El 62,5 % de la población sufre algún grado de exclusión por la crisis derivada de la pandemia. El 21,3%, más de un millón de personas en la Comunidad Valenciana, de forma moderada o severa, con los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes como colectivos más afectados. Así se desprende del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por Cáritas y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), que alerta de los graves efectos de la crisis resultado de la pandemia sobre la población. El informe señala que el tsunami que ha supuesto la situación económica aparejada al covid-19, según sus autores, "se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena". Según esta investigación, la pobreza severa ha crecido un 35% (730.000 personas) y la privación material severa se ha duplicado.
Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española y coordinador de los informes territoriales, ha indicado que de los datos se desprende que la desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008. De acuerdo al documento, uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años está afectado por procesos complejos de exclusión social que le impide realizar proyectos de vida y pasar a la vida adulta; la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (14%) y a más de 185.000 núcleos; familiares donde todas las personas activas están en paro; se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46.000 a más de 122.000, que sufrieron retrasos en el abono, o no tuvieron dinero suficiente para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca.
Rodríguez de Blas ha estado acompañado en su comparecencia por el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros; Ignacio Grande Ballesteros, director de Cáritas Diocesana de Valencia y presidente de Cáritas Comunidad Valenciana; Juan Manuel Aragonés Beltrán, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Víctor Manuel Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante. Mellado ha destacado que "lo peor es que lo que más aumenta cada día es la exclusión severa, donde Cáritas está día a día presente, reinventándonos", con 124.000 personas beneficiarias y18 millones de euros invertidos el último año. "El covid demostró que se podían buscar soluciones alternativas como los albergues provisionales. Tuvimos que rehacer las ayudas en el periodo de confinamiento cuando aún no estaban habilitados los ERTE y las ayudas".
Según se ha puesto de manifiesto durante la presentación del informe, realizado entre 650 hogares de la Comunidad (7.000 en toda España), en 2008 la mitad de las familias quedaron en situación de vulnerabilidad pero ahora "solo el 37,5 % de ellas no se ven afectadas por ninguna situación de exclusión". Los representantes de Cáritas han incidido en que casi dos años después de su comienzo, la sombra de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 no solo sigue presente, sino que se recrudece, y como es habitual, afecta con más dureza a quienes menos tienen, a los últimos, los excluidos.
"La crisis no es igual para todas las personas, y muchas familias han visto cómo repentina y más intensamente sus condiciones de vida empeoraban al perder el empleo que realizaban, y con él, los pocos ingresos que tenían. Las dificultades en la vivienda, en las relaciones sociales y en los cuidados, la brecha educativa y digital y los problemas de salud amplían la mirada sobre el impacto que esta crisis ha traído a las familias acompañadas por Cáritas y empeoran una situación que ya era precaria y desalentadora antes de la pandemia", han coincidido en destacar los autores del informe y los directores de Cáritas de Valencia, Alicante y Castellón. Los problemas de salud mental que trae aparejada esta crisis se cuelan también entre los resultados.
En este marco se desarrolla el Informe Foessa 2022, una radiografía completa de la crisis del covid en España elaborada con el trabajo conjunto de 30 investigadores y catedráticos procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social.
El informe, entregado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que también se hará llegar a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, revela que solo el 37 % de la población de la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación de integración plena, mientras que el 41,2 % atraviesan una situación de integración precaria, el 9 % en una situación de exclusión moderada y el 12,3 % en una situación de exclusión severa.
Según ha explicado el coordinador de los informes territoriales de Cáritas, se agudiza notablemente la exclusión con un incremento de los casos más severos, que ahora afectan a unas 94.000 personas más que en 2018. El estrés generado por las situaciones de dificultad ha erosionado la resistencia y relaciones en las familias, especialmente entre aquellas que se encuentran en exclusión severa, incrementándose un 129 por ciento respecto al informe anterior.
Por otro lado, la desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 33%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008; la pobreza severa ha crecido un 35%; y la privación material severa se ha duplicado "en un periodo de tiempo muy corto".
Un año tanta desigualdad como en la crisis de 2008
El Informe Foessa de la Comunidad Valenciana constata, además, que la desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008. Se han separado las realidades de quienes han mantenido su trabajo de manera ininterrumpida durante este periodo de crisis y quienes se enfrentan a una situación de desempleo sin protección social, o de empleo reducido en jornada o en remuneración. «Los más pobres son los que han perdido más renta y los más ricos los únicos que la han ampliado. La desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 33%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008», según ha indicado Daniel Rodríguez de Blas.
El desplome de las rentas inferiores reproduce y explica la evolución de la pobreza severa que ha crecido un 35% (730.000 personas) y la privación material severa se ha duplicado, en un periodo de tiempo muy corto. Pero más allá de los ingresos y de las capacidades materiales de las familias, hay otras dimensiones sociales de la desigualdad con un impacto especial en estos tiempos, como son las oportunidades educativas o tecnológicas. Entre las nuevas brechas, la digital afecta a uno de cada tres hogares en la Comunidad Valenciana, duplicando su incidencia (2 de cada 3) para los hogares que están en exclusión severa, recoge el informe.
Brechas de exclusión
Esta investigación también revela que en el ámbito de la Comunidad Valenciana hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere cada vez más fuerza: la edad. Así, el informe de Foessa y Cáritas concluye que esta crisis está feminizando aún más el espacio de la exclusión, ya que esa brecha se ha multiplicado, desde 2018, por tres hasta afectar al 27,5% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer frente al 18% donde esa figura es un hombre.
Además, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto es casi tres veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Por último, uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años, y este es un perfil novedoso respecto a los informes anteriores, está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.
Empleo
Esta crisis, según Cáritas, ha profundizado dos tendencias que, sin embargo, ya existían antes del covid-19. "Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente". Así, durante esta crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (14% del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave (esto significa que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas). Asimismo, las barreras para acceder al trabajo se han hecho mayores para una parte de las personas desempleadas: durante la crisis, el desempleo total familiar casi se ha duplicado. En este sentido, hoy hay más de 185.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación, por lo que 76.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, que permita una mínima estabilidad.
El informe indica que la salud y la vivienda son los otros factores de exclusión en la Comunidad Valenciana y ambas han crecido desde 2018, afectando a día de hoy al 21% y 19% de la población respectivamente. Así, más de 260.000 hogares (12,9%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos; los trastornos o dificultades mentales ha aumentado en un 280% respecto a 2018, alcanzando al 17% de la sociedad valenciana; y en el ámbito de la vivienda, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hace que más de 225 000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza. Se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46.000 a más de 122.000, que sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca
El Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad Valenciana forma parte del proyecto estatal a partir de una encuesta realizada a más de 7.000 hogares en todo el país, con información de casi 18.000 personas (638 encuestas con información de 1.585 personas en la Comunidad Valenciana) que aporta un análisis sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus en el territorio.
El universo de datos para la encuesta se extrae del Instituto Nacional de Estadística (INE).
