La exalcaldesa del PP de Orihuela Mónica Lorente prestó declaración ayer como imputada en el juzgado de la ciudad por un supuesto delito de tráfico de influencias en la investigación de irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos, enmarcada en la trama Brugal. La imputación se fundamenta, en gran medida, en unas declaraciones que Lorente realizó a la prensa el 4 de enero de 2008. En ellas, anticipaba el nombre de la finca Las Pistolas -situada en terrenos propiedad del empresario Ángel Fenoll- como seguro destino final del vertedero comarcal. Fue once meses antes de que se confirmara oficialmente que esa iba a ser la ubicación y dos días después de que el Consorcio adjudicara el plan en otro emplazamiento, Lo Cartagena.

Lorente respondió en el interrogatorio tanto a las preguntas del fiscal Anticorrupción de la Vega Baja Pablo Romero, como a su defensa y al juez. También acudió quien en su día instruyera la investigación del Brugal, el fiscal Anticorrupción Felipe Briones. La cita judicial había sido aplazada en varias ocasiones desde que la exalcaldesa fuera imputada por este asunto en diciembre de 2014 por su embarazo. En su declaración argumentó que esas declaraciones no aportaban nada que no se supiera, versión que reiteró a la salida de los juzgados, donde señaló que la única información que dio fue la que le dieron los técnicos del Consorcio durante la reunión mantenida un día antes y trató de invalidar las pruebas presentadas por la acusación, la socialista oriolana Antonia Moreno, asegurando que se trata de «declaraciones que no son brutas, ya que ese día contesté a muchas preguntas de los medios de comunicación y «tan solo salen las respuestas, no las preguntas». El vídeo que figura en el sumario recoge las declaraciones en su integridad.

La exalcaldesa basó su defensa en que esas declaraciones estaban sacadas de contexto. Lorente sostiene que en ningún caso reveló la ubicación exacta a la que en la que se adjudicaría el Plan Zonal, sino que habló de «fincas grandes que estaban ubicadas en la Región de Murcia, próximas a la carretera de Torreagüera», información que, insistió, era de dominio público y así se la comunicaron los técnicos.

Lorente daba por hecho que el macrovertedero se reubicaría en una finca concreta, La Pistola, en término de Orihuela, cuando solo dos días antes el Consorcio había aprobado el suelo de Lo Cartagena, junto a Torremendo. El argumento de Lorente ane la prensa para plantear el cambio era que La Pistola estaba más lejos de la pedanía.

Cuando Lorente hizo esas declaraciones, la Policía tenía intervenidos los teléfonos del empresario Enrique Ortiz, ganador del concurso por Cespa Ortiz y de Fenoll. En esos pinchazos ya se aludía a las negociaciones sobre el precio de una ubicación que en teoría solo podía decidir el Consoricio. El fin del secreto de sumario en 2010 -y su contenido- lastró un plan zonal para recoger los residuos de la Vega ahora totalmente paralizado.