Una jueza abre juicio para César Asencio y otros ocho acusados de amañar contratos y fija una fianza de 90.000 €

La titular del juzgado de Instrucción número cuatro de Elche, la magistrada Iris Valero, acaba de decretar la apertura del juicio para quien fuera alcalde de Crevillente durante casi un cuarto de siglo, el popular César Augusto Asencio, y para otras ocho personas, entre políticos, funcionarios y un empresario, acusados todos ellos de provocar un daño a las arcas municipales de 53.365 euros. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento habría pagado por servicios que en realidad nunca se prestaron en las instalaciones deportivas de la localidad a la empresa del hijo del entonces coordinador de Deportes.

La magistrada fija también una fianza de 90.000 euros que tendrán que prestar "de forma conjunta y solidaria" Asencio, los exediles de Deportes Manuel Moya y Pedro García, hoy ya retirados de la actividad pública, quien fuera coordinador de ese área Francisco Manuel Serna y su hijo Cayetano, propietario de la empresa Tot Sport Crevi S.L. La mercantil está considerada responsable civil subsidiaria y es con la que se contrataron los servicios presuntamente no prestados, según sostiene tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que se ejerce en nombre del Grup Compromís per Crevillent.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por el actual alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, de Compromís. Una denuncia que el fiscal anticorrupción Pablo Romero remitió al juzgado y dio origen a varias piezas de las que en dos ya han visto indicios de delito otras tantas magistradas.

Otra juez ve indicios de delito en más contratas municipales de Crevillent de la época de Asencio

En el proceso que va a sentar en el banquillo al también exvicepresidente de la Diputación, el fiscal sostiene que entre los años 2004 y 2018 los funcionarios y políticos acusados, en connivencia con Francisco Serna, entonces coordinador municipal de Deportes y hoy ya jubilado, y su hijo Cayetano Ramón Serna, «procedieron a realizar cuantas actuaciones fueron necesarias a fin de hacer posible que el servicio de conserjes y personal de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales siempre fuera adjudicado a favor del hijo del coordinador, bien como empresario individual primero, bien a través de la mercantil Top Sport Crevi S.L. en la que este ejerció funciones de administrador desde el fecha de su constitución».

El Ministerio Público concreta que una vez que el hijo del coordinador de Deportes consiguió en 2004 la primera contrata del servicio, esto «facilitó la consecución de las ulteriores adjudicaciones hasta 2018, consolidando una situación de predominio que hizo imposible, gracias a las irregulares actuaciones del resto de responsables municipales implicados, acceder a cualquier otra mercantil o empresario individual en condiciones de igualdad a las licitaciones». Así durante 14 años.

Y agrega que «si bien los procedimientos de contratación en apariencia se aquietaban a las formalidades legales, lo eran solo de esa manera, en apariencia, dado que la adjudicación a favor de Cayetano Serna estaba en todos los casos predeterminada desde el inicio del procedimiento».

El fiscal reclama cárcel para César Asencio y otros ocho acusados de amañar contratos

El acusador público sostiene que dado que lo que los acusados buscaban no era cubrir la atención en las instalaciones deportivas municipales, «sino generar un gasto en beneficio de la empresa controlada por el hijo del coordinador de Deportes, en algún caso se llegaron a pagar servicios que no habían sido prestados, por lo que se aplicaron fondos públicos a una finalidad ajena a la satisfacción de los intereses del Ayuntamiento de Crevillent, todo ello en perjuicio del erario municipal».

De esta operativa responsabiliza Anticorrupción a todos los acusados, entre los que figuran, además de los Serna y de los políticos César Augusto Asencio, los exconcejales Pedro García y Manuel Moya y la edil en la Corporación actual María del Carmen Candela, tres funcionarias destinadas ahora en otros ayuntamientos de la provincia.

Todos ellos, concreta el fiscal, «contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiraban la legislación sobre la contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia (...) además de actuar de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios, lo que ocasionaba el consiguiente perjuicio en el erario público y el consiguiente enriquecimiento del empresario al que se adjudicaban los servicios, los cuales fueron finalmente satisfechos tras ser aprobados los pagos por la junta de gobierno local propiciado por las actuaciones previas realizadas por los acusados».

Compromís llama a Mazón a reaccionar ante el panorama judicial del PP de Alicante

Del ex coordinador de Deportes puntualiza que, sirviéndose del cargo que tenía, favoreció los intereses empresariales de su hijo además de tener un «papel protagonista» en la creación de la mercantil a la que después se le adjudicó el servicio y «en la que llegaron a trabajar varios familiares».

El acusado tampoco habría comprobado, como era su obligación, si la empresa de su hijo realizaba el trabajo por el que cobraba llegando a la conclusión de que se pagaron 53. 355 euros por servicios no realizados. Asegura el fiscal que Asencio conocía perfectamente la relación entre el coordinador y el adjudicatario y que aún así permitió la contrata.

Anticorrupción acusa por los delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para los políticos, excepto para Candela, reclama 5 años y 10 meses de prisión con las accesorias de inhabilitación para el desempeño de cargo público de hasta 12 años y multa. A 7 años y 9 meses eleva la petición en el caso de Francisco Serna y su hijo y la deja en dos años a las funcionarias y la edil Candela. Ello además de la restitución de esos 53. 365 euros.

La acusación de Compromís

Frente a las nueve personas a las que la Fiscalía Anticorrupción responsabiliza de estos hechos, el Grup Compromís per Crevilent solo formula acusación contra cinco: Asencio y los dos exediles de Deportes, el coodinador y su hijo, a los que reclama la devolución de los 53. 365 euros más los interés que hubiera obtenido la empresa "con las adjudicaciones fraudulentas".

La acusación particular deja fuera a las tres funcionarias y a la edil Carmen Candela, para las que solicita el sobreseimiento por entender que no han tenido participación en estos hechos

En cuanto al resto, Grup Compromís per Crevillent acusa por los mismos delitos que el Ministerio Público y concreta la actividad delictiva en tres ámbitos: "en el procedimiento de adjudicación del servicio, en su fiscalización y especialmente en la malversación de caudales públicos derivados del pago de servicio en relación a la Ciudad Deportiva Norte a pesar de que la instalación estaba cerrada".

Sobre la capacidad de Asencio para detectar las irregularidades a las que, según la acusación particular, dio el visto bueno, señala esta parte que es licenciado en Derecho, que era alcalde de Crevillent desde 1995 y que, atendiendo a la diligencia media que exige el cargo, era perfectamente conocedor de lo que podía o no aprobar.

Suscríbete para seguir leyendo