San Vicente aprueba reforzar el área de Derechos Sociales con un segundo promotor de Igualdad

Un paso más para la mejora de los servicios sociales. El área de Derechos Sociales de San Vicente del Raspeig ampliará sus recursos con la incorporación de un segundo promotor de Igualdad tras la aprobación por unanimidad en el pleno celebrado este miércoles la adenda al Contrato Programa entre la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento para colaborar en materia de Servicios Sociales. 

La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha confirmado que esta aprobación permite, por un lado, completar el personal mínimo que debe tener San Vicente en materia de Igualdad según la ratio establecida por la normativa y, por otro, incrementar la financiación para las personas incluidas en este contrato. La edil ha celebrado que, con esta nueva incorporación, la Unidad de Igualdad dispondrá de un agente y dos promotores. “Esto va a ayudar a reforzar el servicio con los profesionales que necesita el área de Derechos Sociales”, ha manifestado y ha agradecido, además, “que el punto se haya aprobado por unanimidad ya que es para beneficio del ciudadano". 

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Limpieza de edificios municipales

El pleno ha respaldado también, con el apoyo del equipo de Gobierno y del Grupo Socialista y la abstención de EU-UP, el inicio de un expediente para la contratación de los servicios de limpieza de los edificios municipales y centros de Educación Preescolar y Primaria. La propuesta está dotada con un presupuesto de 6,9 millones de euros para un periodo de vigencia de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales. Tras su aprobación, se inicia el proceso que permitirá adjudicar el contrato el próximo año. 

Otro de los asuntos tratados en el pleno ha sido la modificación de créditos por valor de cerca de 440.000 euros que se destinarán a la revisión anual de precios establecida en el contrato de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos. En el orden del día se ha incluido, además, la inclusión en la convocatoria “Premis 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià” de los nombres del poeta Lluís Alpera y la escritora Gràcia Jiménez para las modalidades de Poesía y Narrativa respectivamente, un asunto que ha obtenido el respaldo de todos los grupos del pleno. 

También por unanimidad ha sido aprobada en el turno de debate de las mociones presentadas a pleno la propuesta de Compromís argumentada por la edil Maribel Morera, quien ha pedido medidas que fomenten la accesibilidad cognitiva y universal en los espacios de ocio infantiles y municipales. En respuesta a esta propuesta, la concejal de Derechos Sociales ha anunciado la próxima la puesta en marcha de la Mesa de Diversidad Funcional. Torregrosa se ha comprometido, además, a trabajar con las asociaciones para avanzar en la atención de sus necesidades en colaboración con otras concejalías.  

Rechazo a las cámaras de videovigilancia

Los grupos del equipo de Gobierno han rechazado la demanda de instalación de cámaras de videovigilancia en zonas de vertidos incontrolados defendida por el concejal socialista Bruno Radermecker. A este respecto, tanto el edil responsable de Policía Local, Adrián García, como el concejal de Servicios y Mantenimiento, Antonio Díaz, han reconocido la necesidad de dar un paso más en la vigilancia.  

Díaz ha anunciado el estudio de un plan “más ambicioso en el que las cámaras sean una herramienta más dentro de un amplio dispositivo de seguridad dotado de otros recursos y medios de última generación a disposición de nuestra Policía Local para asegurar que, quien vaya a realizar un acto de incivismo, sepa que va a ser detectado e identificado”. Ha avanzado también que ya se ha identificado el mapa de los puntos negros donde es necesario incidir con la colaboración de los técnicos municipales. 

Caminos escolares seguros

El Grupo Socialista ha presentado una segunda moción para pedir la creación de caminos escolares seguros en el municipio. La propuesta, defendida por la edil Mª Jesús Moreno, ha sido rechazada por los grupos del equipo de Gobierno. La edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha explicado que “estamos de acuerdo con el fondo del asunto, pero nos hemos adelantado y ya hemos empezado a estudiar, diagnosticar y diseñar caminos escolares desde la Concejalía de Medio Ambiente, haciendo consultas en los distintos centros sobre su implicación en este proyecto”.

Torregrosa ha remarcado, además, que “es una sorpresa que el PSOE ahora pida que se retome este proyecto, que abandonó por completo en la legislatura pasada” y ha recordado que “fue un gobierno del PP el que inició en 2013 los caminos escolares seguros”.  

Por parte del grupo EU-UP se ha presentado una segunda moción para la creación de comunidades energéticas con asesoramiento a ciudadanos y pymes y la búsqueda de la colaboración de la Generalitat Valenciana, que ha explicado en el pleno el edil Alberto Beviá. Mercedes Torregosa ha asegurado al respecto que “es imposible llevar a cabo esta medida, por mucho que nos pese, por falta de personal específico”.  

La responsable de Medio Ambiente ha argumentado que “aunque estamos de acuerdo con lo que se solicita, recordamos que, pese a que estos últimos cuatro años ha ostentado EU la Concejalía de Medio Ambiente, no ha desarrollado ninguna política energética con un hilo conductor claro, ni existe personal específico que pueda llevar a cabo dicha tarea ni presupuesto porque, por dejadez, dejaron pasar una subvención importante que podría haber ayudado a poner en marcha dicho proyecto”. 

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Detalles sobre las víctimas de violencia de género

Los grupos del equipo de Gobierno han rechazado también la propuesta presentada por el concejal de EU-UP Alberto Beviá para ampliar los detalles sobre todas las mujeres asesinadas por violencia machista durante la exposición que se realiza antes de cada sesión plenaria. La concejal del Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha defendido que se sigan difundiendo los mismos datos hechos públicos hasta ahora en este espacio y ha aclarado que el motivo es el respeto a los límites que establece la ley en cuanto a privacidad y protección de datos “en personas que no pueden decidir si quieren que se cuente su historia y la de sus familiares”.