Hartitos

Ya estamos otra vez con la matraca de darle a la enseñanza sostenida con fondos públicos de iniciativa social o enseñanza concertada con motivo de la huelga convocada por la resucitada plataforma per l’ ensenyament públic. Se desempolvan los clichés que, a base de repetirse, crean una especie de verdad que nadie contrasta con los datos y la normativa vigente, y que en el fondo no importan, porque ahora sí toca volver a la palestra.

Y los profesionales que trabajamos en los centros concertados a soportar otra vez que, para reivindicar lo que estimen oportuno, nos utilicen como pim pam pum. Hay poca sensibilidad por parte de algunos compañeros que trabajan en centros de titularidad de la Conselleria. Porque hay otros muchos que han trabajado para la parte concertada del sistema educativo sostenido con los fondos de todos los ciudadanos y que ahora son funcionarios, y conocen la realidad. Y que han optado por ese cambio, entre otras cosas, digo yo, para mejorar sus condiciones socio laborales y económicas. No conozco ningún caso a la inversa.

Partiendo de que la normativa para todos los centros sostenidos con fondos públicos es exactamente la misma en cuanto a la admisión del alumnado, la gratuidad de la enseñanza, las exigencias normativas académicas, y que las leyes educativas vigentes (art. 108-4 Lomloe y preámbulo LODE) y las sentencias del Tribunal Supremo (STS 1180/2016) consagran un único sistema de enseñanza mixto o dual, lo cierto es que la dotación económica destinada por alumno en una y otra parte no es la misma. Eso se puede comprobar en nuestros propios presupuestos de la Generalitat que se repiten año tras año. Si la parte concertada escolariza este año al 28,15% de los alumnos de la Comunitat Valenciana, solo se destina un 21,5% de los recursos educativos. Ese déficit del 6,65% son unos 307 millones de euros anuales. De ahí que nuestra principal reivindicación durante los pasados seis años desde FSIE -sindicato mayoritario en la enseñanza concertada-, tanto en la Conselleria como ante los grupos parlamentarios a la hora de tratar los presupuestos, sea establecer una cláusula de proporcionalidad en el gasto educativo, que haga desaparecer ese desequilibrio.

El gasto público no es el mismo porque el personal que atiende a los alumnos tampoco es proporcional, ya que las plantillas están desfasadas, muy desfasadas, pero de la concertada respecto a la pública. Algo que se ha incrementado con el gobierno del Botánic. Lógico, porque cualquiera puede hacer el cálculo de los profesores que se necesitarían para que los docentes que trabajamos 25 horas lectivas a la semana pudiéramos enseñar las 18 horas lectivas que trabaja un docente de la pública en secundaria o las 20 en primaria, según los acuerdos alcanzados y publicados por el gobierno del Botánic. De ahí que también fácilmente se pueda contrastar el incremento de docentes de una parte frente a la otra, gracias especialmente a las recientes y sucesivas convocatorias de oposiciones. Así, la anterior Consellera, Raquel Tamarit, presumía poco antes de las elecciones autonómicas del “balance de aumento de profesorado que hemos hecho durante ocho años y con el horizonte de 2025 se sitúa, por ahora, en 17.000 profesionales de la educación más, o sea, un aumento del 27 % de maestros, profesorado, especialistas y personas orientadoras con respecto a cuando iniciamos este camino de reconstrucción de la educación pública valenciana”. De hecho, Se incrementan en dos cursos las plantillas de los colegios y los institutos públicos con más de 4.900 puestos docentes . De ellos, 3.006 puestos se incorporarán el próximo curso 2023-2024 y los 1.898 restantes en el curso 2024-2025. Urge por eso negociar las plantillas en la parte concertada, especialmente en FP

(donde solo están concertadas las horas curriculares) y en Educación Especial, como tantas veces hemos denunciado y propuesto.

Otro hecho significativo es que en nuestra Comunitat Valenciana no existe, como pasa en Madrid, la denominada nueva concertada. ¿Conocen los lectores algún centro nuevo concertado en nuestra provincia en los últimos años? Sin embargo, seguro que conocen algún colegio nuevo público de las actuaciones realizadas por el plan Edificant durante los últimos años.

Y qué decir de otros aspectos que inciden en el desequilibrio (eso de “a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones sociolaborales”) para aquellos que trabajan prestando el mismo servicio púbico educativo, como son el reconocimiento de la formación (los sexenios), la reducción de carga lectiva, el acceso a la jubilación anticipada a los 60 años con determinada cotización, u otras reivindicaciones que intentamos trasladar a la parte concertada.

Pero lo que realmente molesta es que los sindicatos convocantes acusen a los centros en que trabajamos con el manido soniquete de la privatización, segregación, etc., etc. para lograr determinados fines que son fácilmente intuibles, y que luego pidan el voto en las elecciones sindicales. Ya no cuela. Estamos hartitos de la cantinela.