El Campello rompe con la empresa de las obras del IES Enric Valor por la paralización y retrasos de los trabajos

Divorcios hay muchos, pero pocos se producen por motivos tan claros y evidentes como los que han provocado la ruptura entre el Ayuntamiento de El Campello y la empresa adjudicataria de las obras en el IES Enric Valor. La relación daba síntomas de agonía desde hace tiempo, pero todo se ha precipitado en las últimas horas con una intensa sucesión de acontecimientos.

El detonante tuvo lugar este lunes y fue una comisión informativa en la que el alcalde, el concejal de Infraestructuras Públicas y la concejala de Educación comunicaron a los partidos de la oposición que "el Ayuntamiento se estaba planteando rescindir el contrato de la compañía por incumplimientos continuados en la ejecución de los plazos". Este concilio entre los cargos de la corporación municipal y las distintas formaciones fue seguido de forma "inmediata" por una reunión, en la que se anunció a diversos representantes de la comunidad educativa la decisión de anular el acuerdo con la empresa y llevar el asunto al pleno.

Pero fruto de una fuga de información o de la casualidad, quién sabe, la compañía, hasta hace escasas horas, responsable de unas obras paralizadas desde verano decidió mover ficha primero. Y es que la empresa aludida ha presentado este martes por registro un escrito en el que indica que que da por resuelto el contrato y ha alegado falta de pagos, algo que el consistorio niega rotundamente.

Conforme a la Ley

El Ayuntamiento ha actuado de forma "absolutamente escrupulosa" y "siempre conforme a la Ley", recalcan fuentes de la corporación, que explican su versión de lo ocurrido. Todo se remonta a la sanción de más de 70.000 euros impuesta a la empresa por incumplimientos de contratos que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos del municipio en un pleno de noviembre. Para cobrar la penalidad, el consistorio apostó por retener unas facturas que ahora la compañía expedientada reclama.

En su escrito presentado en el registro, la firma renuncia por haber sido el Ayuntamiento quien ha incumplido su obligación de pagar las facturas, por lo que pide 78.209 euros, una cifra similar a los 71.812,24 euros que marca el expediente de penalidad que impuso el pleno en el mes de noviembre y que el consistorio se ha ido cobrando con las facturas emitidas.

Hay que recordar que las obras fueron adjudicadas en octubre de 2022 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses, un periodo que, según apuntan desde el Ayuntamiento, la empresa jamás dio muestras de poder cumplir antes de que decidiera retirar la maquinaria, el material y el personal del centro. Las numerosas inspecciones realizadas confirmaron importantes retrasos en la ejecución de los trabajos y los técnicos municipales estimaban en septiembre que la demora era de unos cuatro meses, aunque ya en abril, prácticamente al inicio de todo, advirtieron de que existía falta de personal.

Protestas en saco roto

Pese a todo, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat mostraron hace tan solo unas semanas su confianza en que la empresa cumpliera su compromiso de reanudar las obras en enero, después de que se celebrara una protesta en la que participaron cientos de miembros de la comunidad educativa. Algunas de las pancartas que se utilizaron en la movilización aún son visibles en las paredes exteriores del centro, improvisado mural de unas denuncias que de momento han caído en saco roto y que tardarán en ser atendidas.

Esta historia está lejos todavía de su desenlace definitivo y todo hace indicar que tocará reiniciar el proceso para empezar de cero, no la construcción, sino su adjudicación. "Hay que volver a licitar la obra", señalan fuentes del Ayuntamiento, que reconocen que el asunto "es un problema" cuya solución, al igual que la celebración de un nuevo concurso, no se atisba en el horizonte. 

Suscríbete para seguir leyendo