Barcala justifica su Zona de Bajas Emisiones sin multas en Alicante ante el Congreso

El Ayuntamiento de Alicante defiende ante el Congreso de los Diputados su intención de aplicar una Zona de Bajas Emisiones sin multas para quienes infrinjan sus futuras medidas. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, remite a la Cámara Baja (a instancias de Sumar) los informes técnicos que justifican la decisión del gobierno popular. En estos documentos que, hasta ahora han sido uno de los secretos mejor guardados del ejecutivo local, tanto el secretario general del Ayuntamiento como el jefe de servicio de Medio Ambiente justifican que no existe necesidad ni imperativo legal para que la futura normativa incluya un apartado de sanciones.

En un primer momento, el equipo de gobierno envió una memoria al ministerio en la que se preveía aplicar todo tipo de medidas y restricciones. Para justificar la recepción de 15 millones de euros destinados a obras de reurbanización y calmado del tráfico, los populares apostaban por limitaciones de acceso, especialmente a los vehículos más contaminantes. De hecho, el documento original, firmado por dos concejales del Partido Popular y media decena de jefes de Servicio en septiembre de 2021, hablaba de elaborar «listas blancas» para todos los residentes registrados y personas autorizadas y «listas negras» con aquellos vehículos sin distintivo ambiental.

De las "listas negras" al todo vale: los bandazos de Barcala con la Zona de Bajas Emisiones

Ahora, en un escrito fechado este mismo mes, el alcalde de Alicante responde a la solicitud del Congreso y remite un informe sobre el estado en que se encuentra actualmente la tramitación de la ZBE de la ciudad, así como de los informes internos emitidos por Medio Ambiente y la Secretaría del Pleno al respecto. En el caso de la concejalía que dirige el concejal Manuel Villar (uno de los firmantes del documento de las «listas negras»), el informe reconoce que el plazo original para la implantación de la ZBE era el 30 de diciembre de 2023, pero que los retrasos en obras clave para su desarrollo motivaron solicitar una prórroga al ministerio, que extendió la fecha límite hasta el 30 de junio de este año. De acuerdo con el documento, a poco más de un mes para cumplirse el plazo, «se ha alcanzado un 70% del contrato previsto», por lo que el objetivo es que el proyecto técnico pueda pasar en los próximos días a la fase de elaboración de informes previos a su aprobación inicial.

En otro informe, en este caso del secretario general del Pleno alicantino, se hace un repaso a las distintas normativas estatales y Reales Decretos que regulan cómo deben ser y aplicarse las Zonas de Bajas Emisiones en aquellos municipios obligados a implantarlas: los de más de 50.000 habitantes. La conclusión es que «salvo mejor opinión fundada en derecho» la Secretaría «entiende que no se dan las condiciones objetivas para incluir y aplicar un procedimiento sancionador» en la futura normativa. Al menos, «hasta que la administración competente establezca una fecha cierta en la que deba aplicarse la totalidad de las medidas».

Pese a ello, su implantación, «definirá las condiciones, planteamientos y restricciones a través de una ordenanza municipal en la que se está trabajando». Entre sus objetivos, la «mejora sustancial de la calidad del aire». Aunque los técnicos consideran que «Alicante no tiene problemáticas de contaminación derivada de la movilidad urbana», este ha sido uno de los puntos más controvertidos del documento enviado al Congreso.

En uno de sus anexos, se recoge una tabla con diferentes mediciones de los niveles de emisiones de gases y partículas a la atmósfera. En la columna con los datos de dióxido de nitrógeno (vinculado con el tráfico rodado) la mayor parte de las celdas aparecen resaltadas en un color que, al tratarse de un documento escaneado, las hace incomprensibles. Curiosamente, los datos que se pueden leer claramente, son aquellos en los que los niveles no sobrepasan lo recomendado, algo que desde Sumar han calificado de ser «una preocupante manera de gobernar, con base en la ocultación de datos».

Sumar califica de «antisistema» la política del PP

Los informes del gobierno popular han llegado al Congreso tras una petición de Sumar impulsada por el exconcejal alicantino Xavier López, en la que se interesaba por conocer las sanciones previstas en la normativa alicantina.

Después de que el Ayuntamiento haya insistido en su intención de que la futura ordenanza no contemple un procedimiento sancionador, el diputado Txema Guijarro ha señalado que «este informe deja en entredicho la percepción de la realidad de Barcala respecto a la situación de Alicante». El de Sumar cree que el documento obvia «la objetiva necesidad de la ciudad para que se generen más espacios públicos y disminuya la presencia del vehículo privado».

Además, Guijarro sostiene (en referencia a un cuadro incluido en el documento con datos sobre la contaminación de la ciudad en el que hay varios registros ilegibles) que «se pone de relieve una preocupante manera de gobernar con base en la ocultación de datos, ni más ni menos que ante la solicitud de informes por parte del Congreso a instancias de Sumar».

El diputado también afea el rechazo del PP a establecer sanciones después de que «se han recibido millones de euros de inversión del Estado y la UE» en unas obras que, una vez finalizadas, «dudamos de su encaje real con los objetivos de sostenibilidad buscados».

En definitiva, Guijarro piensa que se trata de «un ejemplo más de la política antisistema del PP de Alicante» a quien acusa de «no tener vergüenza para saltarse las normas y leyes según sus propios intereses».

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