Las discrepancias en torno a la expropiación prolongan el cierre del paseo de Aguamarina a La Caleta más allá del verano

El idílico paseo peatonal por la costa de Orihuela se está volviendo un calvario. En concreto, para los vecinos y numerosos visitantes que se ven obligados a dar un gran rodeo de dos kilómetros para salvar un tramo de apenas 60 metros de longitud, en el paso que conecta Aguamarina con La Caleta en Cabo Roig que ha estado abierto al público durante años y que permanece cerrado desde que en diciembre de 2021 el Ayuntamiento lo clausuró acatando una sentencia judicial, y así seguirá más allá de este verano.

A tan solo unos días de que venza el permiso del Servicio Provincial de Costas para ejecutar la obra, el procedimiento expropiatorio continúa sin avanzar. El Ayuntamiento todavía no ha contestado a los propietarios, que en enero presentaron una valoración de 1,2 millones de euros por sus parcelas de solo 227 metros cuadrados junto al acantilado, lo que supone casi 17 veces más de lo que calcularon los técnicos municipales (69.113 euros), según ha revelado la concejala socialista Milagros Lacárcel, que ha tenido acceso al expediente de apertura del paseo de Cabo Roig, a la altura de la urbanización Bellavista, comprobando que este mes caduca el permiso que Costas concedió para ejecutar la obra, y esta no podrá hacerse porque "el proceso de expropiación está si moverse desde hace meses".

Hay que recordar que esta propuesta supone una rebaja sobre los 3 millones que llegaron a pedir. Los terrenos a expropiar son, por un lado, 142 metros cuadrados de los 52 vecinos del residencial, que han puesto un precio de unos 170.000 euros, cuando antes reclamaban 2 millones, y, por otro lado, 85 metros cuadrados de uso hotelero de la mercantil Cabo Roig SA, que ha pedido 987.000 euros (antes un millón). La valoración que hizo en su día el Consistorio fue de 44.000 euros.

"A esta valoración claramente excesiva para un terreno afectado por Costas donde no se puede construir, se suma el retraso del Ayuntamiento en contestar a los vecinos que llevan dos meses esperando, mientras Urbanismo sigue sin asignar un arquitecto municipal que realice una nueva hoja de valoración", ha añadido Lacárcel, que ha manifestado que "ante estas cifras creemos que no habrá acuerdo y llegaremos al justiprecio".

Según Lacárcel, todo apunta a que esta situación acabará en el Jurado Provincial de Expropiación, que tardará meses en determinar el justiprecio de las propiedades afectadas.

Orihuela inicia la expropiación del tramo de paseo cerrado en Cabo Roig tras tumbar las alegaciones vecinales

En este sentido, ha recordado que el grupo socialista ya avisó de que este proceso podía alargarse más en el tiempo. Por eso, ha continuado, se le aconsejó al concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, que trabajase sobre el expediente inicial, en el que se solicitaba a la Conselleria la necesidad urgente de ocupación de los terrenos para después hacer la obra en el plazo marcado por Costas y luego pagar justiprecio.

No obstante, el equipo gobierno de PP y Vox se opuso a esta premisa, "abocando a los ciudadanos de la costa a tener que esperar a que primero se expropie, se abone el justiprecio y después ejecutar la obra y reabrir el paseo, lo que suponemos que no ocurrirá ni este verano ni este año", ha concluido Lacárcel.

Sigue su curso

Por su parte, el edil de Urbanismo ha insistido en que "el expediente de apertura del paseo de Cabo Roig sigue su curso normal, y en este momento se está elaborando la hoja de aprecio [valoración]". Al mismo tiempo, Ruiz ha reconocido que el Ayuntamiento "no está de acuerdo con lo enviado por los propietarios", por lo que "será el Jurado Provincial de Expropiación quien determine el justiprecio a la vista del enviado por nosotros y por los propietarios".

A partir de ese momento "pagaremos lo que nos corresponda y ocuparemos el paseo", ha subrayado, a la vez que ha avanzado que en los próximos días se enviará la solicitud de prórroga al Servicio Provincial de Costas. "Estamos cumpliendo el procedimiento y los plazos", ha finalizado.

Un largo camino

El residencial fue aprobado antes de la Ley de Costas y el PGOU en 1990, que dispuso que la primera línea fuera de equipamiento público. Sin embargo, el Ayuntamiento no expropió este tramo que daba continuidad al paseo de todo el frente litoral. Los vecinos del residencial construyeron un muro en 2013 para cerrar este sendero junto al acantilado y pegado a los jardines de sus viviendas.

El gobierno local, a instancias del entonces edil de Urbanismo, el socialista Antonio Zapata, inició en 2013 el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística contra la urbanización, que instaló primero una valla y más tarde un muro, que impedía el tránsito por ese tramo.

Avalado por el TSJ, en marzo de 2015, operarios del Ayuntamiento rompieron a mazazos la puerta y el muro para la apertura pública del sendero. Los vecinos de la urbanización lo recurrieron y en 2016 el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche les dio la razón, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo sobre el acantilado del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público y condenando al Ayuntamiento a restituirlo.

El Ayuntamiento, ya gobernado por el PP, no recurrió la sentencia, por lo que pasó a ser firme, aunque la administración local ha ido recurriendo su ejecución. El Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina está afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los 52 vecinos del residencial no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre.

El 4 de octubre de 2018 se dictó otro auto que ordenaba que se procediera al vallado y restitución del muro demolido, contra el que el Consistorio interpuso un recurso de apelación que tumbó el TSJ en sentencia de noviembre de 2020 en la que señala que el muro se construyó por parte de los vecinos de manera legal al hacerse antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas en la que se basa el Servicio Provincial de Costas para hablar de una servidumbre de paso, y cuyo informe asumió el Ayuntamiento, y condenó al Consistorio a ejecutar la sentencia de 2016 que dicta la reconstrucción del vallado perimetral demolido y anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2013 y el decreto de demolición de 2015.

De ahí que para acatar la sentencia, que obligaba al Ayuntamiento a restituirlo a su estado original, en diciembre de 2021 se volviera a cerrar.