El Consell exige al Gobierno reparar la balsa de San Diego de Villena para mejorar el trasvase del Júcar

Once años después de la malograda construcción de la Balsa de San Diego en Villena el Consell sigue exigiendo al Gobierno de España que destine los fondos necesarios para que sea reparada. En noviembre de 2021 el Ejecutivo central anunció, a través de una respuesta parlamentaria, que actuaría para subsanar el fiasco que ha supuesto la construcción de este macroembalse.

Fue concebido como una infraestructura clave del trasvase Júcar-Vinalopó para poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos, es el segundo más grande de Europa con un volumen de 20,7 hectómetros cúbicos y costó 40 millones de euros. Pero también fue la mayor chapuza en obra pública de las cometidas durante las últimas décadas en la Comunidad Valenciana porque, tras finalizar su construcción en el año 2012, se comprobó en la primera prueba de carga de agua que tenía fugas. Y por eso lleva inoperativa once años.

"Queremos que se repare y se reparará", ha afirmado Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, destacando la importancia estratégica de este macroembalse para poder aumentar en el futuro el volumen de agua transferida del Júcar al Vinalopó.

Ángel Urbina asume la presidencia de la Junta Central de Usuarios

En estos momentos la provincia de Alicante tiene que recibir los caudales trasvasados en envíos limitados para que, desde el embalse regulador La Cuesta en Villena, puedan ser distribuidos a todas las comunidades de usuarios de las comarcas del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa en función de sus capacidades de almacenamiento.

"Es una solución provisional pero, desde luego, no es una solución definitiva y por eso seguimos reclamando al Gobierno central la puesta en servicio de la balsa de San Diego", añade Roger Llanes admitiendo, no obstante, que en estos momentos "la prioridad es recabar la mayor inversión posible de fondos estatales para dotar a las infraestructuras del trasvase del Júcar-Vinalopó de energía fotovoltaica, que es lo que permitirá que el agricultor pueda adquirir el agua a un precio asequible y ventajoso".

Pero mientras el tiempo pasa se siguen sin depurar las responsabilidades que pudieran ser exigibles tanto a la empresa contratista de la ejecución de la obra como al proyectista. Sobre este asunto la última respuesta oficial del Gobierno de Pedro Sánchez se remonta a agosto de 2022 y se resume en una escueta frase: "Se informa que los servicios jurídicos de la sociedad mercantil estatal Acuamed continúan avanzando en el análisis de la documentación y de las eventuales acciones a realizar".

Cabe recordar al respecto que en el año 2020 se aseguró que la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) estaba analizando las eventuales acciones a realizar para dirimir las responsabilidades. Pero dos años después todavía no se había tomado ninguna decisión lo que para el senador Carles Mulet evidenciaba que "no han hecho nada, y que seguramente el anuncio que se hizo al respecto, después de la insistencia de Compromís por depurar responsabilidades, fue directamente una mentira", añadió.

Los cierto es que desde 2016 se está buscando una solución que sigue sin materializarse, y a los ocho años de producirse el fiasco, desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales se anunció que se estaban analizando las eventuales acciones a realizar respecto a las responsabilidades que sean exigibles, tanto al contratista al que se adjudicó la obra como al proyectista que la ejecutó, análisis que tampoco parece haberse materializado.

Tampoco han tenido ningún éxito las reivindicaciones para reparar el embalse y eximir los costes de amortización de la conducción Júcar-Vinalopó. Una propuesta que no ha prosperado con las reiteradas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de destinar 23,8 millones de euros para sellar las fugas de la balsa. Un montante que después se podría repercutir en los responsables de las obras mal ejecutadas.

El trasvase histórico de 20,5 hm3 del Júcar salvará de la sequía la fruta y hortaliza del Vinalopó y l'Alacantí

Fue en enero de 2021 cuando Compromís presentó en el Senado una propuesta para reclamar la reparación la balsa de San Diego de Villena y eximir a los usuarios de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó. Fue la reacción al rechazo del entonces Gobierno de PSOE-UP y sus socios a la enmienda que reclamaba una partida de 23,8 millones de euros para subsanar los problemas de la balsa y que los regantes y usuarios del agua no fuesen los perjudicados de las políticas del Estado en este ámbito.

La provincia de Alicante solicita al Gobierno el mayor trasvase del Júcar-Vinalopó de su historia

En definitiva, una infraestructura creada para paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó y garantizar la supervivencia de 65.000 hectáreas de regadío de la provincia de Alicante, sigue abandonada a causa de un mal diseño o una mala ejecución que ocasiona fugas de agua. Y se supone que la reparación de esta balsa, que está considerada la mayor infraestructura del trasvase del Júcar-Vinalopó, debería haberse iniciado en el año 2016.