El TSJCV declara firme la resolución judicial que avala construir 2.200 casas en el último kilómetro de costa virgen de Orihuela

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado firme la sentencia que dictó el pasado 14 de noviembre y que avala la plena validez de la modificación del Plan Parcial del Sector D-1 Alameda del Mar, más conocido como plan urbanístico de Cala Mosca, en el ámbito de la Unidad de Ejecución 2, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Orihuela.

La sentencia condena en costas a Carreteras, con 2.000 euros, y a Cambiemos, con 1.000 euros, que deberán pagar, por mitades, a los demandados, el consistorio oriolano y la promotora urbanística, por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Estado, la Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana y por el grupo municipal Cambiemos Orihuela en contra del acuerdo del Ayuntamiento.

Una decisión judicial declarada ahora firme, después de que no se haya formulado el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo previsto para ello. El Ministerio de Transportes decidió no recurrir la sentencia al Supremo, y Cambiemos tampoco al no hacerlo la administración estatal.

Carretera

El TSJCV también se ha pronunciado en un auto, fechado el pasado 30 de enero, paralizando la eficacia de una orden de la Demarcación de Carreteras del Estado en Alicante. El Alto Tribunal ha accedido a dictar la medida cautelar que suspende la orden de este organismo, que el pasado 14 de diciembre ordenó el cierre del acceso al sector de Alameda del Mar desde la Carretera Nacional 332. La empresa urbanizadora, Playa Salvaje SA (Gomendio), solicitó la suspensión cautelar de esta medida, a la que el tribunal ha accedido, como ha anunciado la promotora.

Este auto judicial señala que, tras la sentencia del TSJCV del pasado noviembre, que avalaba la validez plena de la aprobación municipal de la modificación del Plan Parcial de Alameda del Mar, "resulta inexistente la afección del planeamiento a la N-332 en materia de seguridad vial, tráfico y ruido" y añade que "la prevalencia del interés general en la ejecución del planeamiento urbanístico en los plazos impuestos por la Administración competente".

La empresa promotora estima que antes del verano estará en disposición de solicitar las primeras licencias de edificación y prevé completar la urbanización de los terrenos a lo largo de este año.

Recursos

La Sala de lo Contencioso número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó el pasado mes de noviembre los recursos contenciosos administrativos interpuestos por la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes y por el grupo municipal Cambiemos Orihuela que pedían anular la aprobación del plan urbanístico de Cala Mosca.

Así, el tribunal falló a favor del Ayuntamiento de Orihuela, y de la promotora que era codemandada, Playa Salvaje SA (Gomendio), y declaraba conforme a derecho la aprobación del plan parcial en el pleno del 2 de septiembre de 2021.

De este modo, se da luz verde a la construcción de más de 2.200 viviendas en el último kilómetro de costa virgen de Orihuela. El TSJCV ya rechazó el pasado año adoptar medidas cautelares para paralizar el plan urbanístico de Cala Mosca como habían solicitado tanto el Gobierno como Cambiemos en sus recursos.

La Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, presentó un recurso contencioso-administrativo y solicitó como medida cautelar la suspensión del acuerdo plenario que en septiembre de 2021 aprobó la modificación puntual del plan parcial, después de advertir en reiteradas ocasiones que es nulo de pleno derecho al no tener en cuenta un informe de este órgano, que fue negativo, y que consideraba preceptivo y vinculante. Este informe de Carreteras señalaba que había deficiencias en el estudio de tráfico, que no representaba correctamente los planos de las zonas de protección de la N-332, que había una merma de la calidad acústica y que se incumplía la distancia requerida por seguridad viaria para el primer acceso a la vía principal que sale de la glorieta, ya construida.

Por parte de Cambiemos, la formación pedía la anulación de la aprobación del plan urbanístico al considerar que el acuerdo infringía el ordenamiento jurídico al no contar con un informe favorable de la Dirección General de Carreteras.

Fallo

La sentencia fechada el 14 de noviembre señala que el instrumento aprobado "no comporta afección alguna a la carretera". Además, añade que el informe que Carreteras hizo en 2019 "falta a la certeza" cuando indica que "el instrumento propone el desarrollo de un sector de uso predominante residencial en la margen derecha de la CN 332 y utilizando como acceso principal de salida y entrada la glorieta situada en la pk 51+460", pues, señala el tribunal, el desarrollo del sector y la determinación de sus accesos aprobados en el plan parcial en julio de 2002 indicaba que la ordenación del tráfico se haría mediante una rotonda, ya ejecutada.

El plan aprobado en 2021, añade, no introduce ningún elemento adicional que afecte al diseño del enlace.

Sin modificaciones en los usos

Y concluye que la aprobación del plan parcial de Cala Mosca por parte del Ayuntamiento de Orihuela no afecta a las competencias de la Demarcación de Carreteras del Estado y que, por tanto, el informe de este organismo no es preceptivo.

Modificación para salvar a una planta

El TSJCV tiene en cuenta también la resolución favorable de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental al proyecto, así como la modificación que el promotor hizo del mismo para poder seguir adelante con la construcción de las 2.200 viviendas adaptándose al hábitat de especie de flora y fauna protegidas, tras paralizarse la urbanización en 2007 por este motivo.

Así, la modificación del proyecto de reparcelación, que se centra en 456.009 metros de un total de 597.287 en los que está prevista la construcción de las casas, incluye microrreservas para estas especies (la planta jarilla cabeza de gato y el caracol Tudorella Mauretanica) en unos 60.000 metros cuadrados en primera línea de costa, y tiene ya la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Orihuela y también de la Generalitat, que en julio de 2022 emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable al considerar que se cumplen las condiciones en materia de tutela efectiva de especies protegidas por parte del agente urbanizador.

Con esta adecuación, el planeamiento afectaría a 27 ejemplares de jarilla (un 0,17% de la población total), conservándose en su posición original el 99,8% (15.556), cuando en la propuesta del año 2007 esta cifra únicamente ascendía al 25,6% (4.018). En superficie, se traduce en aumentar la extensión de la microrreserva en 8,1 hectáreas, pasando de 2,95 a 11,1.

Con esa reparcelación, algunas parcelas privativas, destinadas a uso residencial turístico, desaparecen al verse afectadas por la presencia de las especies de flora y fauna protegida, pasando a ser parcelas dotaciones públicas, con el carácter de equipamiento público educativo cultural de carácter ambiental y zonas verdes. Asimismo, otras parcelas lucrativas se transforman en dotacionales destinadas a equipamiento deportivo y aparcamientos, así como un nuevo terreno destinado a aparcamiento público en el noreste, con una superficie de 1.719 metros cuadrados.

También se incluye un plan de seguimiento de vigilancia ambiental durante los trabajos a cargo del urbanizador, se reordena la red viaria secundaria y un vallado perimetral impedirá el acceso a vehículos, personas o animales a las microrreservas.

Oposición vecinal y más recursos

Las obras de urbanización en Cala Mosca se retomaron en abril tras la firma del acta de replanteo y la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento tras estar 16 años paradas.

El proyecto cuenta con un fuerte rechazo vecinal desde hace dos décadas y ahora con una plataforma que centraliza las protestas y quejas, "Salvemos Cala Mosca", al acabar con el último kilómetro de costa sin ladrillo en el litoral oriolano. Esta asociación llevó en junio a los tribunales la construcción de esas 2.200 viviendas turísticas previstas.

Durante años los litigios han sido constantes por parte de colectivos conservacionistas y partidos progresistas en Orihuela contra esta urbanización, que llegaron, incluso, al Parlamento Europeo.

Plazos

La promotora señala que se están cumpliendo los plazos previstos en la urbanización de los terrenos y prevé completarla a lo largo de este año 2024. La empresa estima que antes del verano estará en disposición de solicitar las primeras licencias de edificación.