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Una década sin la CAM

La intervención de la entidad alicantina, que ya ha costado casi 12.400 millones en ayudas, supuso el inicio del desmantelamiento del sector de las cajas de ahorros

La sede de la CAM en la avenida de Óscar Esplá.

Llegó a ser la cuarta caja de ahorros de España, con más de 70.000 millones de activos, 6.500 empleados y más de un millar de oficinas que le dieron implantación en todo el territorio nacional. Era símbolo del dinamismo económico alicantino, toda una seña de identidad para la provincia y una de las pocas instituciones capaz de aglutinarla de norte a sur. Por eso, diez años después de su intervención por parte del FROB y del Banco de España, cuesta creer que ya no quede ni el nombre. El Sabadell, que se adjudicó el negocio financiero, lo suprimió en 2015, cuando sus responsables se hartaron de verlo arrastrado por los tribunales por los supuestos desmanes cometidos por los que fueran responsables de la entidad; y la ahora Fundación Mediterráneo hizo lo propio hace un año, también con el propósito de abrir una nueva etapa. La CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ya sólo es historia.

Una década sin la CAM DavidNavarro

Fue exactamente el 21 de julio de 2011 cuando todo se precipitó. La entidad había pasado unos meses frenéticos después de que sus socios de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura -que más tarde crearían Liberbank- decidieran romper con la caja alicantina al descubrir que el déficit de capitalización que arrastraba era mayor de lo que les dijeron. Sin embargo, dentro de la marejada, aquel consejo de administración no se intuía especialmente tenso. La semana anterior la CAM había suspendido los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea, pero, en teoría, las ayudas por valor de 2.800 millones que esperaba obtener del FROB serían suficientes para mantener la solvencia.

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Todo se precipitó durante el receso de la reunión. El presidente de la caja, Modesto Crespo; la directora general, María Dolores Amorós; y su predecesor en el cargo, Roberto López Abad, que oficialmente ya no formaba parte de la entidad pero seguía asistiendo a las reuniones, regresaron con la cara desencajada. El entonces director de la sucursal del Banco de España en Alicante, Luis Expósito, les había entregado una carta en la que el supervisor les instaba a aportar inmediatamente un nuevo plan de recapitalización viable y les amenazaba con las consecuencias de no hacerlo. Los consejeros se rindieron y al día siguiente, el 22 de julio, dejaron la entidad en manos del supervisor.

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La factura

Tras una subasta a la que sólo se presentó el Sabadell, el FROB acabó adjudicando el negocio financiero de la caja alicantina a la entidad catalana a cambio de un simbólico euro y de asumir parte de las pérdidas previstas, para las que también se previeron cuantiosas ayudas. Una década después, y cuando está a punto de expirar el Esquema de Protección de Activos (EPA) que se concedió al banco para ayudarle a digerir el ladrillo tóxico de la CAM, la factura resulta de vértigo.

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Hasta la fecha, el Fondo de Garantía de Depósitos ya ha abonado 12.393 millones de euros para cubrir las pérdidas que ha generado la liquidación de los créditos y negocios inmobiliarios y de todo tipo en los que se embarcó la entidad (5.249 millones de inyección inicial, y 7.144 por el EPA). Una cantidad a la que hay que sumar los 3.882 millones de provisiones que tenía la caja y que también se consumieron, y el 20% del EPA que asumía el Sabadell, que suponen otros 1.786 millones. En total, más 18.000 millones de pérdidas.

Un agujero enorme que vino marcado por la excesiva exposición de la CAM al sector inmobiliario, en el que sus gestores vieron la vía para engordar sus balances y que les llevó, por ejemplo, a financiar sin reparo la adquisición de millones de metros cuadrados de terrenos, muchos de ellos sin urbanizar. De Polaris World al fiasco del resort que preveía construir junto a Hansa en Cabo Cortés, en México, parecía que no había promotor ni macroproyecto urbanístico con el que la caja no tuviera relación.

Golpe para los empresarios

Aunque la desaparición de la CAM se enmarcó en un proceso en el que prácticamente se liquidó el modelo de negocio de las cajas de ahorros españolas, la intervención fue un duro golpe en el orgullo de al menos una parte del empresariado alicantino que, al fin y al cabo, estaba profusamente representado en su consejo de administración. «Podían haberse estudiado posibilidades menos traumáticas. Seguramente la situación de la CAM era mala, pero declaraciones por parte del presidente del Banco de España de que “era lo peor de lo peor” podían haberse evitado. Está claro que a la CAM se la dejó caer, cosa que no hubiese ocurrido en otras provincias o comunidades autónomas con más poder ante el Gobierno central», asegura el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera.

Lo cierto es que, por entonces, el Ejecutivo autonómico no estaba mucho mejor que la caja alicantina, si se tiene en cuenta que sólo dos días antes de la intervención de la entidad se había producido la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso de los trajes.

Sobre las consecuencias de la desaparición de la CAM, Riera señala que «la desaparición de una entidad limita, desde luego, las posibilidades de obtener créditos y financiación para los nuevos proyectos, y la cercanía de la CAM era un plus para los empresarios. Siempre sabías que el centro de decisión estaba en la propia provincia y tus interlocutores en la CAM también estaban aquí». Además, considera que fue un golpe para la imagen de la provincia en su momento, aunque, «afortunadamente, la decisión del Sabadell de instalar su sede oficial en Alicante palió algo el problema».

«La CAM hizo unas apuestas arriesgadas para las que no quedó otra salida que no fuese la intervención y su adjudicación al Banco Sabadell fue una solución a un problema que requería resolverse de forma urgente», apunta, por su parte, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, que se muestra más preocupado por la concentración que se ha producido en general en el sector financiero en este tiempo. «Después de estos diez años, se ha intensificado la tendencia a las fusiones bancarias y esto no es que haya lastrado la posibilidad de financiar proyectos, pero sí que es cierto que el riesgo que asumen las entidades más grandes, las fusionadas, es menor, y que, por tanto, las empresas, sobre todo las pymes, pueden ver restringida la oferta de fondos de financiación a los que pueden acudir», reflexiona el presidente de los empresarios alicantinos que, por otra parte, también señala que las fusiones aportan «servicios bancarios más eficientes para empresas y también para particulares».

Menos hipotecas

La que se muestra bastante crítica con la forma en que se abordó la reestructuración del sector financiero en general es la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, que recuerda que otros países, como Alemania, «protegieron sus cajas de ahorros, por el valor que aportaban a la sociedad y a la economía local».

Entre las consecuencias de no hacerlo, la experta destaca un endurecimiento en la concesión de hipotecas, que ha limitado el acceso a la vivienda a jóvenes y a las clases más desfavorecidas. «Las cajas de ahorros tenían mucha experiencia en este terreno porque en los sesenta y setenta se les dio el mandato de que financiaran la compra de vivienda. Eran entidades con mucha capilaridad, donde el director de la oficina conocía a los clientes y sabía los riesgos que podía asumir, los avales que podía pedía y buscar una solución para cada caso», recuerda Taltavull.

Con la toma de control de la mayoría de cajas por parte de bancos, cambió la política de concesión de hipotecas y se perdió la experiencia que acumulaban estas redes, lo que, a su juicio, está detrás del hecho de que, a pesar de la recuperación del sector inmobiliario de los últimos años, el mercado hipotecario se mantuviera en menos de la mitad del que había antes de la crisis. «Ahora compra el que tiene ahorros o una posición cómoda, pero se ha dejado fuera a mucha gente», insiste.

Los empleados

La plantilla de la entidad fue otra de las grandes damnificadas, ya que tuvo que cambiar por completo su filosofía y sus sistemas de trabajo. Para la mayoría fue un auténtico shock, como señala Rafael Sánchez, el secretario general del que era el sindicato mayoritario en la CAM, Sicam, que, no obstante, asegura que, en realidad, lo más duro fue toda la reconversión posterior que ha sufrido el sector, con constantes reducciones de la red, un perfil cada vez más comercial de sus tareas y la presión que supone la digitalización. Una reconversión que no parece tener fin y que mantiene a los trabajadores de todo el sector en una tensión constante.

En cuanto a las cifras, diez años después todavía trabajan en el Sabadell alrededor de 3.700 trabajadores procedentes de la antigua CAM, de los aproximadamente 6.500 que había en el momento de la intervención. Una reducción acorde al recorte de plantilla general del conjunto de entidades, que en este tiempo han suprimido más de 120.000 empleos.

El Sabadell

En cuanto al comprador, aunque en algún momento el propio presidente del Sabadell, Josep Oliu, reconociera que la compra de la CAM había sido menos rentable de lo esperado por los bajos tipos de interés -que redujeron el beneficio que aportaba la cartera hipotecaria de la caja alicantina-, lo cierto es que para el banco catalán supuso todo un salto de tamaño, que le permitió escapar de posibles absorciones y consolidarse como uno de los grandes del sistema financiero nacional. Basta con algunas cifras que la propia entidad aporta.

Antes de la compra de CAM, el Sabadell tenía una cuota de mercado en particulares del 4,3% en España, que pasó al 9,3% con la integración de la caja alicantina y que ahora alcanza el 11,2%. Igualmente, su cuota en el mercado crediticio ha pasado en este tiempo del 3,8 al 8%, y la de depósitos, del 3,49% al 7,29%.

«La operación de integración de CAM en Banco Sabadell, sin duda alguna, ha sido transformacional para el banco, por cuanto nos dio la oportunidad de incorporar un número muy relevante de clientes particulares y empresas, además, en uno de los territorios más dinámicos de España como es la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares», señala el actual director territorial de la entidad, Fernando Canós, que recuerda que «hoy en día la Territorial Este sigue siendo la segunda más importante en cuanto a volúmenes y aportación a margen de negocio al Grupo Banco Sabadell».

Canós apunta que el «reto principal fue recuperar la confianza de dichos clientes y hacer partícipes a los empleados de la gran oportunidad que teníamos por delante de forma conjunta». Si se tiene en cuenta que el 46% de los alicantinos mantiene cuenta en la entidad, parece que lo han conseguido.

El balance judicial: siete causas y tres condenas

Tras la intervención de la CAM, la Audiencia Nacional ha instruido un total de siete causas relacionadas con los supuestos desmanes cometidos por sus responsables, con el resultado de tres sentencias condenatorias hasta la fecha. Por el falseamiento de las cuentas se condenó a la exdirectora general, María Dolore Amorós, y al directivo Teófilo Sogorb. Por las dietas que cobró Modesto Crespo durante su presidencia, fueron condenados el propio empresario, el exdirector general Roberto López Abad y los consejeros Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla, Luis Esteban y José Forner. Por los negocios en el Caribe con Valfensal, de nuevo López Abad, el directivo Daniel Gil y los empresarios Juan Ferri y José Baldó. Del resto de causas, en dos la sentencia fue absolutoria, una se archivó y otra sigue en instrucción. A esto hay que sumar el expediente que tramita el Banco de España contra consejeros y directivos.

Mientras el negocio financiero se traspasaba al Sabadell, la denominada Obra Social se transformó en una fundación que a partir de entonces se encargó de gestionar el patrimonio cultural de la caja. Una entidad que desde un principio nació con un grave problema al carecer de una fuente estable de financiación, como sí tenían otras fundaciones nacidas de cajas de ahorros, que se nutren de los beneficios de sus montes de piedad. Precisamente la solución que estudia la ahora Fundación Mediterráneo para garantizar su futuro es abrir una de estos montepíos. En cualquier caso, el impacto en la actividad es más que notable: de los 70 millones de presupuesto que llegó a manejar de Obra Social de la CAM en 2009 se ha pasado a unos tres millones anuales. Con todo, como destaca el presidente de la fundación, Luis Boyer, se ha logrado el objetivo fundamental de preservar el enorme legado cultural e histórico que atesoraba la CAM.

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