La AUGC de Alicante pide mayores penas ante el aumento de agresiones a agentes de las Fuerzas de Seguridad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante ha denunciado el aumento de agresiones a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el cumplimiento de sus funciones y por ello solicita de nuevo al ministro de Interior y al resto de los responsables políticos que los guardias civiles sean considerados, al igual que las policías autonómicas, como "profesionales de riesgo". La AUGC reclama además que se realicen las modificaciones pertinentes en el Código Penal para que en este tipo de delitos se produzca un endurecimiento de las penas, reforzando así el "principio de autoridad".

La AUGC afirma que se han dictado recientemente varias sentencias condenatorias en la provincia de Alicante por agresiones a agentes que sufrieron lesiones en intervenciones con detenidos. La asociación señala que los detenidos muestran así una total falta de consideración y menoscabo del principio de la autoridad y a pesar de ser condenados a indemnizar a los agentes por las lesiones sufridas, se pone de manifiesto lo liviano de los castigos impuestos. Esta situación no ayuda en nada a restablecer el "principio de autoridad" en las calles, según denuncia la AUGC.

Una de las sentencias se refiere a una actuación de enero de 2024, cuando una patrulla de la Guardia Civil procedió a la identificación de un individuo con antecedentes penales que se encontraba en una vía pública de Torrevieja. Estaba en un estado de gran alteración y agresividad con el personal de seguridad privada un establecimiento del que había sido expulsado, por lo que los agentes intentaron poner fin a la discusión. Le dieron al acusado órdenes claras y concisas para que depusiera su actitud y se identificara, pero comenzó a encararse contra los agentes y les agredió, lo que provocó lesiones a ambos agentes.

Ahora, el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela ha condenado al autor por un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones a las penas de seis meses de prisión y un mes de multa con cuota diaria de seis euros, así como a indemnizar a los agentes con 80 y 100 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas, si bien el cumplimiento de la pena de prisión quedó en suspenso durante el tiempo de dos años, condicionando la suspensión a que el condenado no delinca nuevamente en el referido plazo y a que abone la responsabilidad civil impuesta.

El segundo de los hechos tuvo lugar el 31 de mayo de 2024 frente a un hotel de Torrevieja, donde una persona que tuvo un incidente con un taxista propinó un puñetazo a un guardia civil. Fue detenido y al ser ingresado en los calabozos nuevamente propinó un puñetazo en el ojo derecho al otro guardia civil. Por estos hechos, el acusado ha sido condenado por juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja a cuatro meses de prisión por un delito de atentado, a cuatro meses de multa con una cuota diaria de 4 euros por un delito de lesiones, y a un mes de multa con una cuota diaria de 4 euros por un delito leve de lesiones, así como a indemnizar a los agentes con cantidades de 730 y 1650 euros por las lesiones sufridas y al pago de las costas procesales. Como en el caso anterior, se le concedió la suspensión de la condena.

Por otro lado, el juzgado de lo Penal número 11 de Alicante ha condenado a una mujer por agredir a tres agentes en Villena a seis meses de prisión por un delito de atentado y a una multa de un mes con la cuota de tres euros diarios por cada uno de los tres delitos de lesiones leves, así como al pago de las costas procesales y a indemnizar a cada uno de los agentes en la cantidad de 350 euros por las lesiones sufridas.

En todos estos procedimientos, los guardias civiles lesionados son afiliados a la AUGC, que ha ejercido la acusación particular a través del abogado Alberto Manuel Mollá, de los servicios jurídicos de esta asociación.

La AUGC lamenta que las condenas parecen bastante livianas y además suelen quedar en suspenso con el condicionamiento de no delinquir en un periodo de dos años, circunstancia que se incumple continuamente por algunos condenados, de ahí que reclamen a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos.