La provincia de Alicante sufre la mayor inestabilidad laboral de la Comunidad, lo que agrava la pobreza

La provincia de Alicante sufre la mayor inestabilidad laboral de la Comunidad Valenciana tras la pandemia como consecuencia de su modelo económico marcado por la temporalidad de sectores como la hostelería y el turismo, y la construcción. Así se desprende de los datos que recoge el informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad basado en los resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021 elaborado por Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios y de Sociología Aplicada), que la entidad dependiente de la Iglesia ha presentado este lunes a parroquias y equipos de calle en el salón de actos del Obispado. En el acto también se ha conocido que ha crecido por encima de la media autonómica el número de sintecho mientras que la exclusión severa ha aumentado "muchísimo", según ha afirmado Javier Rubira, secretario general de Cáritas Diocesana, alcanzando ya al 21% de la población, más de 360.000 personas que sufren problemas de empleo e ingresos, que tienen una vivienda inadecuada, no pueden acceder a tratamientos de salud, sufren conflictos sociales y de aislamiento, y no tienen formación laboral ni estudios.

Otro dato que se ha conocido es que más del 50% de las personas que sufren pobreza en la provincia están trabajando pero pocas horas o sin contrato, con lo cual no han tenido acceso a la cobertura de los ERTE . Asimismo se ha incidido en la brecha digital y en que solo el 18% de las personas que están en ese umbral perciben el Ingreso Mínimo Vital mientras que más del 60% desconoce cómo se tramita esa ayuda por la barrera tecnológica. La brecha digital afecta a uno de cada tres hogares en la Comunidad Valenciana, duplicando su incidencia (2 de cada 3) para los hogares que están en exclusión severa, recoge el informe.

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Este informe coincide con el 75 aniversario de Cáritas, entidad que destaca que esta crisis ha profundizado dos tendencias que, sin embargo, ya existían antes del covid-19. "Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente". Así, durante esta crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza en la Comunidad a más de 280.000 hogares (14% del total), de ellos mas de 100.000 en la provincia, que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave (esto significa que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas).

Asimismo, las barreras para acceder al trabajo se han hecho mayores para una parte de las personas desempleadas: durante la crisis, el desempleo total familiar casi se ha duplicado. En este sentido, hoy hay más de 185.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación, por lo que 76.000 familias de la Comunidad (unas 30.000 en la provincia) carecen de algún tipo de ingreso periódico, que permita una mínima estabilidad. Las familias más pobres sufren una pérdida de poder adquisitivo del 32%.

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El obispo, José Ignacio Munilla, ha incidido en el preámbulo del acto de presentación en la influencia "tremenda" que tiene la desestructuración familiar en la pobreza, en el fracaso escolar y en el nivel de delincuencia, y ha abogado por "ser capaces" de dar una respuesta global a un problema social que es mucho más grave que en la crisis de 2008. "Una Diócesis debe pensar en centrarse en la orientación familiar, en ayudar a las parejas en crisis, en los problemas de educación. La pobreza debe ser abordada en toda su dimensión y la joya de la corona por la que empezar es la familia. Hay que seguir el camino de socorro a los que sufren la carencia de una familia estructurada, apostar por la familia, por la caridad, que las parroquias sean llamadas a ser familia para quienes no la tienen, no solo unos recursos sino una experiencia de calor de hogar", ha insistido.

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El prelado ha relatado su experiencia este domingo con una persona sintecho con la que, afirma, se paró a hablar cuando volvía caminando desde la Concatedral de San Nicolás y que le preguntó por Cáritas, por los Servicios Sociales, por su vida y situación. "Dijo que tenía dos hijos, que llevaba desde el inicio de la pandemia sin trabajar, que su último empleo había sido en hostelería en torno al turismo. Se le veía bastante deteriorado, lo que había llegado al seno de su familia y hace crecer el grado de desarraigo. Agradecía a Cáritas pero pedía más, que se le ayudara en su situación decisiva. Hay que acertar en cómo hacer efectiva la ayuda real a las personas", ha abundado Munilla, quien cree que muchas veces la pobreza material va de la mano de la moral y se retroalimenta, y que ni la mayor de las pobrezas puede con una familia fuerte, ha insistido.

Según el estudio Foessa, el 62,5 % de la población sufre algún grado de exclusión por la crisis derivada de la pandemia. El 21,3%, más de un millón de personas en la Comunidad Valenciana y más de 360.000 en la provincia de Alicante, de forma moderada o severa, con los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes como colectivos más afectados. El informe alerta de los graves efectos de la crisis resultado de la pandemia sobre la población. El informe señala que el tsunami que ha supuesto la situación económica aparejada al covid-19, según sus autores, "se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena". Según esta investigación, la pobreza severa ha crecido un 35% (730.000 personas) y la privación material severa se ha duplicado.

También se han agravado los problemas de salud mental, que se han multiplicado por cuatro, según Cáritas, y alcanzan ya al 17% de la población.

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Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española y coordinador de los informes territoriales, indicó durante la presentación del estudio en Valéncia a principios de febrero que de los datos se desprende que la desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008. De acuerdo al documento, uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años está afectado por procesos complejos de exclusión social que le impide realizar proyectos de vida y pasar a la vida adulta; la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (14%) y a más de 185.000 núcleos; familiares donde todas las personas activas están en paro; se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46.000 a más de 122.000, que sufrieron retrasos en el abono, o no tuvieron dinero suficiente para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca.

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Los datos que se han conocido han llevado a los voluntarios de los equipos de calle presentes en el Obispado a proponer iniciativas para mejorar la asistencia a las personas más necesitadas para no duplicar esfuerzos con las numerosas asociaciones de ayuda surgidas durante la pandemia, y se han planteado "cambiar el chip" "y dar lo que otros no dan, como el acompañamiento, la escucha, ver si tienen que ir al médico o al padrón, aparte de darles alimentos que ya lo hacen otras asociaciones. Dar un paso más". También han reivindicado un mayor apoyo de la administración para mejorar la problemática social.

El Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social forma parte del proyecto estatal a partir de una encuesta realizada a más de 7.000 hogares en todo el país, con información de casi 18.000 personas (638 encuestas con información de 1.585 personas en la Comunidad Valenciana) que aporta un análisis sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus en el territorio.

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