La batalla fiscal: entre el fomento de la actividad y el recorte de los servicios

La fiscalidad se ha convertido en el elemento estrella sobre el que gira no solo el debate electoral en materia económica, sino que ha trascendido para situarse en el eje central de la campaña autonómica. Las formaciones de derecha, con el PP al frente, promulgan una rebaja generalizada de impuestos en la Comunidad Valenciana, frente a una izquierda que deja esta materia al margen y se centra más en su apuesta por impulsar un cambio en el modelo productivo basado en la autosuficiencia energética y las nuevas tecnologías. Pero, ¿qué beneficios y desventajas pueden reportar estas reducciones fiscales? Los expertos discrepan: mientras unos consideran que pueden suponer un incentivo para potenciar la actividad económica, otros opinan que pueden comportar un recorte en materia de servicios y un nuevo motivo que agudice el grave problema del endeudamiento.

La campaña para los comicios autonómicos está poniendo de manifiesto, más si cabe, las diferencias que separan a las formaciones de la derecha y la izquierda en el ámbito económico. La promesa de rebajas fiscales, en un contexto de inflación como es el actual, es la bandera que están enarbolando las primeras, hasta convertirla en su principal baza electoral. Empezando, lógicamente, por el PP, que promulga en su programa una revolución fiscal en toda regla, empezando por el IRPF. Los populares, en concreto, plantean una modificación de la escala en este impuesto para beneficiar a todas las rentas, especialmente a las bajas, que tendrían, afirman, el segundo tipo más bajo de España, con un 8,75%. También anuncian bonificaciones para mayores de 65 años, autónomos, familias numerosas o personas con discapacidad, entre otros colectivos. Asimismo, prometen la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el límite legal del 99% y una rebaja del tipo actual del 10% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, dependiendo del precio de adquisición de los inmuebles.

Ciudadanos transita por la misma senda, planteando un ahorro de hasta 1.500 euros para las familias en el tramo autonómico de la renta, la bonificación también del Impuesto de Sucesiones y una exención de dos años en los impuestos para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional los dos primeros años de actividad. Vox también se mueve en parámetros parecidos, prometiendo rebajas «drásticas» en estos mismos impuestos, además de en el de Transmisiones Patrimoniales.

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Por su parte, las formaciones de izquierda integradas en el Gobierno del Botànic no recogen modificaciones fiscales en sus respectivos programas, y en las declaraciones de sus respectivos líderes nunca han ido más allá de plantear retoques puntuales, con la finalidad de aplicar la progresividad y ayudar a los colectivos más necesitados. Así, sus promesas electorales se mueven más en el ámbito de la transformación de la economía de la Comunidad Valenciana y en las acciones para favorecer el empleo. 

En el caso del PSPV, su apuesta, en línea con la gigafactoría que se va a poner en marcha en Sagunto, pasa por reforzar las nuevas iniciativas empresariales de almacenamiento energético para avanzar en el posicionamiento de la Comunidad como polo de referencia en Europa. También recoge iniciativas para reforzar la digitalización de las pymes, mediante la implantación del Big Data, la inteligencia artificial o el teletrabajo, o la puesta en marcha de un proyecto de producción de chips en cooperación con industrias y universidades.

Compromís, por su parte, aboga por convertir el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en una banca pública que ayude a autónomos, pymes y entidades sociales, al tiempo que promete una inversión de 800 millones de euros para reforzar la reindustrialización de las comarcas alicantinas, incidiendo en la innovación y prestando especial atención a sectores como el juguete, el textil o el calzado.

Unides Podem, asimismo, plantea una apuesta por el cambio de modelo productivo, para lo cual promulga un giro ecológico de la economía a través de una planificación de la actividad productiva a partir de criterios medioambientales. También propone una ley contra la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública, y diversas acciones para fomentar el empleo joven, con créditos blandos que potencien el cooperativismo y una nueva normativa sobre Formación Profesional para atender las necesidades del tejido productivo de la Comunidad.

Menos dinero

Puestas las cartas encima de la mesa, de lo que se trata es de averiguar qué es lo que opinan los expertos, sobre todo en lo que respecta a las propuestas en materia fiscal, que son las que están protagonizando los debates. Carmen Herrero, catedrática emérita de Teoría Económica de la Universidad de Alicante (UA), miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y Premio Jaume I de Economía, señala, directamente, que «rebajar los impuestos supone disminuir la recaudación fiscal, lo que significa menos dinero para los servicios públicos». Para la académica, cuando se habla de incentivar la actividad mediante rebajas de impuestos, lo que se pretende es activar el consumo. «Esto -especifica- puede hacerse mediante impuestos lineales, como reducciones en el IVA en determinados productos, o rebajas en el IRPF, con el argumento de que así las familias disponen de mayor renta». Sin embargo, eso solo es cierto, enfatiza, para las familias de rentas alta, pero no para las familias de rentas bajas. «Los servicios públicos, como la salud, la educación o la dependencia, suponen una parte muy importante de la renta indirecta de las familias. Si no los provee el Estado, lo tienen que adquirir en el mercado. Y las posibles rebajas impositivas no son suficientes para adquirir estos bienes cuando se parte de rentas bajas», asevera. Herrero, en este sentido, apuesta por una redistribución mayor, es decir, menos impuestos para las rentas bajas y mayores impuestos para las altas, manteniendo o aumentando el tamaño del estado de bienestar.

En parecidos términos se expresa Paloma Taltavull, catedrática de Análisis Económico Aplicado de la UA, quien destaca que una rebaja de impuestos «significa menos fondos para el gasto público y más endeudamiento. A partir de ahí, tenemos que plantearnos quién va a pagar la salud o la educación, y por eso hay que hacer un llamamiento a la sensatez, porque, al final, el estado de bienestar hay que sostenerlo». Taltavull, además, llama la atención sobre el hecho de que la Unión Europea relajó durante la pandemia las exigencias de contención de déficit, «pero ahora está regresando a la coherencia fiscal, por lo que ese es un elemento que también hay que tener en cuenta cuando se abordan las políticas fiscales», subraya.

Por su parte, el catedrático emérito de Fundamento de Análisis Económico y exrector de la UA Ignacio Jiménez Raneda señala que la reducción de impuestos «es una opción que ha estado siempre íntimamente ligada a la derecha, pero aporta dificultades a la prestación de servicios». Esta práctica, resalta, está basada en la teoría de la curva de Laffer, según la cual se recauda más con una menor fiscalidad por el incremento de la actividad. Jiménez Raneda, sin embargo, no comparte esa tesis, «porque eso solo pasaría si la rebaja fuese de un 200%, cuando al final estamos hablando de porcentajes muy reducidos». 

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«Al final -indica-, hay dos políticas distintas. La de la derecha, que apuesta por que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo para que se suministren ellos mismos, o la de la izquierda, que defiende los servicios colectivos. A la vista de ello, son los ciudadanos los que tienen que elegir».

Tampoco ve claro lo de la rebaja de impuestos Alfredo Masó, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la UA. Según sus palabras, «es posible que se incentive el consumo en determinados momentos y se fomente la inversión con la teoría de que hay más actividad, pero el efecto es más que dudoso, porque reduce los ingresos de las arcas públicas e incrementa la deuda». Y eso, añade, en un contexto en el que la Comunidad Valenciana es una de las más endeudadas y, además, se sitúa a la cola de la financiación. «Lo que se requiere en estos momentos es exigir que este territorio esté mejor financiado, y eso no casa bien con que al mismo tiempo se estén rebajando los impuestos», concluye.

Economía sumergida

Sin embargo, el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche José María Gómez Gras introduce matices. A su juicio, las teorías que defienden tanto la derecha como la izquierda son discutibles. En cualquier caso, sí considera que una relajación de la fiscalidad «puede favorecer la actividad. En un momento como el actual, marcado por el alza de costes de todo tipo, no puede ser que, encima, tengamos unos impuestos elevados». Otro elemento positivo de las rebajas impositivas, añade, puede pasar por la reducción de la economía sumergida, así como por una activación del consumo, lo que, al final, «repercute de forma positiva sobre la actividad a todos los niveles».

Por su parte,el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Antón, aboga por resolver el problema de la falta financiación, sobre la base de que «es la responsable de que haya más presión fiscal». También considera que se debería armonizar la política fiscal en las diferentes comunidades, con la finalidad de corregir desigualdades.

Todos los expertos, por otro lado, avalan la propuesta de los grupos de izquierda de impulsar las nuevas tecnologías, afrontando retos como la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático y la crisis energética. Aunque advierten de algunos riesgos, Carmen Herrero, en concreto, resalta la necesidad de potenciar la capacitación, sobre la base de que solo un 20% de las empresas forma a sus empleados en competencias digitales. Ignacio Jiménez Raneda, por su parte, destaca que esta apuesta necesaria puede reducir el volumen de empleo en momentos puntuales, aunque podría compensarse con nuevas actividades ligadas al ámbito tecnológico.