bono social para consumidores energéticos vulnerables.

Antes de acabar el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció una prórroga de estas medidas, que decaían el 9 de mayo, hasta el 9 de agosto, durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 14 de abril para dar cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el Ejecutivo a Bruselas el 30 de abril. Bolaños y Belarra ya tenían consolidada una relación previa, pues ellos fueron los que a finales de 2019 bajaron al detalle del programa de gobierno de la coalición tras firmarse el preacuerdo (el «Pacto del Abrazo») entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El Gobierno aprobó por primera vez este tipo de medidas el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia. Desde entonces se han ido aprobando prórrogas.

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